Así fue la primera audiencia contra Colombia por inteligencia ilegal a defensores

Seis meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Colombia por la tortura y falta de diligencia en la investigación en el caso de la periodista Jineth Bedoya, de nuevo el Estado está en el banquillo de los acusados. Iniciaron las audiencias por el caso “Miembros Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR vs Colombia”, relacionado con las intimidaciones vividas por quienes representan causas a favor de los derechos humanos. Se estudian 100 hechos victimizantes, en los cuales los abogados, entre los noventa y el presente, denuncian haber sido perseguidos por y con la complicidad de miembros de seguridad del Estado.

Seis meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Colombia por la tortura y falta de diligencia en la investigación en el caso de la periodista Jineth Bedoya, de nuevo el Estado está en el banquillo de los acusados. Iniciaron las audiencias por el caso “Miembros Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR vs Colombia”, relacionado con las intimidaciones vividas por quienes representan causas a favor de los derechos humanos. Se estudian 100 hechos victimizantes, en los cuales los abogados, entre los noventa y el presente, denuncian haber sido perseguidos por y con la complicidad de miembros de seguridad del Estado.

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“Se alega que los miembros del CAJAR han sido víctimas de múltiples eventos de amenazas, hostigamientos y seguimientos en diversos lugares por parte de personas cuya identidad no se encuentra acreditada, a fin de establecer si se trató o no de agentes estatales. Sin embargo, se argumenta que el Estado realizó acciones que contribuyeron activamente a la materialización de los hechos de violencia, tales como labores arbitrarias de inteligencia, así como pronunciamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios”, describe la Corte.

Colombia está bajo examen de la Corte IDH, a raíz de un informe de fondo presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en mayo de 2019. Entonces, la comisión concluyó que el Estado es responsable por violar los derechos a la vida, integridad, protección a la honra, libertad de expresión, derechos del niño y protección judicial. Se le recomendó a Colombia reparar a los abogados, investigar con rigurosidad y hasta asegurar el acceso a las víctimas a sus datos en archivos de inteligencia. Todo porque, según las denuncias, desde los altos gobiernos han sido señalados como cercanos al terrorismo y han escudriñado en cada detalle de sus vidas.

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Alirio Uribe, testimonio de vida

El curtido abogado Alirio Uribe Muñoz, congresista para el periodo 2022-2026 y defensor en procesos como la muerte de Jaime Garzón, fue el primer testimonio recibido por los jueces de la Corte IDH. Afectado por la rememoración de los hechos, explicó que el CAJAR fue creado en los ochenta y desde entonces ha sido blanco de ataques por cada uno de los gobiernos en turno. Tal era la persecución que tuvo que enseñarles a sus hijos a escapar de la casa, por si criminales irrumpían en el hogar. En los momentos más graves su familia dormía con la cama tendida e, incluso, dijo, frente a su casa fue instalado un puesto de inteligencia que lo monitoreaba día y noche.

“En marzo de 2001 se hizo un allanamiento contra un sargento de inteligencia militar, Evangelista Basto, y en la sede encontraron una carpeta con fotos mías, información mía, los mapas de mi casa. Las rutas que yo hacía. Todo hacía entrever que esa carpeta era mi orden de asesinato. Luego se posesionó el gobierno de Uribe. La situación se agravó. La doctrina de seguridad nacional se fortaleció. El propio presidente de manera explícita en guarniciones militares señaló a los defensores de derechos humanos y al CAJAR como una organización vocera del terrorismo”, explicó el abogado Alirio Uribe.

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Luego de ello, Uribe aseguró que más de 70 personas cercanas al CAJAR fueron perseguidas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). “Años después nos enteramos de que se había creado un grupo de trabajo en el DAS, el G3, que tenía por objetivo hacer inteligencia ilegal, ofensiva y desprestigiar a los abogados del colectivo. Ahí aparecía la operación Transmilenio. Se contrató un apartamento frente a mi casa. Conocimos que en ese punto fijo sabían que yo me levantaba a las 4:00 a.m. y a las 5:30 a.m. salían mis hijos. Los seguían, les tomaban fotos”, agregó.

Entonces, la representación de Colombia tuvo el turno para interrogar a Uribe. El abogado que representa los intereses del Estado aseguró lamentar los hechos descritos por el senador y, luego, le preguntó si durante los últimos años ha contado con un esquema de seguridad. La víctima respondió afirmativamente, ante la estrategia de defensa presentada por Colombia. En todo caso, Uribe concluyó asegurando que espera que las fuerzas de seguridad le ofrezcan disculpas y ser reparado tanto su integridad moral como física. “Creíamos que no íbamos a llegar a viejos”, señaló tras referenciar que sus compañeros fueron amenazados, asesinados y obligados al exilio.

Soraya Gutiérrez y un episodio sin descripción

La abogada Soraya Gutiérrez fue la segunda persona en ser entrevistada por el CAJAR, la defensa del Estado y los jueces de la Corte IDH. Entró al colectivo en 1993 y desde entonces encontró un contexto de violencia contra sus miembros. En los noventa, recibían permanentemente panfletos que los relacionaba como voceros de las guerrillas. Contó que, en 2003, familiares de una masacre de 15 personas acudieron a ella como defensa de derechos humanos. Dos días después de tomar el poder, cuatro hombres interceptaron su carro y la amenazaron con armas de fuego.

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En otra ocasión, a su casa llegó una caja anónima. Al principio pensó que era un explosivo, pero contenía un mensaje difícil de olvidar. “Había una muñeca descuartizada, quemada con cigarrillo y pintada de sangre. Con un mensaje que decía: ‘usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique’. Ahí dije: ‘se terminó mi vida’. Sentir esa amenaza contra mi hija que tenía apenas seis años. Eso me obligó a desplazarme por segunda vez de mi casa”, agregó.  Y dijo que su trabajo le ha imposibilitado generar relaciones de confianza con personas distintas al colectivo. Un fenómeno que incluso determinó una separación matrimonial.

Diana Murcia y el Plan Colombia

“Estuve a cargo de la realización de un proyecto de monitoreo al Plan Colombia (iniciado en 1999), un plan de asistencia prioritariamente militar para la política antidrogas en el país”, así inició su intervención la abogada Diana Murcia. Aseguró que investigó y realizó denuncias por militares o contratistas presuntamente ligados a la violación de niñas, entre otros casos, durante el desarrollo de la estrategia binacional con Estados Unidos para reducir las hectáreas de cultivos ilícitos.

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“El Congreso de Estados Unidos, cuando aprobó el paquete de asistencia, la condicionó a que no se le entregara a unidades militares que no tuvieran relación con violación a los derechos humanos. Nosotros sistematizábamos casos en los que era evidente que esas unidades sí estaban cometiendo graves violaciones de derechos humanos”, explicó. Documentando las denuncias, enfocadas en las aspersiones con glifosato también, fue víctima de un ataque armado y con explosivos en Arauca, en 2003.

La primera audiencia finalizó con la intervención de Murcia y continuará mañana 13 de mayo, a las 9:30 a.m. hora de Colombia. Se escucharán las voces de cuatro peritos propuestos por los representantes y el Estado, asimismo, mañana se conocerán las observaciones finales de la CIDH, la cual en 2019 recomendó una serie de acciones para resarcir el daño a los defensores de derechos humanos. Entre ellas, “abstenerse de realizar labores de inteligencia que impliquen limitaciones arbitrarias a los derechos a la vida privada y libertad de expresión”.

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