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En 2001, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) junto con The Center for Justice and International Law (Cejil) denunciaron ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de amenazas, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos que venían presentándose en contra de miembros del colectivo desde los años noventa.
La institución detrás de los hostigamientos no era cualquiera, se trataba ni más ni menos, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el cuestionado y desaparecido organismo de inteligencia del gobierno. El caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) luego de que nuevamente el Cajar fuera blanco de interceptaciones ilegales.
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La CIDH le pidió al Estado colombiano garantizar el derecho a la vida, a la libre expresión y otros derechos fundamentales a todos los miembros del colectivo. Asimismo, entre las recomendaciones hechas por la Comisión estaba avanzar con las investigaciones, garantizar medidas de protección y, por último, evitar que otros ataques de espionaje fueran dirigidos a miembros del colectivo de abogados. “El Estado colombiano no cumplió con esas recomendaciones y por eso la CIDH dice que es la hora de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló el presidente del Cajar, Reinaldo Villalba.
Luego de demostrarse que entre los perfilamientos hechos por las operaciones de contrainteligencia del Ejército, denominadas como las Carpetas Secretas, se encontraba nuevamente el colectivo de abogados. Villaba indicó que en la Corte Interamericana se espera “se revele el uso de criminal de las agencias de inteligencia para perseguir a personas defensoras de derechos humanos y que se conozcan las doctrinas que han estimulado esas prácticas”.
Por otra parte, de acuerdo con las declaraciones de Villalba, la decisión ayudará a que se legitime la labor de los defensores en derechos humanos. “Llevamos 40 años con lo mismo, es necesario que desde la Corte Interamericana se recomienden hacer reformas a estas doctrinas y que se hagan las investigaciones”, indicó el presidente del Cajar. El fallo de la Corte espera generar un impacto en Latinoamérica, donde las agresiones a defensores han convertido a la región en el lugar más peligroso para esta labor.
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Colombia lidera la lista de países donde más líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. De acuerdo con la directora del CEJIL, Viviana Krsticevic, “las amenazas y los hostigamientos dificultan el acceso a la justicia y la calidad del Estado que pone obstáculos para que se investigue, se reconozca y que se repare en cada uno de los casos”. Para Krsticevic, el caso del CAJAR es un ejemplo sobre esos obstáculos puestos por las instituciones, no obstante, el colectivo se ha enfrentado a esos poderes estatales para cumplir con su labor de defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con el Cejil, “el hecho de que las amenazas y las violaciones estén en la impunidad alimenta a su vez la recurrencia de los hechos violentos y de los daños tanto para los miembros del Cajar como para sus familias y para la democracia”. Desde esta institución calificaron de acertada la decisión de la CIDH al remitir el caso a la Corte Interamericana y así se permita esclarecer la verdad de los hechos. “Es claro que no han cesado las acciones y las omisiones del Estado colombiano que vulneran los derechos de los defensores de Derechos Humanos, también esto puede ayudar a ponerle punto final a las prácticas violentas”.
Villabal señaló que la llegada del caso a este tribunal “sirva para que el Estado asuma un compromiso serio en la protección de las personas defensoras de derechos humanos y entre ellos, los líderes sociales”. Este es el primer caso que llega a la Corte interamericana de Derechos Humanos relacionado con las chuzadas del DAS.