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La más reciente imputación hecha por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a poner sobre la mesa cómo las comunidades indígenas fueron las más afectadas por las acciones violentas de la desaparecida guerrilla de las Farc. En un documento de casi 700 páginas esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con ese grupo subversivo hizo una radiografía de cómo estas poblaciones, históricamente marginadas y violentadas, sobrevivieron a la cruda guerra que desató el grupo armado ilegal contra el Estado colombiano.
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El extenso documento, que vincula formalmente a la investigación a 10 excomandantes del grupo guerrillero en el macrocaso 05, que investiga los hechos más graves de la guerra que ocurrieron en los territorios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, también hace un detallado recuento de cómo se erigió la organización criminal para ejecutar graves crímenes como: uso de minas, asesinato y desaparición de líderes de esta región del país, destrucción del medio ambiente, pero principalmente, el reclutamiento de menores que hacían parte de esas comunidades.
Parte de las raíces de las Farc están en el Cauca. A mediados del siglo pasado, el norte del departamento se convirtió en una región estratégica para las FARC, pues allí, en 1953 se fundó la República Independiente del mismo nombre y, posteriormente, en 1964, se realizó la primera conferencia guerrillera en el municipio de Riochiquito. Inicialmente, se ubicaron en la zona montañosa de la Cordillera Central con la creación del sexto frente en 1978. Sin embargo, fueron expandiéndose hacia los territorios poblados, lo cual comenzó progresivamente a generar problemas con las comunidades.
Por ejemplo, las Farc ejecutó la masacre de Los Tigres de febrero de 1981 y el asesinato de Rosa Elena Toconás, una destacada mujer indígena que fue compositora del himno nasa y primera maestra bilingüe en este territorio. Así lo dejan ver archivos históricos de la zona como El Acta de Andalucía de principios de febrero de 1985 y el documento del CRIC “Contradicciones de las FARC”, pero las FARC no estaban solas en el Cauca.
En la década de los años 80, también operaron en la zona otros grupos armados como el M-19, el ELN, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el EPL y el grupo de Ricardo Franco, el cual realizó la masacre de Tacueyó, en la que fueron asesinadas 164 personas, entre ellos, muchos indígenas de la región. A comienzos de 1990 se presentó la desmovilización del MAQL, el M19 y el EPL, lo cual implicó una esperanza de lograr la paz en la zona. Sin embargo, el ascenso del narcotráfico sostuvo el avance de los grupos armados restantes, dándole continuidad a la confrontación y fortaleciendo a todos sus actores, entre ellos las FARC.
En 1993, la creación del Comando Conjunto de Occidente de las FARC en la Octava Conferencia implicó un plan de expansión general en la zona para “crear las condiciones políticas y militares para ejercer dominio y control sobre Cali” y “controlar la Costa Pacífica, cuyos ejes son Buenaventura y Tumaco; además crear las condiciones políticas y militares para controlar y bloquear las vías”. Para adelantar estas acciones ilegales se crearon la columnas móviles Jacobo Arenas, Gabriel Galvis, Miller Perdomo y las compañías Ambrosio González, Simón Rodríguez y Alonso Cortés.
La Sala de Reconocimiento de la JEP señaló que la incursión de las FARC en los municipios priorizados en el Caso 05 se originó en el macizo de la Cordillera Central desde donde fue extendiéndose por los municipios de Miranda, Corinto, Toribío, Puerto Tejada, Padilla, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires y Suárez y Jambaló, invadiendo territorios indígenas y afrodescendientes. Posteriormente, una vez consolidaron su presencia en las partes medias y altas de dicha Cordillera, las FARC-EP se expandieron a los municipios de Buenos Aires y Suárez.
Todos estos municipios, reseña la JEP, eran habitados por comunidades étnicas, campesinas y afrodescendientes, las cuales fueron usadas para nutrir sus tropas a través del reclutamiento masivo y la utilización de milicias y fueron afectadas por numerosas tomas y asaltos. Como respuesta al fortalecimiento de las FARC en la zona el Ejército aumentó considerablemente su pie de fuerza, quedando la población civil en medio de las balas.
Para esa época, en los años noventa, también llegó otro grupo armado ilegal que agudizó la situación. La Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) consolidaron con la creación del Bloque Calima, que llegó al Cauca en el año 2000 como parte fundamental del plan de expansión liderado por Hébert Veloza, alias H.H., y que tuvo especial influencia en Timba, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Popayán, Morales y Cajibío y realizaron ocho masacres a finales de esa década. En este proceso de expansión, dice la JEP citando sentencias judiciales, prestaron apoyos narcotraficantes, empresarios y la Fuerza Pública.
Lo anterior generó numerosas afectaciones, como la ocupación de lugares sagrados, las amenazas y asesinatos de los líderes en especial a los médicos tradicionales, el desplazamiento, el confinamiento, la utilización de minas antipersonal, el despojo, la afectación a los territorios, al movimiento indígena, al medio ambiente y cultural, así como también marginalidad, exclusión, estigmatización y pobreza de la población. Además, la zona se convirtió en un área de desarrollo de actividades ilícitas a través de la siembra de coca con fines de procesamiento y comercialización de pasta.
“La historia de esta región demuestra los efectos que ha tenido la violencia durante siglos sobre la población civil, pero también como las comunidades han resistido pacíficamente a través de la defensa de la vida y de culturas milenarias que dignifican permanentemente. La violencia tuvo una especial incidencia en las comunidades étnicas, pues la mayoría de la población de la zona en la época priorizada es étnica, tal como demuestra el censo realizado en el 2005, uno de los años en los que el conflicto tuvo una mayor intensidad”, señala la JEP en su imputación a los excomandantes guerrilleros”, concluyó la JEP en su imputación.
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