![En el país hay 36 páramos delimitados y todavía no hay programas de reconversión listos. / Archivo El Espectador](https://www.elespectador.com/resizer/v2/VIL7DORI4FFI5DR35CKUFXHZTU.jpg?auth=05955b73e104bf1fc8e8c82ca7a4e9c364df6331309919c4936546440b3a66eb&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La Corte Constitucional fijó para el próximo 6 de noviembre la audiencia pública a propósito de una demanda que busca que se prohíban todas las actividades agropecuarias en zona de páramo, incluidas las de baja impacto, como mecanismo de protección de los ecosistemas. El debate tiene implicaciones de fondo para comunidades campesinas y étnicas, por lo cual el alto tribunal decidió citar a la diligencia por la importancia del tema.
Como explicó El Espectador en septiembre pasado la acción judicial que estudian los magistrados va dirigida contra la llamada Ley de Páramos (1930 de 2018) que considera los páramos como territorios de protección especial. La demanda de Francisco Lara Sabogal cuestionó un apartado que permite que sigan actividades agrícolas de bajo impacto que ya se vienen desarrollando en zonas de páramos delimitados con buenas prácticas ambientales como cultivos de papa y de cebolla larga.
(En contexto: ¿Se debe vetar toda actividad agrícola en páramos? Debate en Corte Constitucional)
La audiencia tendrá cuatro ejes temáticos. El primero será sobre los argumentos a favor y en contra de la demanda. El segundo, busca establecer los planes de manejo ambiental existentes para los páramos, la situación actual de los procesos de sustitución y reconversión en las zonas de páramo y que se explique, entre otros, la clasificación de las áreas y zonas que integran los páramos. Es decir, cuáles de ellas podrían ser aptas para actividades agropecuarias de bajo impacto y cuales no.
“¿En qué páramos se advierten prácticas preexistentes en materia agropecuario? ¿En cuáles se trata de un fenómeno de habitantes tradicionales y en cuáles no? ¿Cuál es la situación socioeconómica de los campesinos que trabajan en zonas de páramo? ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan por los campesinos para el desarrollo de sus actividades?”, son algunas de las preguntas que tiene la Corte y que serán tratadas en el tercer eje temático.
“¿Cuál es el censo actual de habitantes tradicionales de los páramos? ¿Qué porcentaje de la población que habita en páramos se dedica a las actividades agropecuarias? ¿Cuáles son los productos o bienes que hacen parte de las actividades que se han venido cultivando o explotando en zonas de páramos?”, se pregunta igualmente el despacho del magistrado Luis Guillermo Guerrero quien tiene a cargo el caso.
A la diligencia están citados el presidente del Congreso, Lidio García; el procurador, Fernando Carrillo; el director del instituto Alexander Von Humboldt, Hernando García; y su exdirectora Brigitte Baptiste; la directora de Parques Naturales, Julia Miranda; el Ministro de Agricultura; Andrés Valencia; así como el defensor del Pueblo, Carlos Negret; y el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya.
Igualmente, están citados expertos en Bilogía: voceros de la Organización Indígena de Colombia (ONIC); de las comunidades campesinas y habitantes de páramos; y el presidente de la Federación Colombiana de Productores de Para (Fedepapa), Mario Patiño, entre otros. Este debate es crucial pues la Onic, la Comisión Colombiana de Juristas, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se le pidió a la Corte dejar la ley intacta.
“La norma demandada nos da al menos una pequeña posibilidad de mantenernos en nuestro territorio y de mantener nuestra vida campesina (…) nadie más que nosotros los campesinos hemos cuidado durante siglos los páramos y lo seguiremos haciendo, pero desde nuestras tierras y no por fuera o como desplazados a las ciudades, como pretenden condenarnos con este modelo de desarrollo”, dice la intervención.