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21 Jun 2022 - 2:00 a. m.

Así sería la reforma a la justicia del gobierno de Gustavo Petro

En su programa de gobierno, el presidente electo ha puesto de presente que hará modificaciones profundas a la rama judicial. Más jueces y fiscales, mayor acceso a la justicia y un compromiso con implementar el Acuerdo de Paz, entre los planes.
Felipe Morales Sierra

Felipe Morales Sierra

Periodista Judicial
Estos serían los elementos de una eventual reforma a la justicia del gobierno Petro /Getty Images
Estos serían los elementos de una eventual reforma a la justicia del gobierno Petro /Getty Images
Foto: Getty Images/iStockphoto - Ok Sotnykova

Cuando el 7 de agosto Gustavo Petro se convierta en el primer presidente de izquierda en la historia política colombiana, los ojos estarán puestos sobre las reformas que ha prometido y que son la base de su programa de gobierno. Un sector en el que se han anunciado cambios profundos es el de la justicia, aunque expertos han criticado que ha hecho pocas propuestas concretas. Desde descongestionar la rama judicial, ampliar el número de jueces y fiscales hasta defender la tutela, estos son los ejes de la reforma a la justicia que promoverá el próximo jefe de Estado.

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En su programa de gobierno, el presidente electo Gustavo Petro sostiene que los ejes de esa eventual reforma a la justicia serán: “la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos”. Según se asegura en documentos que desarrollan esta propuesta, son factores que han promovido organizaciones sociales, sindicatos y centros de estudio de cara a una eventual reforma a la justicia.

Más jueces y fiscales

Según escribió en Razón Pública la abogada de la Comisión Internacional de Juristas, Carolina Villadiego, de todos los programas de Gobierno, el de Petro era el que tenía menos propuestas en el ámbito de la justicia. En términos concretos, Gustavo Petro propone “aumentar el número de jueces por cada 100 mil habitantes, que está en 11, hasta llegar a 15 al final del periodo presidencial”. Asimismo, asegurarse de que cada municipio tenga, al menos, un fiscal, un asistente y un policía judicial. Y, en el mismo sentido, fortalecer otras formas de justicia en cabeza de entidades administrativas, como las comisarías de familia que maneja el ICBF o las superintendencias.

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En propuestas más amplias, el presidente electo prometió en su programa de gobierno garantizar el acceso de los sectores más vulnerables de la población a la justicia. Así, por ejemplo, dice que va a fortalecer la defensoría pública y que va a tener en cuenta las encuestas de Necesidades Jurídicas, un insumo técnico producido por el DANE que rara vez coincide con lo que, en efecto, se pone en marcha en las reformas a la justicia. Petro también sostiene en su propuesta que va a defender la acción de tutela a la vez que revisará cómo mejorar la gestión del Estado para que disminuya la cantidad de demandas por este mecanismo.

Asimismo, el próximo Gobierno reformaría la Procuraduría y la Contraloría, “respetando el sistema de pesos y contrapesos”, según se lee en sus propuestas. Sin embargo, no se ofrecen mayores detalles de qué cambios haría. Y un tema que siempre sale a relucir en las reformas a la justicia, las facultades del presidente para designar a altos cargos de la rama judicial, como fiscal, defensor del Pueblo o magistrados de la Corte Constitucional, es un campo en el que Petro, al parecer, no se meterá. Su propuesta solo dice que hará esos nombramientos “con responsabilidad” y preservando los frenos y balances de la Constitución de 1991.

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Acuerdo de Paz

Gustavo Petro ha criticado la falta de compromiso del gobierno de Iván Duque con la implementación del Acuerdo de Paz, firmado con la exguerrilla de las Farc en 2016. Entre sus propuestas, hay algunas que apuntan a impulsar que se cumpla lo pactado. Por ejemplo, el presidente electo ha asegurado que creará la jurisdicción agraria. Se trata de un sistema de justicia adicional a los ya existentes con en el que se pretendían zanjar los líos de tierras que aquejan al campo y en los que están las raíces del conflicto colombiano. Una promesa pactada en La Habana en la que, cinco años después de la firma, no hay avance alguno.

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Por otro lado, Petro asegura en sus propuestas que ratificaría su compromiso con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado con el Acuerdo, y que integran la Comisión de la Verdad —cuyo informe final se lanza el próximo 28 de junio—, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una propuesta concreta que han hecho desde su campaña en ese sentido es que se van a compensar los recortes de presupuesto que haya hecho el gobierno Duque a esas entidades y que no se apoyarán reformas a la JEP.

El profesor de la Universidad Externado, Jorge Iván Cuervo, destacó en Razón Pública que la campaña Petro también propone “extender el enfoque de justicia restaurativa a toda la justicia, aún para delitos comunes, haciendo énfasis en la resocialización”. Esta propuesta, como buena parte de los detalles que se conocen de la reforma de Petro coindicen con sugerencias que hizo la Campaña por la Independencia en la Justicia, una iniciativa de varias organizaciones sociales que lideró la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Coeuropa). Los mínimos de esa eventual reforma, dice la campaña, deben ser: la independencia, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad.

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Por su parte, antes de que se conocieran los resultados que proclaman presidente a Gustavo Petro, la Corporación Excelencia en la Justicia dijo que estarían dispuestos a trabajar con el próximo Gobierno. Además, le pidieron al próximo presidente que “a la hora de designar su equipo de Gobierno, en particular al encargado del Ministerio de Justicia y del Derecho, observen perfiles y trayectorias que le permitan a la cabeza de esa cartera articular una sólida política pública en este campo”. Y que, en su deber de veedor de la institucionalidad, el próximo mandatario debe proteger la autonomía de la justicia.

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