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La Corte Suprema de Justicia describió todas y cada una de las irregularidades del actual representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Gustavo Hernán Puentes. El político acaba de ser condenado a cinco años de prisión domiciliaria por mover hilos para que exdirectores de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que administraba las propiedades secuestradas a bandidos en Colombia, ubicaran a dos alfiles políticos como depositarios provisionales de la Planta Inmunizadora de Maderas del Oriente LTDA. Puentes y dos exdirectores de la DNE serán investigados, además, por peculado (apropiación indebida de dinero).
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Tomas Alfonso Zambrano, a través de una resolución de 2008, y Eduardo Salcedo, a través de una resolución en 2010, fueron designados como depositarios provisionales de la empresa, la cual busca darle mayor vida útil a la madera y que estaba bajo la jurisdicción de la extinta DNE. Gracias a ellos, el representante Gustavo Hernán Puentes logró tener el control real de la empresa, hacer proselitismo político a los empleados y hasta contratar una gasolinera que, entre enero y marzo de 2010, con recursos de la empresa, vendió $14 millones en combustible para los carros del político.
La caída de Puentes inició desde dentro. El 27 de enero de 2011, los trabajadores de la planta maderera firmaron una denuncia el tráfico de influencias del representante, quien está en periodo vigente en el Congreso. Cansados, venían como la empresa iba cuesta abajo, mientras los fondos eran malgastados y los aliados políticos de Puentes conseguían puestos porque sí. Incluso, Luisa Fernanda Vega, antigua pareja sentimental del político, llegó a ser nombrada directora comercial.
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En total, cinco testigos trabajadores de la empresa echaron al agua a Puentes. Todos coincidieron que, a pesar de que Zambrano y Salcedo fueron los depositarios provisionales, el jefe real de la empresa era el congresista. Hacía visitas a las instalaciones. Amiguísimos del condenado resultaban contratados por la empresa. En 2009, hizo una supuesta fiesta para empleados y proveedores, que no era otra cosa que el inicio de su campaña para el periodo 2010-2014. Su compañera sentimental, como directora comercial, al parecer condicionaba la estabilidad de los empleados si no marcaban el tarjetón con la casilla de Puentes.
Antes de seguir con las mañanas advertidas por la Corte Suprema de Justicia dejemos claras las condiciones en las cuales estaba la inmunizadora de madera. Había sido secuestrada por la DNE, hoy Sociedad de Activos Especiales (SAE), y para no perder la productividad se necesitaba de un depositario provisional, el cual administrara el negocio. El expediente da cuenta que Carlos Albornoz, condenado exdirector de la DNE, permitió que Zambrano quedara como depositario provisional sin tener la experiencia necesaria. Había sido abogado litigante y empleado de diferentes entidades administrativas, pero nunca había administrado empresas comerciales.
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¿El nexo más importante? Zambrano había sido colaborador político del representante Puentes y hasta su mamá le había venido un carro al depositario. Sobre la resolución con la cual quedó supuestamente al frente de la inmunizadora de madera, en 2008, la Corte Suprema no se guardó nada: “tampoco existen criterios de calificación de la idoneidad profesional, experiencia y garantía de la función de Zambrano, simplemente se consignaron expresiones generales y de cajón”. Y, aparte, a la empresa le comenzó a ir mal. De ahí que los empleados, protegiendo su pan de cada día, denunciaron el hecho.
Pero el caso de Eduardo Salcedo es aún más diciente. Para la fecha que fue elector depositario provisional de la maderera, en 2010, por orden de la DNE y en beneficio del condenado, venía de cumplir tres años como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante Puentes. “No hay calificación de la idoneidad profesional y experiencia de Salcedo Avella, simplemente se argumentó globalmente la carencia de antecedentes penales, soslayando los demás requisitos”, recriminó la Corte sobre el proceso de selección de Salcedo. Los empleados se quejaron por compras innecesarias, inventarios incompletos y contratos sin justificación, entre 2010 y 2011.
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La Corte Suprema de Justicia encontró que hubo una relación directa entre el condenado Puentes, el exdirector Albornoz, sentenciado a 19 años de prisión, y su entonces subdirector de bienes Ómar Figueroa, quien en agosto pasado corrió con la misma suerte y pagará nueve años de cárcel. Antes del nombramiento de Zambrano, el primer depositario provisional, el representante Puentes visitó las instalaciones de la DNE un total de 11 veces. Salcedo Velosa, el segundo depositario, tiene un registro de 74 ingresos entre 2008 y 2011.
Durante el proceso, Puentes aseguró que él no tenía ninguna posición jerárquica dentro de la extinta DNE y que jamás se benefició con los nombramientos de Zambrano y Salcedo. Los exdirectores Albornoz y Figueroa, por su parte, dijeron que no hubo ninguna influencia por parte de Puentes. Explicaron que el proceso de selección se surtió con “discrecionalidad y autonomía” y que ambos fueron escogidos de un conjunto de hojas de vida remitidas por diferentes entidades.
Del negocio, no obstante, resultó ganadora también Luisa Fernanda Vega, expareja de Puentes, pues cuando Zambrano llegó a supuestamente administrar la maderera se aseguró un 1.5% del total de las ventas efectuadas directamente por ella, en su condición de directora comercial. Y no solo eso, el ingeniero Juan Francisco Díaz, primo-hermano de Puentes, obtuvo cuatro millonarios contratos con la empresa. Un empleado denunció que no había necesidad de contratar un ingeniero para meras labores como pintar, estucar y “echar pisos”.
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La Corte Suprema redactó conclusiones sobre la esperanza que tienen los ciudadanos en sus funcionarios de elección popular. Desde luego, quedó claro que es un proceso en primera instancia y que el representante podrá interponer recursos: “La gravedad de la ilicitud de Puentes Díaz se evidencia al ocasionar desconfianza en la sociedad respecto al desempeño de un congresista frente a otras entidades públicas, además, se aprovechó de su cargo y preponderancia para sacar provecho indebido de un bien intervenido por el Estado, convirtiéndolo en fortín político sin importarle el descrédito ante la comunidad en general”.
Y siguió con sus consideraciones: “No de una persona urgida que en el desespero por satisfacer sus necesidades básicas decidió delinquir, sino de un funcionario del más alto nivel en el Estado, con un buen ingreso salarial, que estando en condiciones de ajustarse a derecho, decidió utilizar su cargo en beneficio ilegal propio”. Puentes fue condenado por tráfico de influencias, no obstante, tanto él como los sentenciados Albornoz y Figueroa serán investigados por el delito de peculado, a propósito del presunto aprovechamiento de los recursos de la maderera, cuyos empleados sacaron a patadas a sus antiguos patrones. Se expidió orden de captura inmediata contra el condenado.
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