En la mañana de este martes 21 de julio, la presidenta de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Blanca Nélida Barreto, entregó el balance de lo que ha sido el trabajo de los ocho años que está por cumplir esa sala especial, creada para juzgar a los aforados, como congresistas y gobernadores. Dentro de lo presentado, se evidenció cuál es el delito que más se repitió en condenas a políticos y en cuáles departamentos han existido más casos de corrupción.
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Acompañada por el magistrado Jorge Emilio Caldas, también de la Sala de Primera Instancia, la presidenta expuso que en estos ochos años, el alto tribunal ha tenido que definir distintos casos en contra de congresistas, gobernadores, embajadores y concejales, entre otros. Durante los ocho años que vienen trabajando, los tres magistrados de la sala han recibido 522 procesos contra congresistas y otros aforados. En ese periodo, según expusieron, se han emitido 161 sentencias, que equivalen al 33 % de los procesos.
Según las cifras presentadas, el delito más cometido por los congresistas investigados entre 2018 y 2026 es el de concierto para delinquir. Por ese delito, en los ocho años que lleva la Sala se han emitido 10 sentencias condenatorias. Le siguen los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, por el cual se han emitido ocho condenas, y peculado, con seis condenas. Le siguen cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, cada una con tres condenas.
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Por otra parte, dentro de los resultados expuestos por la Sala de Primera Instancia, está que, en el caso de gobernadores, el delito más cometido es el de celebración de contrato sin requisitos legales, por el cual se han emitido 29 condenas. Le sigue el delito de peculado, por el cual se han emitido, hasta el momento, 22 condenas.
Asimismo, de acuerdo con las cifras presentadas por la sala, el Cesar es el departamento que tiene el mayor número de gobernadores condenados; hay cinco sentencias. Le siguen La Guajira, Putumayo y Chocó, con cuatro casos cada uno.
Al finalizar la rendición de cuentas, la presidenta de la sala dijo que “el mensaje es hacia los gobernadores que sean más cautelosos y cuidadosos en el manejo de recursos públicos y principalmente que ese cuidado sea mayor cuando se trata de dineros que están destinados bien sea a la salud o a la educación y principalmente de niños, niñas y adolescentes que son nuestro futuro”.
A renglón seguido, la magistrada resaltó que aunque su periodo esté cerca de acabar, las sentencias emitidas por la Sala de Primera Instancia en estos ocho años son las que “marcan la pauta”. De acuerdo con la magistrada Barreto, “queremos que sea un mensaje disuasivo a los gobernadores, que tengan como referentes estas sentencias para que no incurran en similares conductas”.
La togada agregó que el futuro de la sala será “intensificar nuestra labor emitiendo sentencias que sean de contenido ejemplarizantes a la comunidad y principalmente que la sociedad sepa y entienda que estamos haciendo el trabajo bien, un trabajo honesto, serio y que tengan la respuesta a lo que ellos requieran”.
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