“Asistencia militar”, la razón del Ejército para desembarcar tropas en el SENA de Buga

El subdirector de la institución educativa rechazó el uso que se le dio a los predios del centro educativo.

Foto: Twitter

La División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército explicó que el helicóptero oficial EJC 3375, tipo MI-17, cumplió funciones de “asistencia militar” en el marco del Paro Nacional, cuando aterrizó ayer 13 de mayo en las instalaciones del Centro Agropecuario del SENA de Buga (Valle del Cauca). En video quedó registrado cuando la aeronave blanca con roja aterrizó en lo que parece ser una cancha de fútbol, con más de una decena de soldados.

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El aterrizaje del helicóptero se dio en un difícil contexto de orden público para Buga, pues durante el día hubo enfrentamientos entre miembros de la Policía, entre los que había agentes del Esmad, y manifestantes que bloquearon la vía Panamericana, una de las principales arterías del sur occidente de Colombia. Tal fue la confrontación que la Fuerza Pública desplegó a 270 uniformados, con el objetivo de darle paso a camiones de carga. Nueve policías y seis marchantes habrían resultado heridos, según la entidad.

El Ejército asegura que el plantel educativo no estaba en sus planes: “El punto dispuesto para estas acciones estaba previsto sobre un lugar en la vía que comunica a Media Canoa con Buga; sin embargo, debido al peligro inminente que en ese instante representaba el aterrizaje por la proximidad de un grupo numeroso de manifestantes, y con el fin único de preservar la integridad de la población que en ese momento atacaba con piedras, palos y elementos lanzados a la Fuerza Pública, la aeronave realiza el desembarco de la unidad en otro punto cercano”.

La Fuerza Armada subraya que el piloto de la aeronave actuó de buena fe, pues desconocía que se trataba del SENA y que solo buscaba un campo seguro para aterrizar. Reiteró que no se trató de una acción hostil, sino una operación en cumplimiento de la “asistencia militar”. Esa figura está amparada en el artículo 170 del Código Nacional de Policía y Convivencia, y puede “aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”.

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“La llegada de tropas a la zona se realiza en cumplimiento a la misión constitucional que le asiste al Ejército Nacional, especialmente en torno al instrumento legal denominado asistencia militar, contemplado en el artículo 170 de la ley 1801 del 29 de julio de 2016, por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, dentro de las tareas de Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC), atendiendo la compleja situación que allí se vive donde se han presentado manifestaciones violentas”, agregó el Ejército.

Por su parte, la Comunidad Educativa del Centro Agropecuario del SENA de Buga lamentó los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Policía en la región. Además, criticó al Ejército por hacer de sus predios un campo de aterrizaje. “El centro rechaza la utilización de las instalaciones del centro de formación para el desembarco de tropas, en un momento tan sensible como el que atraviesa nuestro país y nuestro municipio”, agregó.

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“Lamentamos profundamente la situación que se presenta en el municipio de Buga, como institución no somos ajenos a esa realidad. Solicitamos que como centro de formación, nos mantengan al margen de cualquier tipo de intervención relacionado con el orden público. Nuestra única misión es, la de brindarle a la comunidad un futuro de oportunidades a través de la Formación Profesional Integral”, concluyó la institución, la cual brinda decenas de programas técnicos, tecnológicos y especializaciones.

La Procuraduría, por otro lado, esta mañana advirtió al alcalde de Buga, Julián Adolfo Rojas, que podría ser investigado disciplinariamente por posibles omisiones en su función como mandatario del municipio. En un comunicado dirigido a otros cuatro alcaldes, el Ministerio Público le explicó a Rojas que debería proteger la manifestación pacífica, pero también garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por los bloqueos en las vías. Rojas podría ser sancionado si no permite la libertad de locomoción, la seguridad alimentaria y el suministro de oxígeno y medicinas.

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“La indiferencia es omisión y la omisión tiene consecuencias disciplinarias. ¿Serían investigados los alcaldes y gobernadores, por omisión? Lo cierto, es que la Procuraduría General de la Nación envió una comunicación a las autoridades territoriales, especialmente a los alcaldes de Yotoco, Restrepo, Calima El Darién, Buga y Buenaventura, para que adopten las medidas que consideren necesarias para garantizar el derecho a la protesta, sin restringir los derechos fundamentales del resto de la población”, concluyó la Procuraduría.

El pasado 4 de mayo, en un episodio similar, un helicóptero de la Policía aterrizó sin permiso en el Colegio Claretiano de Bosa, en Bogotá. “A muy altas horas de la noche, cerca de 30 hombres de la Policía llegaron a la institución y le dijeron al celador que abriera con un tono intimidante, diciendo que ellos eran la autoridad y que si no que asumiera las consecuencias”, explicó el provincial Josué Giraldo, a cargo de la institución educativa. El mayor general Óscar Gómez Nieto, director de la Policía Metropolitana de Bogotá, respondió que la operación se realizó para abastecer a los policías del ESMAD.