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Este martes 10 de junio se llevó a cabo la audiencia de notificación de cargos —como se le conoce a la diligencia de imputación en el régimen de menores—en contra del menor señalado de haber atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato del Centro Democrático. Ante un juez de control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
La audiencia se celebró de manera virtual, pues el menor permanece en la Clínica Colombia, donde se recupera de una cirugía en una de sus piernas, luego de que el pasado sábado 7 de junio resultara herido luego de un intercambio de disparos con el equipo de seguridad del congresista. El centro de salud es fuertemente custodiado por la Policía y el CTI.
En cualquier momento del proceso judicial, según fuentes consultadas que conocen el proceso legal en casos de menores de edad, el capturado podrá ofrecer su colaboración a las autoridades, con miras a acceder a beneficios judiciales a cambio de entregar información que sirva para robustecer la investigación.
La sanción a la que podría enfrentarse, en cualquiera de los casos, es únicamente entre dos y ocho años de privación de la libertad. Esto, dado que el sistema para adolescente no privilegia la sanción punitiva, sino un proceso de resocialización. El menor no quedará retratado con antecedentes legales. Además, tiene derecho a una segunda instancia.
El profesor y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate Ochoa, señaló que la no aceptación de cargos por parte del menor, aunque “puede causar extrañeza”, se podría explicar en dos vías diferentes.
“Efectivamente quiere dejar su situación para que se resuelva en un juicio. Recordemos que en el régimen legal de los menores no tienen beneficios por aceptar los cargos como ocurre con los adultos”, señala el jurista.
Otra hipótesis, señala el abogado, sería que el presunto atacante “se encuentra en un proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación. Cuando estos procesos están en curso no se aceptan los cargos, y, posteriormente se presentan los acuerdos a los que se lleguen, que, en este caso, podría ser un principio de oportunidad”.
El arma del atentado
Las investigaciones de la Policía respecto al arma presuntamente utilizada por el menor durante el atentado han arrojado nuevos resultados. Fuentes que conocen de cerca las pesquisas le confirmaron a este diario que el comprador del arma de fuego es un ciudadano estadounidense de nombre Charles Joe Anderson.
Sin embargo, aún no es claro cómo habría entrado el arma a Colombia. El ciudadano norteamericano, señala la Policía, habría comprado la Glock de nueve milímetros en la ciudad de Mesa, en el estado de Arizona (Estados Unidos). La compra se hizo el 6 de agosto de 2020 y, según le dijeron fuentes a este diario, no es posible vincular al estadounidense a una investigación, pues el arma fue comprada legalmente y no se sabe a ciencia cierta el rumbo de la pistola desde ese año.
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