12 Nov 2021 - 9:20 p. m.

Audiencia de acusación contra precandidato Sergio Fajardo ya tiene fecha

La Corte Suprema de Justicia acusará el próximo 6 de diciembre a Fajardo por un par de delitos. Podría estar en juicio penal mientras desarrolla su candidatura presidencial, por un contrato para la Gobernación de Antioquia en 2013.
Político colombiano, precandidato presidencial para 2022 por el Partido Verde, en entrevista.
Político colombiano, precandidato presidencial para 2022 por el Partido Verde, en entrevista.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El precandidato presidencial Sergio Fajardo fue citado por la Corte Suprema de Justicia para la audiencia pública de formulación de acusación. Deberá presentarse el próximo lunes 6 de diciembre, día en el cual la Fiscalía lo llamará a juicio penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación, tras un negocio, en 2013, para pagar una millonaria deuda en la Gobernación de Antioquia.

En contexto: Las razones de la Fiscalía para acusar a Sergio Fajardo

“Celebro que, después de más de cinco años de investigación por parte de la Fiscalía, finalmente tenga la oportunidad de defenderme de una acusación a todas luces absurda ante la Corte Suprema”, explicó el precandidato Fajardo. Según ha asegurado el ente investigador este año, un acuerdo de empréstito -préstamo que una entidad financiera le hace a una institución del Estado- entre el banco Corpbanca y la Gobernación de Antioquia, habría terminado en un detrimento de recursos públicos. El acuerdo fue por US$77 millones, pero le habría terminado costando a la administración US$98 millones.

La Fiscalía le reprochó a Fajardo, entre otras cosas, que al momento del desembolso, el dólar costaba $1.926, y en 2015 ya superaba los $3.140. El político considera esto un argumento absurdo: “Adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible y en 2013, que firmé el contrato por el que se me acusa, cumplí con todos los requisitos de ley. Espero que el fiscal no modifique nuevamente sus argumentos y la Corte le ordene entregar las pruebas que dice tener en mi contra”.

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La Fiscalía acusa a Fajardo, pues el dólar aumentó $1.214 en tres años y la Gobernación terminaría pagando esa diferencia. Para la Fiscalía, lo que ocurrió con el contrato no se trató de un simple cuestionamiento o equivocación del empleo de la moneda extranjera, o por no predecir las variaciones del peso. Según la acusación en su contra, las actuaciones en compañía del Comité Financiero y Tesorería del departamento de Antioquia, produjeron una vulneración grave y el provecho de terceros.

“Le pediremos a la Corte que le ordene a la Fiscalía nos entregue las pruebas que dice tener, varias veces se lo hemos pedido al ente investigador y no ha sido posible. Igualmente tendrán que explicar en qué consiste el peculado por devaluación en favor de nadie que es el delito que se ha inventado la Fiscalía de Francisco Barbosa”, señaló Mauricio Pava, abogado de Sergio Fajardo.

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El penalista Pava tiene, entre sus argumentos de defensa, los conceptos de la Contraloría y la Procuraduría que, en 2017, se inhibieron de abrir investigaciones en contra de Fajardo. La defensa de Fajardo cuestionará un supuesto abuso de poder del fiscal Barbosa en la forma y el contenido en la acusación contra Sergio Fajardo. El Ministerio Público, por su parte, se abstuvo de abrir una acción disciplinaria porque consideró que las pruebas demuestran que la operación de sustitución de la deuda se formalizó mediante el contrato celebrado en 2013 y porque en el mismo acuerdo se estipuló un período de gracia de tres años para pagar la deuda total.

Desde la Contraloría, en un documento de 18 páginas, que abrió un pleito de responsabilidad fiscal contra el exgobernador, el órgano de control aclaró que en el proceso de contratación se realizaron los estudios pertinentes y no hubo irregularidades en la parte procedimental. Incluso, mencionaron que hubo un comité financiero en el que, después de analizar las ventajas y desventajas de tomar un préstamo en dólares, recomendó adquirirlo teniendo en cuenta que la tasa de menor volatilidad de la moneda extranjera en 2013 no superaba los $2.000. El órgano fiscal anuló la indagación en junio pasado, pese a que él mismo dejó calculada el monto de las deudas.

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