Audios revelarían que general (r) Romero obstruyó investigaciones por red de corrupción

La Fiscalía pidió la medida de aseguramiento contra el general (r) Jorge Romero bajo la premisa que el oficial llamado a calificar servicios hace poco más de un mes puede obstruir las investigaciones. Para soportar su solicitud, la Fiscalía hizo públicas varias interceptaciones que demostrarían los intentos de Romero por substraer material y documentación que serviría de prueba en el proceso por la presunta red de corrupción de la brigada con sede principal en Medellín.

::General (r) capturado tendría que ver con irregularidades en al menos 26 contratos::

Para la Fiscalía, el general (r) Romero no solo conocía la investigación en su contra, sino que sabía cuáles oficiales activos y retirados fueron vinculados al proceso, e incluso quiénes estaban colaborando con el ente acusador. Incluso, se habría enterado de la investigación en su fase previa y le habría preguntado a la Fiscalía si se adelantaba un proceso en contra suya. Así mismo, las interceptaciones demostrarían que el general se reunió con testigos del caso para monitorear si estaban participando o no en diligencias con la Fiscalía.

Dentro de las llamadas captadas por el ente acusador, hay varias entre la mano derecha del general, el sargento Jorge Luis Echevarría, y uno de los implicados, Wilson Manuel Villota, suboficial encargado de los convenios dentro de la Brigada IV. En ellas quedó registrado las supuestas peticiones de Romero para sustraer material que podría comprometer tanto al general como a sus subalternos participes en la red de corrupción.

::Capturado el general (r) Jorge Romero, investigado por corrupción::

En el diálogo entre ambos, se demuestra que el sargento Echevarría le habría reclamado al suboficial Villota, a nombre del general Jorge Romero, su supuesta colaboración con la Fiscalía. “¡Ay!, dónde yo vea que Villota está declarando en mi contra", habrían sido las palabras de Romero comunicadas por el sargento Echevarría, quien también le dijo a Villota: “Usted que era el alfil de él, el protegido, ¿cómo fue capaz?”. Ante estos señalamientos, el suboficial Villota respondió que, si realmente quisiera hundir al oficial, simplemente tendría que entregar una caja, en la que, según la Fiscalía, estarían los documentos de las contrataciones irregulares.

“Yo por parte de la brigada estuve tranquilo porque todo los saqué”, le dijo el suboficial al sargento Echevarría, indicando así que habría retirado de la documentación de la Brigada IV aquellos contratos que podrían comprometer a Romero y sus hombres. “Yo guardé toda esa mierda y no dejé nada. Todo se sacó de la brigada y del base”, agregó el responsable de la contratación en la brigada investigada.

::Capturan a 12 militares activos por posibles hechos de corrupción::

En otros audios, se escucha a una de las contratistas implicadas en el caso de corrupción hablando con Echevarría y señalándole que ya había ocultado los documentos que podrían relacionarse con el escándalo de contratación. “Dígale al mayor que esas planillas fueron sacadas de los archivos. Pero dígale pasito, chito, sin que nadie más escuche”, dijo la mujer a quien Romero le habría pedido sacar unas planillas que serían prueba del presunto ilícito.

Así mismo, en las interceptaciones se escucha al general Romero hablando con la asesora legal de la brigada. En este se probaría que el oficial se habría reunido con testigos de la Fiscalía y con personas que estaban aún vinculados a la red de corrupción en las mismas fechas en que se adelantaban los procedimientos judiciales. Para la Fiscalía, esta sería una prueba de que el oficial estaría tratando de influir en los testimonios y colaboraciones de ellos.

(Puede ver: A la cárcel coronel (r) por escándalo de contratación de la IV Brigada del Ejército)

El ente acusador también reveló otros audios más que servirían de prueba para demostrar que el general estaba coordinando reuniones en Bogotá, donde fue trasladado tras su ascenso, con los implicados en el caso de corrupción. Incluso, en esta reunión habría participado el coronel Harold Felipe Páez, comandante del batallón de servicios de la Brigada IV -batallón centralizador de la contratación de toda la brigada- y uno de los mencionados por la Procuraduría en las investigaciones por irregularidades en las contrataciones dentro de la brigada a cargo de Romero.

Para la fiscal del caso, estos audios serían la prueba esencial de que el general Romero no solo participó de la red de corrupción, sino que usó su cargo, y su ascendencia dentro de las Fuerzas militares, para tratar de encubrirlo. Así mismo señaló que hasta el momento se han encontrado irregularidades en 26 contratos por cerca de $3.296 millones. Sin embargo, podría haber más contratos, pero la acción ordenada por el oficial habría evitado que el ente investigador tenga acceso a ellos.

::¿Está el Ejército buscando a las fuentes de "The New York Times"?::

De la misma manera, la fiscal reveló audios que mostrarían cómo la organización criminal encabezada por el general Romero tenía conocimiento pormenorizado de todas las actuaciones del ente acusador en las investigaciones ya que estarían siguiendo a los investigadores. Así mismo, habrían ordenado al actual comandante de la Brigada IV que "entregara copia de todos los soportes que obtuvo la Policía Judicial. De la misma manera, interceptaciones a Villota demostrarían que incluso sabían el tipo de documentos que estaban buscando la Fiscalía.

Un hecho que llamó la atención del órgano investigador fue el conocimiento casi en tiempo real de las operaciones judiciales. En una de las interceptaciones se escucha a Villota hablando con una de las miembros de la organización criminal que habría quedado en la IV Brigada. Esta le estaria hablando al suboficial en plena diligencia judicial y le estaría contando, sin que los funcionarios se dieran cuenta, de los documentos que estaban revisando.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento también se reveló la forma en la que se habrían repartido los contratos entre las tres empresas presuntamente favorecidas por el pago de coimas: 20 contratos por un valor total de $675 millones a Distrilogística, cuyo representante legal es Samir García; 2 contratos por un total de $520 millones a la tienda El Infante, cuyo dueño era Guerly Alexander Arias ; 4 contratos por $3.296 millones a Motovehículos, cuyo dueño es Jaime Ramírez.

Un caso llamativo es la relación de Samir García con la Brigada IV. Según los audios revelados por la Fiscalía, García tendría vínculos contractuales desde hace 8 años -"desde la época de mi general Mejía", según los audios- y en muchas ocasiones hacía las veces de caja menor de dicha brigada. De acuerdo con las interceptaciones, los militares le pedían prestamos y en contraprestación le otorgaban contratos por servicios de catering que nunca eran cumplidos. Entonces, en muchas ocasiones, los oficiales tenían que contratar estos servicios de alimentación por aparte y rebuscarse el dinero para pagarlos.

::"Recibo con asombro la decisión del señor ministro": general Jorge Romero::

Para la Fiscalía, el general Jorge Horacio Romero era una de las cabezas de una red de corrupción dentro de la Brigada IV del Ejército. Según el ente acusador, esta organización criminal les pedía a los contratistas el 10% de los contratos con tal de ajustar los pliegos a su favor. Romero no solo sería uno de sus líderes, sino que se las habría ingeniado para desviar varias investigaciones en contra de este entramado, incluso llegó a rechazar investigaciones de la propia Procuraduría contra uno de sus subalternos. Así mismo, Romero habría permitido otros actos de corrupción dentro de sus dependencias, como lo es el robo de gasolina que era de uso exclusivamente oficial.

Sobre la actualidad de la red de corrupción de contratos, la fiscal aseguró que algunas interceptaciones hechas hace menos de dos meses indicarían que esta empresa criminal salió del ámbito regional para tratar de influenciar la contratación nacional del Ejército. Para este fin, tendrían dentro de la institución militar a una coronel que los estaría favoreciendo desde la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC. Incluso, varios miembros del Ejército habrían salido de la institución para asociarse con los contratistas mencionados en esta investigación.

La Fiscalía pidió la medida de aseguramiento contra el general (r) Jorge Romero bajo la premisa que el oficial llamado a calificar servicios hace poco más de un mes puede obstruir las investigaciones. Para soportar su solicitud, la Fiscalía hizo públicas varias interceptaciones que demostrarían los intentos de Romero por substraer material y documentación que serviría de prueba en el proceso por la presunta red de corrupción de la brigada con sede principal en Medellín.

::General (r) capturado tendría que ver con irregularidades en al menos 26 contratos::

Para la Fiscalía, el general (r) Romero no solo conocía la investigación en su contra, sino que sabía cuáles oficiales activos y retirados fueron vinculados al proceso, e incluso quiénes estaban colaborando con el ente acusador. Incluso, se habría enterado de la investigación en su fase previa y le habría preguntado a la Fiscalía si se adelantaba un proceso en contra suya. Así mismo, las interceptaciones demostrarían que el general se reunió con testigos del caso para monitorear si estaban participando o no en diligencias con la Fiscalía.

Dentro de las llamadas captadas por el ente acusador, hay varias entre la mano derecha del general, el sargento Jorge Luis Echevarría, y uno de los implicados, Wilson Manuel Villota, suboficial encargado de los convenios dentro de la Brigada IV. En ellas quedó registrado las supuestas peticiones de Romero para sustraer material que podría comprometer tanto al general como a sus subalternos participes en la red de corrupción.

::Capturado el general (r) Jorge Romero, investigado por corrupción::

En el diálogo entre ambos, se demuestra que el sargento Echevarría le habría reclamado al suboficial Villota, a nombre del general Jorge Romero, su supuesta colaboración con la Fiscalía. “¡Ay!, dónde yo vea que Villota está declarando en mi contra", habrían sido las palabras de Romero comunicadas por el sargento Echevarría, quien también le dijo a Villota: “Usted que era el alfil de él, el protegido, ¿cómo fue capaz?”. Ante estos señalamientos, el suboficial Villota respondió que, si realmente quisiera hundir al oficial, simplemente tendría que entregar una caja, en la que, según la Fiscalía, estarían los documentos de las contrataciones irregulares.

“Yo por parte de la brigada estuve tranquilo porque todo los saqué”, le dijo el suboficial al sargento Echevarría, indicando así que habría retirado de la documentación de la Brigada IV aquellos contratos que podrían comprometer a Romero y sus hombres. “Yo guardé toda esa mierda y no dejé nada. Todo se sacó de la brigada y del base”, agregó el responsable de la contratación en la brigada investigada.

::Capturan a 12 militares activos por posibles hechos de corrupción::

En otros audios, se escucha a una de las contratistas implicadas en el caso de corrupción hablando con Echevarría y señalándole que ya había ocultado los documentos que podrían relacionarse con el escándalo de contratación. “Dígale al mayor que esas planillas fueron sacadas de los archivos. Pero dígale pasito, chito, sin que nadie más escuche”, dijo la mujer a quien Romero le habría pedido sacar unas planillas que serían prueba del presunto ilícito.

Así mismo, en las interceptaciones se escucha al general Romero hablando con la asesora legal de la brigada. En este se probaría que el oficial se habría reunido con testigos de la Fiscalía y con personas que estaban aún vinculados a la red de corrupción en las mismas fechas en que se adelantaban los procedimientos judiciales. Para la Fiscalía, esta sería una prueba de que el oficial estaría tratando de influir en los testimonios y colaboraciones de ellos.

(Puede ver: A la cárcel coronel (r) por escándalo de contratación de la IV Brigada del Ejército)

El ente acusador también reveló otros audios más que servirían de prueba para demostrar que el general estaba coordinando reuniones en Bogotá, donde fue trasladado tras su ascenso, con los implicados en el caso de corrupción. Incluso, en esta reunión habría participado el coronel Harold Felipe Páez, comandante del batallón de servicios de la Brigada IV -batallón centralizador de la contratación de toda la brigada- y uno de los mencionados por la Procuraduría en las investigaciones por irregularidades en las contrataciones dentro de la brigada a cargo de Romero.

Para la fiscal del caso, estos audios serían la prueba esencial de que el general Romero no solo participó de la red de corrupción, sino que usó su cargo, y su ascendencia dentro de las Fuerzas militares, para tratar de encubrirlo. Así mismo señaló que hasta el momento se han encontrado irregularidades en 26 contratos por cerca de $3.296 millones. Sin embargo, podría haber más contratos, pero la acción ordenada por el oficial habría evitado que el ente investigador tenga acceso a ellos.

::¿Está el Ejército buscando a las fuentes de "The New York Times"?::

De la misma manera, la fiscal reveló audios que mostrarían cómo la organización criminal encabezada por el general Romero tenía conocimiento pormenorizado de todas las actuaciones del ente acusador en las investigaciones ya que estarían siguiendo a los investigadores. Así mismo, habrían ordenado al actual comandante de la Brigada IV que "entregara copia de todos los soportes que obtuvo la Policía Judicial. De la misma manera, interceptaciones a Villota demostrarían que incluso sabían el tipo de documentos que estaban buscando la Fiscalía.

Un hecho que llamó la atención del órgano investigador fue el conocimiento casi en tiempo real de las operaciones judiciales. En una de las interceptaciones se escucha a Villota hablando con una de las miembros de la organización criminal que habría quedado en la IV Brigada. Esta le estaria hablando al suboficial en plena diligencia judicial y le estaría contando, sin que los funcionarios se dieran cuenta, de los documentos que estaban revisando.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento también se reveló la forma en la que se habrían repartido los contratos entre las tres empresas presuntamente favorecidas por el pago de coimas: 20 contratos por un valor total de $675 millones a Distrilogística, cuyo representante legal es Samir García; 2 contratos por un total de $520 millones a la tienda El Infante, cuyo dueño era Guerly Alexander Arias ; 4 contratos por $3.296 millones a Motovehículos, cuyo dueño es Jaime Ramírez.

Un caso llamativo es la relación de Samir García con la Brigada IV. Según los audios revelados por la Fiscalía, García tendría vínculos contractuales desde hace 8 años -"desde la época de mi general Mejía", según los audios- y en muchas ocasiones hacía las veces de caja menor de dicha brigada. De acuerdo con las interceptaciones, los militares le pedían prestamos y en contraprestación le otorgaban contratos por servicios de catering que nunca eran cumplidos. Entonces, en muchas ocasiones, los oficiales tenían que contratar estos servicios de alimentación por aparte y rebuscarse el dinero para pagarlos.

::"Recibo con asombro la decisión del señor ministro": general Jorge Romero::

Para la Fiscalía, el general Jorge Horacio Romero era una de las cabezas de una red de corrupción dentro de la Brigada IV del Ejército. Según el ente acusador, esta organización criminal les pedía a los contratistas el 10% de los contratos con tal de ajustar los pliegos a su favor. Romero no solo sería uno de sus líderes, sino que se las habría ingeniado para desviar varias investigaciones en contra de este entramado, incluso llegó a rechazar investigaciones de la propia Procuraduría contra uno de sus subalternos. Así mismo, Romero habría permitido otros actos de corrupción dentro de sus dependencias, como lo es el robo de gasolina que era de uso exclusivamente oficial.

Sobre la actualidad de la red de corrupción de contratos, la fiscal aseguró que algunas interceptaciones hechas hace menos de dos meses indicarían que esta empresa criminal salió del ámbito regional para tratar de influenciar la contratación nacional del Ejército. Para este fin, tendrían dentro de la institución militar a una coronel que los estaría favoreciendo desde la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC. Incluso, varios miembros del Ejército habrían salido de la institución para asociarse con los contratistas mencionados en esta investigación.