Una auditoría especial al contrato por 37.000 millones de pesos por medio del cual el Ministerio del Interior y Justicia implementó el sistema de vigilancia electrónica o de brazaletes a los reclusos que gozan de prisión domiciliaria, anunció el contralor General Julio César Turbay Quintero.
"Quiénes tienen esos 4.961 dispositivos que se contrataron? ¿Cómo se han ejecutado estos recursos? y ¿cuál es la eficacia y eficiencia que tiene realmente este sistema?, son preguntas que vamos a resolver con esta auditoría, pues hemos detectado que hay serias debilidades en el monitoreo que realiza el INPEC al sistema de vigilancia electrónica con estos dispositivos", dijo el Contralor.
Dice el informe presentado que los informes de auditoría practicados por la Contraloría General muestran evidentes deficiencias en el control de las detenciones y prisiones domiciliarias, pues también hay imprecisiones en el registro.
El sistema de vigilancia electrónica permite conceder el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la del lugar de residencia, previo cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley 1142 de 2007.
Investigaciones por fuga de "alias Kener"
En relación con la fuga de Daniel Alejandro Serna, conocido como alias Kener, el Contralor Julio César Turbay Quintero consideró necesario iniciar las investigaciones a que haya lugar contra los presuntos responsables y "en el evento que sea comprobada esta responsabilidad, debe aplicarse de manera rigurosa el Régimen Disciplinario para funcionarios judiciales y abogados (incluyendo el fiscal y el juez involucrados)".
Turbay Quintero dijo que los hechos que se dieron en este caso deben ser conocidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
"La noble función de administrar justicia debe ir acompañada de un estricto control y la menor falta disciplinaria debe ser sancionada con severidad", indicó al respecto el Contralor, según el comunicado de prensa.
Situación de las cárceles
El jefe del organismo de control de las finanzas públicas expresó nuevamente su preocupación por la situación actual de las cárceles colombianas, dado que, por ejemplo, a diciembre de 2009 el nivel de hacinamiento alcanzó el 38% : hay 55.042 cupos en las cárceles del país y la población reclusa es muy superior: 75.992 internos.
"La Contraloría reconoce el esfuerzo del Gobierno en cuanto al incremento de los cupos en 26.042 en el periodo 1998-2009, sin embargo, la población reclusa ha crecido en 34.000 internos, ocasionando que el hacinamiento en 2009 se aproxime al nivel de 1997", dijo.
Recordó que a la fecha solamente se han entregado 3 nuevas cárceles de las 11 que se habían proyectado y no se han puesto en funcionamiento, debido a la falta de dotación y menaje.
Los retrasos presentados en los procesos de contratación de la obras, ocasionaron un aumento considerable en los costos del Plan de Ampliación de la Infraestructura Carcelaria, proyectados inicialmente. Estos sobrecostos ascienden a $92.000 millones de 2009, precisa el informe de prensa.
La situación anotada llevó a la Contraloría General de la República a emitir una Función de Advertencia, así como a realizar un seguimiento especial sobre los recursos invertidos en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cartagena, proyecto que finalmente fue cancelado, después de invertir 1.800 millones de pesos por concepto de la compra del lote y estudios previos.
La grave problemática de violación de derechos humanos dentro de los recintos carcelarios ha empeorado, hecho evidenciado en las auditorías especiales realizadas a los tres establecimientos de Bogotá (La Picota, La Modelo y el Buen Pastor), así como en las visitas efectuadas por el Comité de Seguimiento a la Política Penitenciaria y Carcelaria a 8 cárceles del país.