'Berna' se despachó contra Justicia y Paz

“La extradición de 15 comandantes de las autodefensas fue un mecanismo para ocultar la verdad, para silenciarla”; “a las víctimas del conflicto armado en Colombia se les ha creado falsas expectativas, se les continúa victimizando”; “no existe voluntad política para sacar del limbo jurídico el proceso de Justicia y Paz”; “las sentencias de la Corte Suprema de Justicia han terminado por desnaturalizar el proceso de paz para convertirlo en un proceso de persecución de delincuencia organizada”; “la verdad se está enterrando”.

Las frases son del extraditado inspector de los paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. En carta enviada a la Corte Suprema, la Fiscalía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, desde una prisión federal de Miami, el ex jefe de las Auc advirtió que suspendía su colaboración en Justicia y Paz, muy a pesar “de que mi voluntad es indeclinable”, hasta tanto no se brinde seguridad a su familia y se superen los obstáculos legales para acceder a documentos y a sus abogados en procura de reconstruir la verdad.

Según Don Berna, en mayo de 2008 se les extraditó para “imposibilitar la reconstrucción de la verdad”, pues luego de casi tres años desde su envío a los Estados Unidos no se han ajustado los mecanismos de cooperación judicial para permitir que los ‘paras’ asistan a las diligencias de versión de Justicia y Paz. “Sin embargo, el Gobierno pregonó que con nuestra extradición la verdad afloraría”. Murillo Bejarano criticó que se le ha negado el acceso a sus abogados en Colombia, sobre Diego Álvarez dijo que no le fue renovada la visa el 15 de octubre pasado con la figura de “procedimiento administrativo” y que algo similar aconteció con su otra defensora, Consuelo Parra.

Don Berna añadió que su familia, asesores legales y colaboradores han sido amenazadas, pero sus denuncias no han sido atendidas “con la finalidad de acallar mi voz y lograr la impunidad que requieren algunos sectores de la sociedad colombiana”. A renglón seguido, sentenció que la Ley de Justicia y Paz agoniza, que aun cuando el gobierno Uribe los reconoció como un grupo armado con carácter político, tal estatus les fue desconocido y derivó en un sometimiento judicial y en un resurgimiento de bandas criminales. Además, calificó los avances en Justicia y Paz como escasos y sostuvo que esta ley ha sido inoperante.