Guillermo León Ruiz, Irene Arcila Pantoja, Edgar Herrera Cardona, Armando Tovar Cobo y Serafín Cabrera Núñez, comerciantes de madera y de transporte del sur del país, cargaron una pesada cruz en sus espaldas durante varios años. En 2017, la Fiscalía les abrió una indagación por presuntamente ser testaferros de las FARC y actuó con tal certeza que, incluso, les incautó sus bienes. Ahora, tras una larga batalla judicial, lograron demostrar que no tenían nada que ver con la pesquisa, y en los próximos meses, esperan que un juez les devuelva aquello que nunca les debió ser arrebatado.
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El contexto del caso tiene su origen en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, quien ocupó ese cargo entre 2016 y 2019, y le dio prioridad a extinguir el dominio de bienes que, para el ente acusador, pertenecían al patrimonio de las FARC y que podrían estar en manos de testaferros. Entonces, la guerrilla acababa de firmar el Acuerdo de Paz con el Gobierno. Bajo la administración de Martínez se creó, de hecho, el Grupo de Persecución de Activos Ilícitos (GPAI), mejor conocido como “el grupo de los 300″, porque serían incluidos 100 funcionarios de la Fiscalía, 100 del Ejército y 100 de la Policía.
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La Fiscalía abrió una serie de indagaciones en contra de varias personas e incluso familias enteras. Se registraron capturas y se ocuparon bienes en varios departamentos del país. Sin embargo, como lo conoció El Espectador, a través de una reciente orden de archivo, las indagaciones de la Fiscalía de Martínez contra estos cinco comerciantes se quedaron en los meros señalamientos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La base del caso fue Edison Coello, un expolicía del Amazonas que tras ser retirado de la institución trabajó para las FARC y que, al parecer, los inculpó falsamente.
El testimonio de Edison Coello decía que el comerciante Guillermo León Ruiz, quien para esa época era dueño de una empresa denominada “Lo Mejor en Maderas” y Armando Tovar Cobo propietario de “Transportes Fluviales Tovar”, tenían una fachada de compra y venta de maderas. Contó, además, que ambos hombres e Irene Arcila Pantoja, titular de “Fluvial Estambul”, tenían embarcaciones que viajaban a Leticia (Amazonas) trayendo víveres y que, de camino, surtían de comida y combustible para las Farc. Edgar Herrera Cardona y Serafín Cabrera Núñez también fueron vinculados a la investigación.
Esas declaraciones fueron suficientes para que, en octubre de 2017, la Fiscalía ocupara más de 30 bienes que estaban poder de los cinco involucrados. Entre ellos, 24 inmuebles urbanos, cinco rurales, nueve sociedades y un establecimiento de comercio, ubicados en Leticia (Amazonas), Bogotá y Chía (Cundinamarca), Pereira, (Risaralda) y Orito y Puerto Asís (Putumayo). Están avaluados en más de $15.000 millones. Más de cinco años después, sin embargo, el ente investigador archivó la indagación en su contra al determinar que, en síntesis, nunca tuvieron vínculos con las FARC.
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Asimismo, la Fiscalía consideró que el patrimonio de los cinco comerciantes es justificable y que, por consiguiente, el testimonio que entregó Edison Coello es falso. A esta conclusión llegó el ente investigador, luego de realizar búsquedas en bases de datos privadas y análisis periciales de perito contable. Tras la pesquisa, la conclusión fue contundente: ninguno de los comerciantes tenía vínculos con el grupo insurgente. El ente investigador interrogó solamente a Irene Arcila Pantoja y Guillermo León Ruiz para aportar algunos documentos y testimonios, los cuales reafirmaron que no tenían vínculos con esa guerrilla.
“Este despacho considera que no existen los elementos suficientes para continuar adelantando la presente investigación y materializar formalmente el delito de lavado de activos en el caso que nos ocupa, por cuanto no existen elementos materiales probatorios que fortalezcan una teoría del caso, toda vez que no hay prueba o pruebas concretas para indicar no solo la conducta delictiva, sino además un patrimonio injustificable, unos antecedentes comprobables, un modus operandi, una organización delincuencial y un periodo de tiempo establecido”, dice la decisión de la Fiscalía conocida por El Espectador.
Tras esta decisión, los comerciantes esperan que los bienes que les fueron ocupados les sean devueltos. El abogado Alejandro Carranza, quien es el apoderado judicial de Guillermo León Ruiz, le contó a este diario que el proceso por extinción de dominio se encuentra a la espera de iniciar los alegatos de conclusión. “Se esperaría que, si se demuestra que no incurrieron en conducta de lavado o testaferrato, o que no existe incremento patrimonial injustificado, debería entonces cerrarse de inmediato el proceso de extinción”, concluye el abogado. De ser así, recuperarán $15.000 millones en bienes. Por ahora, les fue restaurada la calidad de ciudadanos sin pendientes con la ley.
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