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Si hubo un tema que trasnochó al exfiscal general Néstor Humberto Martínez fue el del patrimonio de las Farc. En distintos espacios y momentos el alto exfuncionario recalcó que el proceso de paz no determinó “absolutamente nada” con respecto a la entrega de bienes conseguidos a lo largo del conflicto y la violencia. Por casar esa pelea y varias más de la misma naturaleza, Martínez llegó a ser percibido por el partido FARC u otros sectores que defendían la desmovilización de la guerrilla más vieja del continente, como férreo opositor del Acuerdo de Paz.
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Desde su llegada al organismo investigativo, el 1° de agosto de 2016, Martínez empezó a tomar decisiones enrutadas hacia extinguir el dominio de cuanta propiedad -posiblemente de las Farc- fuera posible. Así nació el Grupo de Persecución de Activos Ilícitos (GPAI), con la Resolución 03715 de noviembre 8 de 2016. En los pasillos de la Fiscalía los llamaban “el grupo de los 300”, pues, de acuerdo con el documento firmado por Martínez, iban a conformarlo 100 funcionarios de la Fiscalía, 100 del Ejército y 100 de la Policía.
Lo particular, vino a saber El Espectador, es que al GPAI no llegó la Policía ni el Ejército. Hace un par de semanas el mayor Nicolás Suárez Plata, jefe del Grupo Investigativo de Lavado de Activos de la Dijín, le contestó un derecho de petición a Uriel Mora Urrea, una de las personas procesadas como supuestos testaferros de la antigua guerrilla. En su respuesta, el oficial señaló que, en lo que tiene que ver con su grupo de trabajo -precisamente el especializado en lavado de activos-, “no fue tenido en cuenta” para unirse al GPAI. El Ejército, por su parte, tampoco ha acreditado haber sido parte del GPAI. Esta pelea por quitarles el patrimonio a las Farc terminó involucrando a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), pues mientras la Fiscalía alegaba que los bienes de la antigua guerrilla debían ser objeto de extinción de dominio y, por ende, terminar en el Frisco (Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado), que entrega un porcentaje de los bienes liquidados a la propia Fiscalía y a la Rama Judicial, la justicia transicional los pedía para las víctimas.
La Corte Constitucional dirimió el asunto en marzo de 2019 y dejó los bienes “exclusivamente para la reparación de las víctimas del conflicto”. Pero este no es el único sentido en que la JEP ha terminado involucrada en el tema de los bienes que podrían ser de la guerrilla. A la JEP llegaron también los tres casos que la Fiscalía ha abierto, asegura, para perseguir a los testaferros de las Farc: Mauricio y Paola Parra, los hermanos Uriel, Luis Alirio, Edna y Norberto Mora Urrea y José Hugo Chaux, su esposa Luz Stella González y su hijo, José Chaux.
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Dos de ellos tienen un factor en común: que es Carlos Nicolás Sotomonte, hoy jefe de la Dirección contra el Lavado de Activos, quien los ha manejado desde el inicio. Funcionarios que conocen su trabajo de cerca sostienen que se trata de un fiscal dedicado y juicioso, pero los procesos que ha armado tienen puntos, cuando menos, cuestionables.
Testigo mentiroso
El expediente contra Mauricio Parra y su hija arrancó con base en un nombre: Fernando Bahamón Céspedes. Fuentes de la Fiscalía que conocen el expediente le contaron a este diario que, cuando el GPAI nació, la orden fue rastrear cuanto proceso dentro de la Fiscalía fuera posible para así poder encontrar nombres de posibles testaferros de las Farc. De ese “rastrillo” apareció Bahamón, quien se refería a Parra como el Quesero, testaferro de las Farc desde los años 90, que movía la droga del bloque Sur de las Farc con el aval de Fabián Ramírez, Sonia y el Paisa.
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La Fiscalía, sin embargo, o no hizo un estudio a fondo del hombre que planeaba convertir en testigo estrella o lo hizo y no le importaron los resultados. Por ejemplo, contra él existen más de 30 denuncias por delitos como estafa, falsedad material e ideológica en documento público y falso testimonio, además de condenas por acceso carnal violento, estafa y simulación de investidura, entre otros. “Nunca ha sido condenado por falso testimonio y en este país los que tienen información son los bandidos”, contestaron en la Fiscalía funcionarios que conocen el trabajo de Sotomonte.
Aunque Bahamón no ha sido condenado por ese delito, su credibilidad tiene enormes manchas. Algunas de ellas ya las ha contado este diario. Por ejemplo, la Corte Suprema, basada en documentos del Inpec, encontró que Bahamón Céspedes estuvo preso en la cárcel de Neiva el tiempo que duró la zona de distensión. Pero, según él, fue allí donde conoció a Parra y lo vio muchas veces rodearse de jefes guerrilleros. El alto tribunal, cierre de la jurisdicción ordinaria, decretó que era imposible que él hubiera estado en el Caguán: estaba en la cárcel y documentos oficiales lo prueban.
“Pero un fiscal de otro caso pidió los registros del Inpec y estos muestran que Bahamón Céspedes no estaba en la cárcel en esa época (de la zona de distensión)”, dijeron funcionarios de la Fiscalía, por lo que El Espectador solicitó los soportes respectivos -dado que este diario tiene los documentos de la Corte y del Inpec-. “Vamos a decirle al fiscal que los contacte (a los periodistas de El Espectador) y se los pase”. Sin embargo, han corrido más de cuatro días desde que esa conversación tuvo lugar y los soportes no llegaron.
Más documentos que recién conoció este diario vuelven a poner en tela de juicio la credibilidad de este testigo estrella de la Fiscalía. En 2013, el ente investigativo se inhibió de investigar a la política huilense Cielo González, luego de que Bahamón dijera a Semana mentiras sobre ella y sobre dos congresistas más. Desde entonces, la propia Fiscalía señaló que Bahamón dio información “incoherente” sobre su supuesto paso por la Teófilo Forero y que, según la Policía, era un “traficante de información, pues en varias oportunidades trató de pedir recompensas por operativos contra la subversión”.
En ese documento de la propia Fiscalía se leen los testimonios de tres exguerrilleros que dicen que Bahamón jamás en su vida fue fariano. Entre ellos, nada más y nada menos que Hernando Buitrago Marta, alias Julián, segundo al mando de la Teófilo Forero. Si alguien debió haber conocido a Bahamón Céspedes era él. “Nunca lo vio en la guerrilla, menos en la zona de distensión”, se lee en el documento. “Aduce no haberlo conocido en ningún momento dentro de las Farc”, se lee con respecto a Wilkin Fernando Lugo, miembro de la Teófilo Forero de 1997 a 2007.
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“La información que han brindado los medios también ha causado inquietud en la Fiscalía”, dicen en el ente investigativo, aunque no es claro si Bahamón sigue o no en su programa de protección de testigos. “Igual, Bahamón no es el único testigo que hay contra Parra”, añaden. Así es: en el expediente contra Mauricio Parra figuran tres testigos más, inéditos hasta ahora: John Jairo Luna, alias Satimba, quien rindió una entrevista desde una unidad militar de Neiva; Jhon Fredy Jaramillo, alias Caliche, y Yenny Ospina, alias la Peca. Las versiones de estos dos últimos son casi idénticas.
Satimba habló en 2009 y, desde allí, la Fiscalía no sabe de su paradero. Mencionó que Parra era narcotraficante del bloque Sur de las Farc y de un hombre al que identificó con el alias Willington, una especie de hijo adoptivo de Parra. En 2017 aparecieron los demás testigos: primero Bahamón, quien habló de Willington, de la plata que movía la Teófilo Forero por narcotráfico, de la cercanía entre Parra y alias Sonia, y de dos camionetas Dodge viejas en que Parra sacaba la droga. Luego fue el turno de Caliche y de la Peca: ambos dijeron lo mismo que Bahamón y, por lo menos a Caliche, Bahamón dijo conocerlo.
Por último, contra Parra aparece el testimonio de Stella Manrique, a cuyo padre, aseguró ella, las Farc le quitaron una finca en Caquetá y murió de pena moral. Un episodio al que Bahamón también se refirió. “(Parra) andaba sin plata, andaba como un ñero, era pobre, andaba descamisado, se vestía como gente del campo (…) Era de las Farc, de la columna móvil Teófilo Forero Castro”, relató Manrique en julio de 2017. La Fiscalía asegura que, además de una sentencia por narcotráfico de 2006 confirmada en segunda instancia, Parra tiene en su contra un incremento patrimonial exacerbado e injustificado, que nunca pone bienes a su nombre y que, a pesar de su fortuna, ha declarado renta solo una vez.
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En enero de este año, la Sección de Apelación del Tribunal de Paz le dijo a Parra que el proceso por el asesinato a Johnny Orjuela -por el cual también está siendo procesado- no tenía relación con el conflicto y, por ende, no lo aceptaba. El proceso por lavado de activos sí, pues el factor Farc dentro de la investigación, ausente en la del homicidio de Orjuela, era clave. En marzo de 2018, conoció este diario, la Fiscalía presentó la demanda de extinción de dominio contra Parra y pidió al juez del caso un reconocimiento del 5 % sobre las propiedades de Parra para Caliche, la Peca y, por supuesto, Fernando Bahamón.
Los mercados de los Mora Urrea
Desde el 27 de marzo de 2007, cuando el extinto DAS alertó sobre presuntos testaferros de Romaña, las autoridades empezaron a buscar nexos de la familia Mora Urrea con las Farc. En septiembre de 2009 se presentó un informe sobre su adquisición supuestamente desmedida de bienes en Colombia y Panamá y su supuesta relación con personas investigadas en ambos países. En agosto de 2010, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) analizó los movimientos financieros de los Mora Urrea y, en junio de 2011, la Fiscalía tenía en sus manos un documento sobre sus presuntos incrementos patrimoniales injustificados.
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Luego de que el expediente de los Mora Urrea permaneciera quieto por años, el 6 de marzo de 2017, dos investigadores del GPAI sugirieron iniciar un proceso de extinción de dominio por supuestos nexos con las Farc. El paso siguiente fue inspeccionar el caso por lavado de activos que estaba abierto desde 2007 y el expediente archivado por el secuestro de Roberto Romero Liévano, dueño de los supermercados Líder. Romero afirmó haber sido víctima de un secuestro de las Farc en 2001. Y agregó que ese acto fue promocionado por los Mora Urrea, con quienes a finales de los años 90 hizo un negocio para la venta de un local.
El 29 de marzo de 2017, el fiscal 35 de Extinción de Dominio, Carlos Nicolás Sotomonte (hoy cabeza de esa Dirección), fue designado al caso. Un mes más tarde, el 24 de abril de 2017, inició formalmente la investigación con base en los informes del GPAI. Sin embargo, aún faltaba la prueba que vinculaba a los Mora Urrea como supuestos testaferros de las Farc. Entre agosto y noviembre de 2017 apareció, en forma de tres desmovilizados que dijeron ser testigos de la relación entre los Mora Urrea y los frentes del bloque Oriental de las Farc que controlaban el Sumapaz.
Así, Luis Alberto Grajales, alias el Indio, Etífer Quiroga y Wilson Rivas Bonilla, conocido como Muelas, se convirtieron en testigos claves. Si bien en los distintos documentos del expediente no se especifica cómo llegaron los testigos al proceso, fuentes de la Fiscalía explicaron que esos testimonios lograron ser ubicados luego de que un grupo del GPAI encontrara, en medio de los miles de declaraciones que presentaron desmovilizados al Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), los testimonios de estas tres personas que mencionaban a los Mora Urrea.
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El 19 de abril de 2018, luego de que varios miembros de la familia Mora Urrea fueran capturados y presentados como supuestos testaferros de las Farc, y que se dictaran medidas cautelares sobre sus bienes (como los almacenes Supercundi y Merkandrea), El Espectador publicó un artículo llamado “¿Falsos testigos en caso de testaferros de las Farc?”, en el que se evidenciaron inconsistencias en las declaraciones de los tres desmovilizados. Un día antes de esa publicación, el fiscal Sotomonte solicitó por correo al coordinador del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) los certificados CODA de sus tres testigos.
Si el GPAI encontró las declaraciones CODA desde meses atrás, ¿por qué solicitó nuevamente los certificados para validar que los tres desmovilizados pertenecieron a las Farc? Tras la publicación de este diario y otras noticias en distintos medios, el fiscal Sotomonte los citó nuevamente a declarar para aclarar la situación. El fiscal del caso les preguntó sobre las inconsistencias en sus testimonios y los testigos corrigieron sus dichos y sostuvieron que no había incongruencias en sus relatos, que los abogados defensores estaban distorsionando la verdad y que sus vidas estaban corriendo peligro.
Además, al expediente llegaron dos nuevos testigos. La primera fue Edilse Meneses, desmovilizada de las Farc que explicó que también conoció de las presuntas andanzas de los Mora Urrea. Sus palabras fueron muy similares a las de Grajales y Etífer Quiroga. Con ambos compartió filas y con el segundo llegó a sostener una relación sentimental. Es decir, entre tres de los cuatro desmovilizados existieron estrechos lazos, tanto así que Etífer Quiroga manifestó que él fue a declarar en 2017 a la Fiscalía junto a Grajales porque este último se lo pidió.
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Otro testigo que se sumó, supo este diario, fue el periodista Herbin Hoyos, que fue mencionado por alias Muelas en su primera declaración como la persona que lo convenció de declarar. “He escuchado a desmovilizados hablar de los hermanos Mora Urrea, los identifican como personas muy cercanas a las Farc en el Sumapaz, que eran proveedores, especialmente de los frentes 51 y 53”, dijo Hoyos a la Fiscalía. Para el fiscal Sotomonte fue de tal relevancia su testimonio que en la demanda de extinción de dominio presentada el 15 de agosto de 2018 solicitó que, junto a los cuatro desmovilizados, les retribuyeran el 5 % de los bienes extintos a los Mora Urrea.
Palabras más, palabras menos, una recompensa (legalmente permitida). Al preguntar en la Fiscalía cuál fue la información relevante que entregó Herbin Hoyos, respondieron que fue “un aporte importante” de datos que recolectó en un recorrido por distintas cárceles del país para hablar con exguerrilleros. Este diario preguntó si Hoyos ayudó a encontrar a la Fiscalía testigos para declarar contra los Mora Urrea, pero la Fiscalía lo negó. En diálogo con este diario, Hoyos señaló que a reuniones posteriores con exguerrilleros se presentaron también funcionarios de la Fiscalía, entre ellos Andrea Malagón -exdirectora de Extinción de Dominio-. Hoyos señaló que no sabía del beneficio económico pedido en su nombre y dijo que pedirá a la Fiscalía que lo retire.