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28 Jul 2020 - 2:00 a. m.

Bienes incautados al crimen organizado le han dejado $1,4 billones al país

La cifra, que corresponde a los últimos seis años, la da la directora de la Sociedad de Activos Especiales, María Virginia Torres, quien se va de la entidad. En diálogo con este diario, comentó de sus preocupaciones del pasado y del futuro, que incluyen a quienes están volviendo al país tras haber pagado penas con intención de recuperar sus antiguas propiedades.
María Virginia Torres/ Gustavo Torrijos-El Espectador.
María Virginia Torres/ Gustavo Torrijos-El Espectador.

El pasado 23 de junio, una renuncia inesperada llegó al despacho del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla: la de María Virginia Torres, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Un mes después, el ministro emitió un decreto en el que señaló que admitía la renuncia y nombró a Andrés Ávila, vicepresidente de bienes inmuebles y muebles de esa entidad, en su reemplazo. Torres estuvo seis años al frente de esta entidad que maneja, nada más y nada menos, todas las propiedades que el Estado les quita a los narcotraficantes -entre otros-. Lo que antes hacía la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Este es el balance que hace a su salida de la organización.

(Discusiones por los bienes de la mafia en Cali).

¿Qué le queda después de seis años de funcionamiento de la entidad?

Nosotros recibimos un inventario de cerca de 100 mil activos el 30 de septiembre de 2014, compuesto por 19.819 inmuebles, 1.141 sociedades y un número absurdo de muebles de todos tipos, que sumaban como 60 mil. Lo que enfrentamos al llegar fue un lastre reputacional de la Dirección Nacional de Estupefacientes que hemos cargado hasta hoy. Siempre está la comparación, siempre que sale una noticia relacionada nos vinculan. Lo que hicimos básicamente fue construir de menos cero, de menos 20, una administración de activos diferente. Sin calificar los anteriores, simplemente diferente, apoyados en herramientas tecnológicas y en un tema de gerencia pública con respecto a la administración de los bienes y a la construcción de un gobierno corporativo y una empresa autoasegurada, que nos ha dado un resultado importante.

¿Qué le entrega al país?

Una empresa con mucha visión internacional. En este momento somos un referente a nivel de Suramérica, de América y del mundo; para países que están entrando en la dinámica de la extinción de dominio y creando los operadores somos un punto de partida.

¿Qué recibieron de la extinta DNE?

Cuando recibimos la gerencia del Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado), carecíamos de información física, financiera y jurídica de los activos que recibimos. Nosotros ya validamos ese inventario y pudimos establecer, por ejemplo, que mientras nos anunciaban 11.436 medios de transporte, cerca de 7.400 no aparecieron nunca. Hemos levantado a esta fecha, tal como quedó en las actas de recibo, información que compromete 4.437 bienes que o no estaban o tenían algo irregular. Lo supimos después, porque en ese momento no sabíamos del estado en que nos pasaban los inmuebles, pero de esos más de 19 mil bienes que nos entregaron había 8.953 que estaban con ocupación irregular. (¿Guerra por bienes de la mafia?)

Ese ha sido uno de los mayores problemas, ¿no?

Sí. Si bien nosotros en 2018 logramos facultades de policía administrativa con la Ley 1849, hemos dictado 5.996 resoluciones de desalojo, hemos legalizado de esas ocupaciones ilegales más o menos 331 y hemos recuperado más de 1.500 inmuebles; el tema de los desalojos es un dolor de cabeza en el país. Para esas operaciones nos enfrentamos a múltiples inconvenientes, desde el tráfico de influencias, que es como el más grave, a las tutelas y todas esas triquiñuelas que han sido históricas en las diligencias de desalojo.

¿Es imposible recuperar todos los bienes?

En esto el Estado debe tener una posición más fuerte o nunca vamos a recuperar esos bienes al paso que vamos. Dictar resoluciones es fácil, pero ejecutar esas diligencias de desalojo, no tanto. Recibimos los bienes con una bajísima rentabilidad y con la transferencia de unos recursos que era exigua. Nosotros hemos generado $1,4 billones (desde 2015), hemos hecho transferencias por $300.000 millones a entidades beneficiarias y tenemos en vitrina inmobiliaria más o menos $1,6 billones en bienes para venta, con eso es con lo que vamos para la venta masiva. El Frisco tiene unos gastos fijos, también están los gastos propios de un inventario tan alto, como mejoras en las obras. Y estamos pendientes aún de hacer transferencias, este año falta.

¿Cuál es la diferencia esencial entre la liquidada DNE y la SAE?

Encontramos un fondo que venía de ser administrado de una forma muy poco gerencial, no había procedimientos ni un sistema de información. Hoy contamos con una entidad estandarizada en su operación y con un sistema administrador que hemos construido. Hicimos un ajuste muy exigente en las metodologías de valoración (de bienes), nos acogimos a las del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En lo que tiene que ver con arriendos, también tenemos otras metodologías de estimación de arriendos.

¿Qué están haciendo con los bienes que tienen poca posibilidad de venta (o ninguna)?

Es uno de los problemas que estamos intentando superar con la venta masiva. En la ley 1849 de 2018 conquistamos el tema de la enajenación temprana, porque los procesos de extinción de dominio en Colombia siguen siendo muy lentos. Hay bienes que llevan administrados 20 o 30 años. Lo que pretendemos es bajar ese volumen de bienes a cero, por lo menos en inmuebles, y tener una agilidad mayor en las ventas.

(SAE desalojará a ocupantes irregulares de más de 1.600 bienes incautados)

¿Qué ha sido lo más difícil de este tiempo en cabeza de la SAE?

Hemos dado una lucha muy dura que incluye amenazas a la seguridad de nuestra gente. Es demasiado desafortunado decirlo, pero había y hay toda una criminalidad asociada a la administración de los bienes del Frisco.

¿Qué tipo de criminalidad?

De todos los ámbitos: muy permeada por tráfico de influencias, por mafias, por testaferros, por los delincuentes que ahora quieren reconquistar sus bienes. Nosotros seleccionamos nuevos depositarios por convocatorias públicas y fue cuando empezaron todas las amenazas. Luego vino la asignación automática, los directivos regionales han sido a mi juicio unos héroes que han combatido esas mafias locales, que se han atrevido a fotografiarlos, grabarlos y denunciarlos. Hemos puesto más de 150 denuncias penales (en la Fiscalía), pero infortunadamente eso no se mueve mucho. Hoy diría que el panorama es aun más amenazante. A medida que hemos ido organizando el archivo, más nos sumergimos en acciones irregulares que se tejieron alrededor de los bienes, sobre todo este tema de los recuperadores que nos tiene tan preocupados.

(Los narcotraficantes que volvieron al país y están bajo la lupa de las autoridades)

¿Por qué?

Muchos de los infractores ya pagaron sus condenas y están volviendo al país para recuperar sus bienes. Tiene mucho que ver con territorios del narcotráfico, de contrabando. Nosotros nos volvimos muy inconvenientes porque hemos tenido una política de no fomentar ninguna conducta impropia, no nos reunimos a solas con depositarios, no atendemos políticos, nuestras salas de atención al público están todas bajo grabación con video y audio, y eso es lo que nos ha permitido poner tantas denuncias. Y tenemos un sistema de selección interna y verificación de confianza que hacen que nuestros funcionarios estén pasando por polígrafos y pruebas de transparencia. Hace que nuestra planta rote mucho, pero que la gente llegue por procesos abiertos y que haya un sistema de meritocracia interno creo que desestimula conductas que, aunque no dejan de darse, están mucho más bajo control.

¿Qué pasó con los depositarios (administradores), ese foco de corrupción de la DNE?

Se les quitó a los depositarios la posibilidad de recaudar los cánones de arrendamiento. Ellos tenían la posibilidad de firmar contratos sin ningún tipo de control. Una de las decisiones para retomar el control fue generar un recaudo centralizado. El primer año no pasamos de los $50.000 millones, este año ya vamos por los $80.000 millones. Nos permite hoy saber qué depositarios son productivos o quiénes no están haciendo lo que les corresponde sobre el mercadeo de los bienes.

¿Todavía puede haber injerencia de terceros sobre los bienes del Frisco?

Gente que cree todavía que el Estado es un feudo y que los servidores públicos están dispuestos a hacer caso. Lo importante no es que llamen, lo importante es que uno diga que no, no importa el cargo que tenga dentro o fuera de la administración pública. Creo que ese es el principal valor que ha tenido la empresa estos años, por eso la agencia de EE. UU. que trabaja contra el lavado de activos en el mundo confió en la SAE y nos dio casi US$3 millones para lo de la venta masiva. Ellos mismos manejan los recursos para evitar manitos creativas en este tipo de procesos.

¿Pero los que llaman son congresistas, como pasaba con la DNE?

Al principio era complicado, llamaba mucha gente. Con el paso del tiempo, en la medida en que no lograron nada, las llamadas se fueron distanciando. Todavía uno que otro despistado lo intenta.

Usted hablaba hace un momento de amenazas a funcionarios. ¿Está usted en esa lista?

Tuve dos amenazas directas. En una me dieron 15 días para irme del país, de SAE. Eso fue hace cuatro años, y aquí estoy.

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