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La idea no es nueva, pero sí resulta llamativa: el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere volver a usar busques de la Armada para que funcionen como cárceles. Y esa idea ya tiene nombre: Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas). A toda máquina, funcionarios de los ministerios de Defensa y Justicia están trabajando para darle las últimas puntadas a un decreto que les permita trasladar a presos de todo el país que siguen delinquiendo desde prisión a estas cárceles en altamar.
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El plan fue confirmado a este diario por fuentes del Minjusticia y, en las últimas horas, desde la cartera de defensa dieron a conocer el nombre de la estrategia que cuenta con el visto bueno del presidente De la Espriella. Su objetivo es claro: aislar de toda comunicación y contacto a quienes están detrás de grandes redes de extorsión, pero también a los jefes de grupos criminales que siguen al frente de cadenas de narcotráfico y minería ilegal.
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, la lista de los primeros 40 en ser trasladados ya está en los escritorios de los funcionarios del gobierno, que además también ultima los detalles para adecuar las fragatas como lugar de reclusión para estas personas. La Armada y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya tienen experiencia en este asunto.
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En 2007, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe recurrió a una medida excepcional para aislar a dos poderosos capos que, pese a estar privados de la libertad, conservaban el control sobre sus estructuras criminales. Uno de ellos era Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar, quien comenzaba a apartarse del acuerdo de paz de Ralito, tras el anuncio del gobierno de su extradición a Estados Unidos. Por esa razón, fue retirado de la cárcel de Itagüí y trasladado, en medio de un amplio operativo de seguridad, a una fragata de la Armada en el Caribe.
La misma estrategia también fue utilizada en el caso de Diego Fernando Montoya, alias “Don Diego”, jefe del Cartel del Norte del Valle. Tras su captura, en septiembre de ese año, fue recluido en un buque de la Armada en el Pacífico. Con estos traslados, el Gobierno buscaba cortar las comunicaciones de ambos capos e impedir que continuaran impartiendo órdenes a sus organizaciones desde los centros de reclusión.
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De regreso a 2026, el ejecutivo enfrenta varias barreras jurídicas, especialmente el hecho de que sabe que la defensa de quienes quiere trasladar van a recurrir a la tutela para pedir que jueces frenen esos movimientos de presos. El principal argumento, explicaron fuentes de la Casa de Nariño, es el derecho al arraigo, entendido como la posibilidad de que una persona privada de la libertad conserve sus vínculos familiares, sociales y territoriales.
Aunque este derecho puede restringirse por razones de seguridad, cualquier limitación debe estar debidamente justificada y no puede traducirse en un aislamiento arbitrario.
Además, en el Ministerio de Justicia también alistan respuestas para quienes aleguen que los traslados vulneraban, no solo el arraigo y la unidad familiar, sino también el debido proceso, el derecho de defensa y la dignidad humana, especialmente si los buques no estaban habilitados como establecimientos carcelarios o si el aislamiento les impide comunicarse con sus abogados. Sin embargo, esos derechos deberán ponderarse frente a las razones de seguridad que va a invocar el gobierno De la Espriella.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
