A Luis Carlos Agudelo le es difícil tomar por cierta la tragedia que está viviendo. Kevin Antony Agudelo, su hijo, fue baleado en el pecho el pasado 3 de mayo en un operativo policial en Siloé (Cali). Nos respondió una entrevista en horario cambiado, pues hace unos días salió de Colombia con apoyo de Amnistía Internacional. Durante meses se volvió investigador para encontrar pruebas y testimonios que pudiesen servir para el expediente de su hijo, un joven futbolista aficionado de 22 años, quien en su última noche acompañó una velatón en honor a víctimas del paro nacional, en donde se convirtió en una de ellas. Agudelo, padre, denuncia una persecución en su contra.
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El asesinato de Kevin Agudelo es uno de los expedientes que entra en la imputación contra el coronel Édgar Vega, comandante operativo de la Policía de Cali, y el teniente Néstor Mancilla, comandante de los Grupos de Operativos Especiales de Seguridad (Goes). Ambos tenían la audiencia el pasado 17 de noviembre, pero la diligencia quedó suspendida y hoy, 1° de diciembre, todo está listo para reanudarse. Serán investigados por homicidio, por la muerte de Agudelo y otros cinco manifestantes: José Ambuila, Hárold Rodríguez, Éiner Lasso, Edwin Villa y Miguel Pinto. La hipótesis no los vincula con la autoría de las muertes, sino por su presunto incumplimiento en su posición de garantes de la protesta social.
“He recuperado un poco la tranquilidad desde que salí. Primero fueron seguimientos a mi esposa, ella recibió unas llamadas de parte de personal que decía ser de la Sijín de la Policía, que necesitaba ir a la casa a tomar unos datos. A mí sí me asediaron en la calle. Motos. Yo trabajaba en un carro de servicio público y dos veces me pasó que me paraban y me preguntaban una serie de cosas que no tenían que ver con el procedimiento. Los operativos deben ser como manda la norma, pero no tenían chalecos”, explica Agudelo.
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En una carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Amnistía Internacional explicó la situación de riesgo. “Agudelo se encuentra sin posibilidad laboral dentro del país, puesto que siente que sus otros hijos y familia se encuentran en riesgo a raíz de la visibilidad que se ha hecho de la denuncia por el asesinato de su hijo”, se lee en el documento. La ONG dio credibilidad a los registros de Nomadesc, la organización de derechos humanos que acompaña a Agudelo, la cual para agosto recogió uno de sus testimonios. “Tenga mucho cuidado”, recuerda que le dijo un uniformado tras pararlo en Cali.
La noche del 3 de mayo de 2021, Agudelo asistió con su novia a una velatón en la glorieta de Siloé, uno de los epicentros de la protesta en Cali. La comunidad entregó su apoyo a, por ejemplo, la familia del joven Nicolás García Guerrero, quien un día antes fue asesinado con arma de fuego. Mientras la comunidad participaba en el acto, a eso de las 8:00 p.m., se escucharon estruendos y el aire se llenó de gases lacrimógenos. En medio de la confusión, Kevin Agudelo fue alcanzado por una bala, presuntamente disparada desde donde se había ubicado el operativo del Goes y el Esmad.
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“En la lectura del expediente, lo que noto es que los jóvenes cerca de la rotonda de Siloé no estaban haciendo ningún acto de disturbio. Estaban en un plantón pacífico. Siendo aproximadamente las 8:00 p.m. se va la luz. Entonces el Esmad funciona como un agente de invisibilización: usa sus escudos para que el Goes se esconda detrás de ellos y use sus fusiles”, le dijo a El Espectador María Alejandra Garzón, apoderada de la familia Agudelo. En cámaras de celular quedó registrado el afán de los manifestantes, quienes quisieron reanimar a la víctima. Lo llevaron al hospital Los Chorros, pero no había nada que hacer ante la herida en el corazón.
A Kevin Agudelo lo conocían como “El Polaco”. El sobrenombre se lo debían a su mamá, Ángela Jiménez, quien desde pequeña ha sido “la polaca” por su tez blanca. Unos días antes de su asesinato, el joven había terminado electricidad industrial en el Sena y entre sus planes estaba iniciar Ingeniería. Luis Carlos Agudelo recuerda el amor de su hijo por el fútbol, el deporte que el joven quiso practicar a nivel profesional. Desde los 11 años jugó en distintos equipos en Cali y Tolima. Tras su asesinato, amigos le hicieron un mural con un balón de fútbol. “Muy triste para uno como padre ver cómo alguien que no piensa acaba con los sueños y las alegrías de un joven como el mío”, agregó el padre exiliado.
Los comandantes
El abogado Hollman Ibáñez representa judicialmente al coronel Édgar Vega, comandante operativo de la Policía de Cali. Aseguró que desvirtuará la hipótesis de la Fiscalía, una vez inicie la imputación. “El homicidio que le están imputando al señor coronel Vega es casi que una omisión, porque tenía la posición de garante. ¿Él debía estar correteando a los policías? Hay una cosa que debe quedar clara: la Policía, a pesar de ser una institución jerarquizada, no tiene algo que se llama obediencia debida, como sí pasa con las Fuerzas Militares. Aquí los policías tienen autonomía, nadie les ordena disparar. Se rigen bajo las normas de proporcionalidad, legalidad y necesidad”, dijo en entrevista.
Agregó que la Fiscalía no debería buscar delincuentes en la Policía, pues en realidad quienes habrían disparado sus armas, según él, fueron grupos de delincuencia organizada. “Si los policías al mando del coronel Vega accionaron sus armas, fue porque en ese momento hicieron una valoración de la situación y estiman que deben accionarse las armas de fuego. Pero el coronel, que es un hombre trabajador, condecorado y felicitado, no estaba en ninguno de los sitios donde fallecieron personas”, explicó Ibáñez. Según registros de Indepaz, en Cali murieron 45 de las 80 muertes registradas durante el paro nacional, entre ellas civiles y policías.
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Camilo González-Posso, director de Indepaz, por su parte señaló que ambos comandantes podrían ser penalizados tanto por acción o por omisión. “En Cali lo que hubo fue un levantamiento de protesta que había tenido antecedentes en 2019. Lo de Siloé fue completamente desproporcionado. Fue el ingreso a mano armada, con víctimas, que motivaron una indignación profunda. Los policías tienen una responsabilidad por acción o por omisión. Tienen una jerarquía, una responsabilidad de mando por la cual tienen que responder”, le dijo a El Espectador.
Luis Carlos Agudelo recibe acompañamiento en el país donde encontró salida, mientras se resuelven sus denuncias y el expediente de su hijo. Espera que el juez de garantías lo deje participar en la audiencia, pues el pasado 17 de noviembre no pudo conectarse. Recuerda con tristeza casos de otros familiares de víctimas. “Uno no está preparado para una cosa de estas. Cuando rompen un vínculo así de esta forma, el desenlace de esto es terrible para uno. Yo no entendía muchas veces qué era lo que había sucedido. Era la una o dos de la mañana y yo sentado en la sala mirando para todos lados. Yo tengo una niña de tres años y esa niña habla y se hace entender muy bien. Si le preguntas qué le pasó al hermano ella te lo dice. Imagínate una imagen de esas para una criatura de tres años”, concluye Agudelo.
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“No se vaya a hacer matar por esto”
David Escobar es un documentalista que conoció a Luis Carlos Agudelo el día del sepelio. En el documental “Paren de Matarnos”, Escobar registró las primeras palabras de un padre quien prometió buscar justicia por el crimen. “Ojalá este sacrificio de tantos jóvenes sirva. Están pidiendo lo justo, lo que les pertenece”, dijo. Luego de ello, le contó Escobar a este diario, un colega se interesó desde Reino Unido por la convulsión del paro nacional. Se trata de Alexander Houghton, quien en mayo aterrizó en Cali en representación de Channel 4.
En el reportaje “Colombia: Young protestors dead and disappeared”, Houghton tomó como historia central la muerte de Kevin Agudelo. No obstante, hechos durante la tras escena de ese video fueron denunciados ante la Fiscalía. Luego de grabar al padre de la víctima, Escobar y Houghton fueron al lobby de un hotel en Cali. “Estábamos haciendo la transferencia de datos y llegaron dos hombres en moto, armados. Nos dijeron que les entregáramos celulares y se llevaron nuestros equipos. Uno de ellos se devolvió caminando y nos apuntó con el revolver a la cabeza, viendo un disco duro que estaba en la mesa. Lo tomó y dijo: ‘no se vayan a hacer matar por esto’”, señaló Escobar.
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La denuncia fue interpuesta por Escobar el pasado 18 de mayo. No obstante, como no ha sido actualizado, el periodista envió un derecho de petición. El pasado 22 de noviembre la Fiscalía seccional de Cali le respondió que “revisando en las bases de datos, no figura dicha denuncia”. En el documento, Escobar referenció que el día del robo intentó grabar en la Estación de Policía de El Lido. Relató haber tenido un altercado con uniformados que no le permitieron registrar las imágenes. “Me pidieron otros datos personales, y mi número telefónico, lo que se convirtió en un empadronamiento”, señaló. Horas después le quitaron US$5.710 en elementos de trabajo.
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