Cajanal EPS terminó pagando dos veces el incumplimiento de la aseguradora, pues canceló el valor del contrato a ésta y tuvo que responderle a las IPS por la atención de siniestros que estaban a cargo de la compañía.
La aseguradora deberá devolverle al Estado $9.000 millones por incumplir el pago de procedimientos de alto costo a afiliados de la Caja Nacional de Prevención Social EPS (liquidado), la cual había suscrito con la aseguradora un contrato cuyo objeto era el de cubrir este tipo de siniestros. Posiblemente, los recursos recuperados llegarían al Ministerio de Protección Social y al antiguo Cajanal EPS, hoy liquidado y manejado por Fiduprevisora S.A., para atender los pasivos de esta entidad.
En 2007, Javier Sanclemente, coordinador jurídico de Cajanal en Liquidación, dejó en manos de la Contraloría General de la República establecer posibles irregularidades y responsabilidades fiscales causadas a esta entidad por la Unión Temporal Liberty, conformada por Liberty Seguros S.A. y Liberty Seguros de Vida S.A. Diez años después, se logró comprobar la falta en la que incurrió la Unión Temporal y la Contraloría le imputa cargos fiscales.
Según el fallo fiscal de la Contraloría y el auto que resuelve el recurso de apelación instaurado por la defensa de la aseguradora, documentos conocidos por El Espectador, el daño causado por la UT Liberty, “a título de culpa grave”, se generó por la negación injustificada del pago de siniestros por parte de la compañía, objeciones que se tramitaron a través de la firma auditora International Manager Care Services (IMCS), lo cual era su obligación de acuerdo con el objeto de un contrato suscrito por Cajanal y UT Liberty Seguros en el año 2000.
Debido a la actuación de la aseguradora, Cajanal debió asumir la cancelación de los siniestros a la IPS, generándose un detrimento fiscal por $ 9.105 millones, aunque la pretensión de la entidad estaba causada en $21.119 millones. “Lo que convoca a este órgano de control a iniciar la acción fiscal es la negativa de la UT Liberty a reconocer las reclamaciones de Cajanal S.A. EPS, circunstancia que configura el detrimento al patrimonio público por la cancelación que ésta hiciera a las IPS y a la UT Liberty, por el cubrimiento de enfermedades de alto costo, generando un doble pago”, explica la sentencia de la Contraloría,
Claudia Serrano, contralora delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, encargada del proceso contra la aseguradora, explicó que “Cajanal pretendía un pago por $22.000 millones, sin embargo se comprobó que fueron eran 4.700 siniestros los que la aseguradora no pagó injustificadamente, asumiendo la cancelación Cajanal, por lo tanto el detrimento se acusó en $ 9.105 millones”. Serrano puntualizó además que “el detrimento sólo lo asume la aseguradora, ya que logramos comprobar que ningún funcionario público omitió la actuación de la misma, al contrario ellos pagaron e hicieron todas las actuaciones”.
Por otra parte, se comprobó que “las actividades de la firma auditora IMCS fueron respaldadas totalmente por la Unión Temporal Liberty, existiendo total identidad entre éstas, de ahí que la conducta del contratista UT Liberty fue una misma con las del auditor IMCS; existía vínculo entre la firma auditora y los aseguradores, lo que explica la falta de imparcialidad de la función de la auditoría, vínculo que no se expuso a Cajanal, en el momento de escogencia de la auditoría”. Es el caso que quien estuvo a cargo del proceso auditor durante el tiempo que ocurrieron las irregularidades, “el auditor médico Paúl Quintero se hallaba vinculado laboralmente con Liberty, conservando su labor de auditoría con Cajanal EPS”.
Sin embargo, la firma auditora no fue vinculada al proceso ya que ésta no ejercía funciones de “gestor fiscal”, además el compromiso contractual estaba en manos de la Unión Temporal Liberty y no de la auditoría.