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A segunda instancia se fue el fallo de una tutela con la que las comunidades indígenas, campesinas y afro, le salieron al paso a la intención del Gobierno por retomar las aspersiones aéreas en medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión que un juez de Pasto tomó el del 27 de mayo y les dio la razón a las comunidades que impugnaron esta decisión parcialmente para que se incluyera en el fallo al Ministerio del Interior “dada la competencia y responsabilidad directa que le corresponde en la violación del derecho fundamental de consulta previa”. El Tribunal Administrativo de Nariño se mantuvo en la decisión de primera instancia y le dio la razón a las comunidades.
Además, ratificó la decisión que tomó el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto que suspende las licencias para retomar las fumigaciones hasta que se garantice el derecho a la participación de las comunidades. Asimismo, confirmó que no hay posibilidad de realizar audiencias y la consulta previa de manera virtual. Así las cosas, queda en veremos el regreso del glifosato, por lo menos, hasta que la emergencia sanitaria se levante.
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De acuerdo con el fallo, se deben garantizar los “derechos fundamentales al debido proceso, a la consulta previa, a la participación y acceso a la información de los nombrados demandantes, los cuales son objeto de amenaza y vulneración, en el desarrollo del procedimiento ambiental para la modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato(PECIG)”.
La impugnación fue interpuesta por 93 personas y 88 organizaciones como la Asociación De Consejos Comunitarios Del Norte Del Cauca (ACONC), el Consejo Mayor Comunitario Del Río Anchicayá, Comisión Nacional De Territorios Indígenas, Consejo Regional Indígena Del Cauca (CRIC), Asociación De Cabildos Indígenas Del Municipio De Villagarzón (Putumayo) y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y fue elaborada desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), contra la sentencia de tutela de fecha 27 de mayo de 2020. Las organizaciones manifestaron estar Inconformes “frente a la orden de desvincular a todas las entidades diferentes a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Policía Nacional. Señala que se debe ordenar la vinculación del Ministerio del Interior”.
En dialogo con El Espectador, la abogada Jennifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la CNTI, aseguró que esta decisión “más allá de haber prevenido que se reactivaran las fumigaciones sin haber hecho el proceso de consulta previa y de evaluación del riesgo con las comunidades, es un logro importante en el tema ambiental en la medida de que las comunidades que están en estas zonas afectadas por el glifosato deben ser escuchadas y las medidas que tome el Gobierno, deben recoger todos esos cuestionamientos”.
El 2019, empezaron los trámites que modificarían el Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución 1065 del 26 de noviembre de 2001. Con este proyecto inició la discusión sobre la reactivación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG), que está bajo la dirección de la Policía y que propone retomar las aspersiones aéreas con glifosato en 104 municipios distribuidos en 14 departamentos del país. Pero en la práctica, el programa tiene más agravantes que difieren según las comunidades.
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Por ejemplo, a julio de 2019 existían 893 solicitudes de formalización, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas presentadas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sin tener respuesta. Asimismo, no se había dado respuesta a 125 solicitudes de protección de territorios ancestrales cobijados por el decreto 2333 de 2014 y 56 reservas indígenas no habían sido declaradas resguardos indígenas modernos. El meollo del asunto está en contemplar estos territorios como zonas para fumigación con glifosato.
Además de las comunidades étnicas, el fallo de primera instancia fue impugnado también por la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales (ANLA), la Dirección Antinarcóticos de la Policía, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). De acuerdo con sus intervenciones, “la audiencia a realizarse el 27 de mayo de 2020 (…) es una actuación de trámite que permite ser un mecanismo de partición efectiva por parte de la comunidad.
Además, propusieron otras alternativas que reduzcan las brechas tecnológicas en los territorios como, por ejemplo, “una frecuencia radial y en medio digital de plataformas para aquellos que pudieran ingresar, con la opción de enviar documentos a la entidad vía web si se viere afectado”. Las presiones que, en paralelo, hacen Gobiernos extranjeros como, por ejemplo, Estados Unidos. El Gobierno Norteamericano aprobó la ayuda anual a Colombia con la condición de que el 20% de la ayuda para la lucha antidrogas se hagan efectiva luego de certificar que los programas de erradicación respetan el Acuerdo de Paz y la decisión de la Corte Constitucional.
Mojica advirtió que se debe prestar atención a lo que sigue luego de esta sentencia. “Si bien el Gobierno tiene que hacer un nuevo plan para garantizar la participación en el proceso ambiental, también hay que estar alertas sobre qué pueda pasar en la Corte Constitucional, porque evidentemente hay mucha presión de los sectores interesados en que se aproveche la pandemia para hacer procesos flash de consulta virtual. Hay que estar atentos a que no ganen las presiones económicas”, explicó.
Por otro lado, las comunidades indígenas recibieron con alegría la decisión del tribunal de Nariño. Para Miladi Morales, acompañante del programa económico-ambiental del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es un avance importante para la protección de derechos de las comunidades indígenas. Morales le dijo a este diario que “la política antidrogas en Colombia ha fracasado y muestra de ello son las falencias en la implantación del punto cuatro del Acuerdo de Paz. Las fumigaciones lo que hacen es profundizar las problemáticas ya existentes en los territorios”.
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Según Camilo Niño, secretario técnico Indígena de la CNTI y líder indígena del pueblo Arhuaco, “si el fallo del Tribunal hubiese sido diferente, se afectaría directamente el derecho a la vida y a la permanencia en los territorios. En los territorios donde se planea fumigar, además de no ser consultados y la autonomía alimentaria de los pueblos, son en estos lugares donde han aumentados las amenazas y los asesinatos”.
Ambas comunidades indígenas advierten de las consecuencias que trae el glifosato. Según Miladi Morales, “las afectaciones son considerables porque ya tenemos un precedente a partir del año 2001. Desde esa fecha se pudo evidenciar afectaciones ambientales y sociales a raíz del glifosato”. La situación no es diferente en las orillas del rio Anchicaya ubicado en Buenaventura (Valle). Allí, las autoridades le declararon la guerra a los cultivos de coca fumigando en tres ocasiones esta zona habitada por comunidades afro: 2011, 2012 y 2013.
De acuerdo con Jorge Histon Segura, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del río Anchicaya, “desde el 2011, hemos venido haciendo el análisis y, por ejemplo, el mejor chontaduro salía de esta zona, ya ese chontaduro no existe. Cuando hacen la aspersión aérea afectan cultivos de pancoger. El chontaduro quedó con una plaga que hace que la palma ya quede hueca y no produzca más, eso llegó con las fumigaciones con glifosato”.
Segura le dijo a El Espectador que la situación en esta región del pacifico es preocupante ya que “ese era un producto de valor agregado y que ayudaba a la economía del pacífico dejando personas desamparadas”. De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional de 2015, el glifosato trae repercusiones en la salud, situación que empeora en tiempos de COVID-19.
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Según Mojica, “encontramos que las comunidades en estas zonas tienen una extrema vulnerabilidad. No tienen acceso a servicios fundamentales, están en pobreza extrema, están en un riesgo real en su integridad por la presencia de actores armados. La militarización de estás zonas es muy fuerte lo que hace que se recrudezca el conflicto”.
En este sentido, Segura le dijo a este diario que “en medio de la pandemia, somos una comunidad que no tiene acceso a la salud. Si ocurriera una situación de COVID-19 o una afectación a la salud por cuenta del glifosato, en ninguno de los dos casos podríamos a tenderla”.