Fueron capturadas y judicializadas tres personas que posiblemente son las articuladoras de una red de tráfico de migrantes. Son señaladas por las autoridades de obtener documentos falsos para tramitar visas estadounidenses, además de trasladar de manera irregular a migrantes hacia Tijuana (México) para entregarlos a coyotes. Responderían por los delitos de tráfico de migrantes, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
Las capturas se dieron en Bogotá y Don Matías (Antioquia) en un operativo coordinado por la Policía Nacional junto con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos (DSS) y la Fiscalía General. Los detenidos son Maiker Enrique Villa Mesa, su pareja sentimental, Luz Dary León Gallego y Clara de las Mercedes Yépes Palacios. Los dos primeros aceptaron cargos.
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Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, Los Hunters presuntamente falsificaban historias clínicas y otros documentos para simular que sus clientes sufrían de enfermedades de alto costo y así justificar la urgencia del trámite de la Visa a Estados Unidos. Aparentemente, Villa Mesa y su pareja León Gallego coordinaban desde Bogotá las citas de urgencia ante el consulado, lográndolas adelantar en menos de 15 días. Además, preparaban a los migrantes, que pasarían ilegalmente la frontera, explicándoles que debían simular ser jóvenes misioneros religiosos o miembros de la Comunidad LGBTIQ+ en busca de refugio para engañar a los funcionarios migratorios al pasar la frontera.
La investigación también señaló que aparentemente Yépes Palacios estaba encargada de captar a los solicitantes a quienes les ofrecía el trámite de la Visa americana o el traslado ilegal hasta el país, así como visas de residencia y ciudadanías. La explicación que daba a sus clientes es que todo esto se realizaría por medio de un funcionario del consulado americano. Según la entidad tenían varias tarifas según el servicio, el traslado ilegal por México valía 5.000 dólares, el trámite de la Visa de Turismo entre 2.000 y 3.000 dólares y por la supuesta Visa con residencia americana un total de 20.000 dólares.
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La aparente alteración de los formularios DS-160 de la Embajada americana les permitía adelantar citas que se encontraban agendadas para 2027 y hacer que los funcionarios incurrieran en un error, aprobando las visas. Por los delitos anteriormente mencionados, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó cargos, además todos los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.
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