Cinco personas, entre ellas militares activos, en retiro y particulares, fueron capturadas por, presuntamente, extraer y comercializar ilegalmente municiones y otros elementos de uso exclusivo de la fuerza pública. Según detalló la Fiscalía General de la Nación, los detenidos habrían permitido alterar los registros y controles establecidos para la custodia del material en diferentes sedes militares.
La operación fue coordinada por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las personas fueron capturadas en Armenia (Quindío), Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá), Villavicencio (Meta) y Bogotá.
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Según detalló el ente investigador, se trata de tres suboficiales, uno activo y dos en retiro, y dos civiles. Asimismo, señaló que en la cárcel La Picota, en Bogotá, fue notificado de su vinculación a este proceso Óscar Roberto Cediel Hoyos, alias “Sargento García”, quien ya cumple una condena por los delitos de tráfico de armas y sería el encargado de coordinar la actividad ilícita desde el centro carcelario.
Las evidencias recopiladas por la Fiscalía dan cuenta de que, presuntamente, la estructura contactaba a funcionarios que desempeñaban labores de almacenamiento de armamento en diferentes guarniciones. “Al parecer, les ofrecían dinero y otros beneficios a cambio de alterar registros, generar legalizaciones fraudulentas y facilitar la extracción de armas, municiones y componentes”.
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Luego, según la Fiscalía, estos elementos eran comercializados a diferentes grupos armados. Hasta el momento, la entidad investigativa ha documentado hechos delictivos en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, y en el Batallón de Infantería Mecanizada Número Cinco General José María Córdova, en Santa Marta (Magdalena).
En Ibagué, un uniformado habría sido contactado en cuatro oportunidades, en medio de promesas de pagos que oscilaban entre COP 4.000 y COP 6.000 por cada cartucho entregado. La Fiscalía señaló que, entre 2025 y 2026, la cantidad solicitada superó las 4.000 unidades.
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En Santa Marta, un sargento viceprimero que se desempeñaba como almacenista de armamento habría avalado la salida de 22.126 cartuchos calibre 5,56 milímetros, avaluados en más de COP 61 millones, el 11 de septiembre de 2025. El material habría sido entregado a otras personas que “harían parte de la red delincuencial para su posterior venta a los contactos que establecía alias Sargento García”, explicó la Fiscalía.
Por estos hechos, el ente investigador presentará a los capturados ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación; y cohecho por dar u ofrecer.
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