La Fiscalía judicializó a Queila Maryuri Orozco Trujillo, empleada de una entidad bancaria en La Dorada (Caldas), señalada de ser el enlace de una red delincuencial dedicada a la extorsión desde centros carcelarios. De acuerdo con la investigación, la mujer habría entregado información confidencial de clientes a integrantes de esta estructura ilegal que operaban desde la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana.
Según el ente acusador, con los datos entregados por la funcionaria, los delincuentes suplantaban a las víctimas para tramitar créditos a su nombre. Una vez aprobado el préstamo, la empleada, presuntamente, alertaba al jefe de la organización sobre el movimiento del dinero, lo que permitía activar de inmediato la siguiente fase del plan criminal.
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En ese punto, las víctimas eran contactadas telefónicamente por integrantes de la red, quienes, bajo intimidaciones, exigían la entrega de dinero. Esta modalidad, conocida como extorsión carcelaria, utiliza información privilegiada para generar amenazas y presionar a las personas a realizar pagos ilegales.
Las pruebas recopiladas por la Fiscalía dan cuenta de que Orozco Trujillo habría sostenido más de 670 comunicaciones con el presunto jefe de la red criminal. En esos intercambios, según las autoridades, se habría facilitado información financiera de los usuarios.
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Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó a Queila Maryuri Orozco el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Durante las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso en su contra.
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