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3 Feb 2022 - 1:35 a. m.

Capturan al coronel (r) González del Río por presuntos vínculos con narcotráfico

El militar ya fue condenado a 37 años de prisión por su participación en el asesinato de dos jóvenes en Neira (Caldas). Estaba en libertad tras someterse a la Jurisdicción Especial para a Paz (JEP). En la operación que dio con su captura también hay otros militares detenidos.
El militar, condenado por falsos positivos, fue dejado en libertad tras acogerse a la JEP.
El militar, condenado por falsos positivos, fue dejado en libertad tras acogerse a la JEP.
Foto: Archivo

El coronel (r) del Ejército Róbinson González del Río fue recapturado porque, al parecer, sería parte de una estructura criminal al servicio de la banda narcotraficante Los contadores, que opera en el departamento de Nariño. El militar había sido condenado a 37 años de prisión por dos casos de ejecuciones extrajudciales ocurridas en 2007 y fue dejado en libertad en 2018, tras haberse sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la operación que dio con la captura de este militar retirado, que se desarrolló en Pasto (Nariño), también fueron detenidos otros militares y civiles. Fuentes del CTI de la Fiscalía explicaron que se trata de una banda de oficiales retirados y otros en servicio que habrían estado auxiliando a Los Contadores, una banda criminal que se ha dedicado desde los últimos cinco años a atemorizar a los habitantes del municipio de Tumaco (Nariño).

González, quien fue coronel del Ejército hasta 2014, ha afrontado en varias ocasiones procesos en los que se le señaló por haber abusado de su poder y rango para asesinar civiles y hacerlos pasar como bajas en combate con grupos armados. La condena contra el militar se dio en julio de 2016, cuando en segunda instancia se determinó su participación en el asesinato de dos jóvenes en la vereda Trocaderos en Neira (Caldas), en septiembre de 2007.

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El coronel (r) ya ha enfrentado antes otros juicios por falsos positivos. Hasta 2015, el militar fue señalado dentro de un proceso en el que se le relacionaba con el asesinato de 31 personas, caso en el que también fue condenado, pero la decisión fue tumbada en la segunda instancia, cuando llegó al Tribunal Superior de Antioquia.

Antes de salir de la institución, González ya se encontraba recluido, pero lo que selló su salida del Ejército fueron unos audios en los que se reveló que el entonces coronel utilizaba su lugar de reclusión como centro de negocios ilegales. En las grabaciones constaba que el hoy retirado militar sostenía conversaciones con otros miembros de la institución, con los cuales pretendían montar una especie de mafia para denunciar a los fiscales que investigaban los casos de falsos positivos.

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Róbinson González del Río también estuvo implicado en unos supuestos sobornos a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. En 2013 salieron a la luz unos audios en los que se escuchaba al hoy coronel (r) conversando con el entonces magistrado de la Sala Disciplinaria de ese tribunal, Henry Villarraga, sobre la posibilidad de trasladar su caso de la justicia ordinaria a la Justicia Penal Militar. Uno de los audios que se conoció en ese momento, constataron que el militar hablaba de pagarle una dádiva de $400 millones al magistrado para adelantar el traslado de los expedientes. El escándalo causó su transferencia a La Picota (Bogotá).

Otro de los casos que enlodan el nombre del militar retirado es la acusación en su contra por supuestamente ser el líder de una red de oficiales y suboficiales activos y retirados que habrían sacado armas de largo alcance de distintos batallones del Ejército para vendérselas a grupos al margen de la ley. Dentro de los principales clientes en la venta de armas habría estado el Clan del Golfo.

Sobre el caso de la venta de armas, la Fiscalía explicó que su trabajo consistía en extraer armas de los batallones del Ejército y, a través de los suboficiales, transportarlas hasta los lugares señalados por los grupos ilegales. Los militares se aprovechaban de su investidura para burlar los retenes de la Policía de carreteras.

La Fiscalía encontró que Villavicencio fue un punto clave para extraer el armamento –en su mayoría, fusiles– y que la entrega se dio especialmente en poblaciones del Bajo Cauca antioqueño como Tarazá y Caucasia. Acorralado, en junio de 2013, el coronel (r) González del Río empezó a hablar. Fueron más de 100 horas de entrevista con un fiscal de Derechos Humanos, en las que salpicó a nueve generales del Ejército e indicó tener información sobre al menos 50 casos y 64 ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, solo ha sido condenado por dos falsos positivos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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