El caso Hyundai está llegando a su conclusión. Este viernes fue casi finiquitado el preacuerdo entre la Fiscalía y el empresario Carlos Mattos, quien desde hace meses aceptó haber sobornado jueces y pagar por manipular la Rama Judicial en 2016. El empresario, dueño de Hyundai Colombia por 25 años, aceptó pagar cuatro años y ocho meses en prisión. Además, resultar multado con $93 millones. Por otro lado, hace meses Mattos ofreció pagarle US$1 millón a la Rama Judicial y Fiscalía para reparar los daños hechos con sus maniobras corruptas. Solo falta el aval del juez del caso.
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Este preacuerdo se da dentro del llamado Caso Hyundai, el cual arrancó en 2016, cuando la casa matriz de esa marca en Corea rompió relaciones comerciales con Carlos Mattos luego de 25 años, para comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri. En ese entonces, el empresario interpuso una demanda civil, con la que logró una medida cautelar en 2016 que frenó la decisión de la multinacional. Para resultar favorecido, puso dinero por debajo de la mesa a jueces y logró manipular el sistema de repartos de la Rama Judicial. Por estos hechos está en juicio el juez Reinaldo Huertas y fue condenada la jueza Ligia del Carmen Hernández.
De acuerdo con lo explicado por el ente investigador, con el preacuerdo, el empresario acepta su responsabilidad en los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación, daño informático y cohecho (soborno) por dar u ofrecer, entre otros delitos. Mattos, por tanto, renuncia a su presunción de inocencia y le ahorró a la Rama Judicial tener un juicio oral público y contradictorio. Accedió a una rebaja de una tercera parte de su condena, aceptando y quedando retratado, bajo confesión, como aquel empresario que convenció con su billetera a jueces para favorecerlo en un proceso administrativo.
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En su intervención, la Fiscalía sostuvo que con este preacuerdo se le rebajaría tres meses de pena por el daño a la informática agravado. También tres meses por el delito de utilización ilícita de redes de comunicación, dos meses por cohecho por dar u ofrecer al funcionario judicial Dagoberto Rodríguez Niño y otros dos meses por este último delito en lo referido a dineros entregados a jueces. Dentro de la audiencia, Francisco Bernate, apoderado de la Rama Judicial, sostuvo que ve con buenos ojos la entrega de US$ 1 millón en reparaciones. No obstante, la Procuraduría se negó a que el dinero fuera entregado a la Ficalía.
A inicio de esta semana, Carlos Mattos, quien fue extraditado de España, en noviembre pasado, quedó inmerso en un nuevo escándalo por haber salido del centro penitenciario en compañía de guardias del Inpec a cumplir, lo que sería, labores personales en un edificio en el norte de Bogotá. El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses de Mattos, en diálogo con Blu Radio anunció que sostuvo reuniones en varias ocasiones por fuera del centro penitenciario. “En La Picota, las visitas no son tan fáciles como antes de la pandemia. Carlos me decía estaré en un centro médico para hacerme unos chequeos médicos. Allá llegaba yo. Las reuniones eran concertadas”, resaltó el abogado, quien no ha descartado que las salidas de la cárcel obedecen al grave estado de salud que presenta el empresario.
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El juez del caso señaló que el próximo viernes 11 de marzo dará sus consideraciones y tomará su decisión sobre el preacuerdo pactado entre Mattos, las víctimas, la Fiscalía y en presencia de la Procuraduría. Durante la audiencia se explicó que uno de los delitos por los que Mattos está acusado, cohecho (soborno), no tiene beneficios judiciales que le permitan pagar una eventual pena en casa. Sin embargo, el abogado Cancino le dijo a este diario, que podría incluirse la variable de un delicado estado de salud y pueda obtener la prisión domiciliaria u otra pena sustitutiva. El próximo viernes el mismo juez tomará su decisión. Tiene dos variables, acepta el preacuerdo y Mattos queda sentenciado, o niega las negociaciones y el empresario sigue en juicio. La próxima semana Mattos seguirá dando noticias.
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