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El reconocido empresario Carlos Mattos, antiguo dueño de Hyundai Colombia, fue sentenciado a 9 años y cinco meses de prisión. Luego de negociaciones con la Fiscalía y con la Rama Judicial, y el pago de USD $1 millón como indemnización, su proceso penal por soborno a jueces quedó saldado, tras aceptar que entregó millonarias sumas para resultar favorecido en un proceso por la comercialización de automóviles marca Hyundai en Colombia.
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El proceso judicial en contra del empresario tiene su origen en un engranaje de corrupción que vinculó a varios funcionarios públicos, desde ingenieros, abogados y jueces que hacían parte del Complejo Judicial de Paloquemao. Allí, se habría orquestado todo para que Mattos se quedara con la representación de la marca Hyundai en Colombia, en 2016, una vez la casa matriz en Corea decidió comercializar los autos con el grupo ecuatoriano Eljuri.
Entonces, el reconocido empresario colombiano respondió con una demanda civil con la que logró una medida cautelar que frenó la decisión de la multinacional. Con esa determinación, llegaron una seguidilla de sobornos y favorecimientos por parte de Mattos, que tenía como finalidad mantener la representación de la marca en su poder. Un cargo que tuvo por 25 años. Por estos hechos, el juez Reinaldo Huertas fue destituido por 15 años y está bajo investigación penal.
Antecedentes: Carlos Mattos acepta pagar cuatro años de prisión y multa de $93 millones
Carlos Mattos, además, fue sentenciado a pagar una multa de 701 salarios mínimos para 2015, lo cual corresponde a $461 millones. Asimismo, no podrá ejercer funciones públicas durante ocho años. Su defensa judicial, no obstante, aseguró que dentro de los próximos cinco días interpondrá el recurso de apelación, buscando una nueva valoración judicial por la reciente condena por los delitos de cohecho (soborno) y daño informático agravado. “No tengo palabras”, dijo Carlos Mattos una vez conoció el monto de su condena.
“En el momento en el que ocurrieron los comportamientos que se le atribuyen, era propietario de una riqueza significativa, que superaba por mucho el capital promedio de la ciudadanía, al punto que pagó $1.100 millones al señor juez de Circuito y a su oficial mayor”, explicó entre sus consideraciones el juez del caso. Durante la audiencia, el jefe de despacho consideró que se configuraban las circunstancias de mayor punibilidad y agregó que, de no ser por el preacuerdo, pudo haber enfrentado una pena de hasta de 11 años en la cárcel.
Nuevas víctimas
En la presente audiencia, presentaron respectivas solicitudes para declararse víctimas las empresas Sida SAS y Casautos SA, concesionarias que señalaron millonarias afectaciones con las maniobras de Mattos. Solo Casautos aseguró pérdidas por $9.000 millones, dado que las medidas cautelares que logró el empresario imposibilitaron que comercializaran automóviles que ya habían acordado cuando Mattos fue reemplazado por orden de la casa matriz coreana.
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“Comprende el juzgado que esa medida cautelar afectó la actividad comercial de quienes se dedicaban a la compra y venta de bienes relacionados con la marca Hyundai en el tiempo en el que estuvo vigente la restricción que se adoptó de manera irregular”, señaló el juez del caso. Ambas concesionarias podrían ser reparadas, así como la Rama Judicial, la cual recibió una indemnización de USD $1 millón a mediados del mes pasado.
El abogado Óscar Sierra Fajardo, apoderado de Casautos, manifestó: “Es una condena ejemplar por un caso que ha transcendido del panorama nacional y emite una imagen absolutamente distorsionada de lo que son las instituciones judiciales de nuestro país. Aún falta conocer los argumentos de la defensa en sede de apelación, sin embargo, nos mantenemos optimistas frente a una confirmación íntegra del fallo en segunda instancia”.
El caso Hyundai en 2022
Hace unos días, por medio de un acuerdo sostenido entre el empresario y la Rama Judicial, Mattos pagó a esta corporación $3.731 millones como indemnización. El pago de este dinero, asegura el abogado Francisco Bernate, apoderado de la Rama Judicial, es “la indemnización más alta que ha recibido la Rama Judicial”.
Durante años, Mattos residió en España, donde tiene nacionalidad y desde donde aseguró tener graves problemas de salud. La Audiencia Nacional del país europeo, tras petición del Ministerio de Justicia nacional, permitió su regreso en extradición el pasado 17 de noviembre. El acuerdo internacional contemplaba que a Mattos no se lo juzgara por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones y acceso abusivo a un sistema informático. Desde entonces, Mattos quedó privado de su libertad y, por ahora, permanece en la cárcel de Cómbita (Boyacá).
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La llegada de Mattos a la cárcel de Cómbita fue producto de un remezón completo en el Inpec. Durante los primeros meses de 2022, el empresario estuvo recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, una publicación de Noticias Caracol develó que tenía privilegios como la posibilidad de ir al lugar que le placiera en la capital, escoltado por miembros del instituto y bajo permisos que únicamente le posibilitaban ir a citas médicas.
Tal fue el escándalo que desató la visita de Mattos a oficinas de su propiedad, mientras negociaba su preacuerdo, que el exdirector del Inpec, el general Mariano Botero Coy, fue relegado de la institución. La misma decisión cobijó a coronel retirado Wilmer Valencia, director de La Picota. Entonces, por unos días, el Inpec quedó en manos del coronel Joaquín Medrano, quien ordenó los traslados de internos como el condenado exsenador Eduardo Pulgar, quien aceptó haber intentado torcer un juez para favorecer un amigo político en Barranquilla. Ahora, Mattos, mandamás de Hyundai por décadas, quedó formalmente sentenciado por corrupción.
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