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El reconocido empresario Carlos Mattos, antiguo amo y señor de Hyundai Colombia por 25 años, fue trasladado a la Fundación Santa Fe, en Bogotá. Solo una semana después de anunciar su preacuerdo con la Fiscalía, para ser condenado con beneficios por el delito de soborno, presentó complicaciones de salud, situación que ha venido denunciando públicamente en los últimos años.
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De acuerdo con una fuente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), cercana al proceso de Mattos, el empresario salió el fin de semana pasado de la cárcel La Picota con fiebre. En el momento está en valoración en urgencias, a la espera de diagnóstico. Es la primera complicación bajo custodia de las autoridades nacionales, luego de que el pasado 17 de noviembre regresara a Colombia en extradición.
Justamente, mientras la Fiscalía lo investigaba por soborno, Mattos alegó por años desde España que tenía serios problemas de salud. Tal fue la gravedad de su estado, que las autoridades del país europeo permitieron que regresara en un vuelo, pero con el acompañamiento de personal médico. Mattos tiene 74 años y dos juicios en contra.
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La última información sobre sus procesos penales fue conocida la semana pasada. Por el juicio que tiene en contra por el delito de cohecho -soborno-, Mattos aceptó su responsabilidad y se comprometió a cumplir un preacuerdo para ser condenado pronto y obtener beneficios judiciales. Sin embargo, el trato no quedó cerrado del todo, porque la Rama Judicial solicitó un tiempo para verificar si la reparación de US$ 1 millón está ajustada. Irían por mitades para los bolsillos de la Fiscalía y la Rama Judicial.
El expediente del preacuerdo tiene que ver con la entrega de dinero en diferentes lugares, momentos y contenedores a la jueza Ligia del Carmen Hernández en 2016 y 2017. Entonces, Mattos estaba en una pugna administrativa con el Grupo ecuatoriano Eljuri, con el cual la casa matriz de Hyundai buscaba comercializar sus autos en Colombia. Mattos logró frenar esa decisión, entre otras cosas, por la intervención de la jueza Hernández.
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Hernández, por ejemplo, en mayo de 2016 dejó en firme unas medidas cautelares contra Eljuri, que le prohibieron comercializar vehículos de la marca Hyundai en el país. Incluso, impuso una caución de 1.500 salarios mínimos a la empresa ecuatoriana. Tiempo después, según la acusación, Mattos le envió un “presente” de $50 millones a través de su abogado y el entonces oficial mayor del Juzgado 6 Civil de Bogotá. En otra oportunidad, la jueza Hernández recibió $50 millones en una caja de zapatos, en el Centro Comercial Salitre Plaza en Bogotá.
La togada Hernández, por su parte, fue condenada en 2019 a dos años de cárcel. Menor fue la tasación de la pena a imponer contra Mattos, luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía: 2 años y medio. Se comprometió, justamente, a revelar información en otro expediente abierto. Se trata del juez Reinaldo Huertas quien ya fue destituido e inhabilitado por la Comisión de Disciplina Judicial y quien habría recibido dádivas por favorecer a Mattos en 2016.
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Mattos, además, acordó con la Fiscalía pagar en concepto de multa alrededor de 44 salarios mínimos, que tasados a la fecha de 2016 da casi $30 millones. Si el juez del caso acepta la negociación, el empresario tampoco podrá ocupar cargos públicos por cuatro años. Entre las tareas, de superlativo interés para la Rama Judicial, también está publicar un comunicado de excusas públicas por su conducta. En el documento deberá comprometerse a no volver a sobornar servidores de la Rama Judicial y funcionarios públicos en general. Deberá ser difundido en un medio de comunicación nacional.
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