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24 Aug 2020 - 11:00 a. m.

Cartageneros presentarán queja contra el director de Patrimonio por proyecto Aquarela

Un grupo de ciudadanos del Distrito de Cartagena consideran que el funcionario del Ministerio de Cultura sí tenía competencia para intervenir en la construcción del edificio, que hoy amenaza la característica de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad. Estos son sus argumentos.
Imagen de la torre uno del proyecto Aquarela, que amenaza la categoría de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad. / Archivo El Espectador.
Imagen de la torre uno del proyecto Aquarela, que amenaza la categoría de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad. / Archivo El Espectador.

Este lunes 24 de agosto, un grupo de ciudadanos radicará una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra de Alberto Escovar Wilson-White, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura porque, aunque habría tenido competencia para intervenir en la construcción del edificio Aquarela en Cartagena, no hizo nada y ahí está la estructura que ahora debe ser demolida.

En el documento, los accionantes argumentan que Escovar omitió sus funciones de vigilancia y control, violando la Constitución, la ley y el reglamento, en detrimento del patrimonio cultural del país y del Distrito de Cartagena. Son varios hechos los que estas personas exponen para demostrar el presunto incumplimiento del director de Patrimonio. Para empezar que, contrario a lo que Escovar ha afirmado en varios escenarios, él sí tenía competencia sobre el edificio Aquarela.

Así lo manifestó, por ejemplo, en una entrevista que dio el director de Patrimonio a El Espectador hace algunos meses: “Cuando el proyecto Aquarela se licenció, estaba ubicado en una manzana situada por fuera del área de influencia del Castillo de San Felipe, y la pregunta que le hicieron los promotores del proyecto al Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena (IPCC) fue sobre eso. El IPCC respondió que, en efecto, no estaba en la zona de influencia, y que, por consiguiente, era un proyecto que no estaba dentro de la competencia del Ministerio de Cultura. Lo que nunca dijeron era que construirían cinco torres de 32 pisos en una manzana que, de acuerdo con el POT de Cartagena de 2001, solo permitía cuatro pisos”.

Y es que, según el POT de La Heroica, que hace más de 15 años no se actualiza, en la zona del Centro Histórico de la ciudad no se permiten construcciones de libre altura. El límite es de cuatro pisos, pero Ronald Llamas, curador urbano N.° 1, decidió otorgar las licencias porque Aquarela había sido certificado por Corvivienda como proyecto VIS (Viviendas de Interés Social) y la circular del 10 de diciembre de 2013, expedida por la Secretaría de Planeación, no impone restricción de altura para esta categoría.

(Lea también: Controversia en Cartagena por proyecto de VIS que taparía visibilidad hacia el Castillo San Felipe)

Pero lo que señalan los ciudadanos que interpondrán la queja es que el Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena obvió el análisis sobre el área de influencia del Centro Histórico pues, según la Reglamentación del Centro Histórico de Cartagena (resolución 043 de 1994), el barrio Torices -donde está ubicado el edificio está incluido- se encuentra en la periferia de la ciudad amurallada, al igual que los barrios Manga, El Cabrero y Pie de la Popa; los alrededores del Castillo San Felipe y las fortificaciones de la Bahía. Entonces, los accionantes aseguran que la edificación Aquarela está dentro del perímetro de la zona de protección ambiental del Centro Histórico de Cartagena y la Dirección de Patrimonio Cultural tenía competencia sobre el proyecto.

Agregan que las autorizaciones y controles sobre la zona de protección ambiental del Centro Histórico de Cartagena son deber y competencia de esta entidad pues, tal como lo indica la ley, entre las funciones de la Dirección de Patrimonio están, entre otras, la de “elaborar, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, restauración, rehabilitación y atención de emergencia de los monumentos nacionales” y la de “orientar el diseño y la puesta en marcha de instrumentos para la protección del patrimonio cultural mueble e inmueble”.

En segundo lugar, los accionantes afirman que la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura podía suspender la ejecución del edificio y no lo hizo. Sustentan que, según la Ley General de Cultura (art.15 de la ley 937 de 1997), la autoridad administrativa que declaró un bien como de interés cultural “podrá ordenar la suspensión inmediata de la intervención que se adelante sin la respectiva autorización, para lo cual las autoridades de Policía quedan obligadas a prestar su concurso inmediato a efectos de hacer efectiva la medida que así se ordene”.

Además, esa misma ley le otorga funciones policivas al Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación y las entidades territoriales competentes en estos temas, para que impongan medidas, multas y decomisos definitivos a los hechos que se consideren como faltas contra el patrimonio cultural de la nación.

(Le puede interesar: Unesco: “Aquarela es solo uno de los problemas de conservación de Cartagena”)

Como tercer y último hecho relevante, los ciudadanos indican que, desde mediados de 2016, el Comité Técnico de Patrimonio de Cartagena le pidió al Ministerio de Cultura que estudiara el proyecto Aquarela, luego de que se conociera que esta estructura podía afectar la visibilidad del Castillo San Felipe, y aun cuando estaba enterado del Proyecto Aquarela, no se interpuso a la realización del mismo.

“¿Cuáles fueron las acciones tendientes a evitar la construcción del edificio? ¿Por qué no se ejerció la competencia administrativa y sancionatoria y se detuvo el proyecto desde antes del inicio de su construcción? ¿Por qué la Dirección de Patrimonio empieza a solicitar información del proyecto en enero de 2017, casi siete meses después de haberse enterado de la existencia del proyecto? Son algunos de los interrogantes que deberán quedar resueltos en el marco de la investigación disciplinaria”, expresaron los accionantes.

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Además, consideran que, si como se evidencia en la fotografía de Google Earth, a febrero de 2017 Aquarela no había comenzado a construirse, entonces por qué, teniendo la potestad de detener el inicio de esta obra, la Dirección de Patrimonio no tomó acción y esperó a que la torre alcanzara la altura que hoy tiene, con las implicaciones económicas que traerá la demolición y las consecuencias patrimoniales de esta construcción, como fue el recibir la advertencia por parte de la Unesco de perder el título de patrimonio mundial.

“La posición del señor Escovar fue intentar buscar responsables en funcionarios del Distrito de Cartagena, por ejemplo, buscar actos administrativos que nada tenían que ver con el proyecto y que fueron mal utilizados por quienes expidieron la licencia, como una circular relacionada con VIS aplicable únicamente a zonas donde se permitían este tipo de construcciones. Con este y otros argumentos se pretende cargar al Distrito de Cartagena, la responsabilidad patrimonial por las consecuencias que se deriven de la demolición del proyecto, para que sea únicamente el Distrito y no la Nación la que asuma los costes del daño antijurídico”, manifiestan.

(Noticia relacionada: Director de Patrimonio: ‘El costo de la demolición del Aquarela lo deberán asumir los constructores’)

Ahora, le corresponderá a la Procuraduría evaluar estos argumentos y determinar si, en efecto, el director de Patrimonio del Ministerio pudo ser negligente ante esta situación. Lo cierto es que, actualmente, el Castillo de San Felipe está eclipsado por una torre de veinte pisos sin terminar, que fue construida durante las discusiones legales entre el Ministerio de Cultura, el Distrito de Cartagena, la constructora y la Unesco, que, después de una misión de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), en 2017, supo del proyecto y prendió las alarmas: si Aquarela se construye, Cartagena podría salir de la lista de los lugares catalogados como Patrimonio de la Humanidad.

La finalidad del proyecto era construir cinco torres de 31 o 32 pisos. Los constructores solo alcanzaron a levantar una de ellas porque el Ministerio de Cultura interpuso una acción popular, en su afán de detener la construcción, que se inició con los permisos otorgados por el curador N.° 1 de Cartagena, quien fue detenido el 5 de junio de 2018 junto con Lucas Tamayo, representante legal del proyecto, y el arquitecto Claudio Restrepo, por los delitos de urbanización ilegal, prevaricato por acción y daño en recursos naturales. Todos ellos quedaron en libertad por orden del juez noveno de garantías de Cartagena, que consideró que no había motivos suficientes para enviarlos a la cárcel, aunque el proceso continúa.

El 3 de julio de 2019, durante la 43 reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco en Bakú, capital de Azerbaiyán, se le notificó al Gobierno Nacional del plazo de dos años que se le otorgaban para que el edificio Aquarela fuera demolido debido a las implicaciones negativas que tenía sobre los atributos del Centro Histórico de la ciudad, características por las que inicialmente fue incluida en la lista. Pero, recientemente, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat dijo que solo demolerá la estructura cuando lo ordene un juez.

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