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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial excluyó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, del ejercicio de la profesión de abogado. La decisión se tomó debido a la participación del exmagistrado Ricaurte como intermediario en el entramado de corrupción que buscaba torcer decisiones judiciales a cambio de sobornos en la alta corte. La máxima autoridad disciplinaria calificó la actuación de Ricaurte como una acción que “causó un inmenso perjuicio a la profesión de abogado y contribuyó a que la rama judicial sea altamente cuestionada por los administrados”.
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La decisión corresponde a la intervención de Ricaurte en varios procesos que se adelantaban en la Corte Suprema cuando él hacía parte de la corporación. Ricaurte recibió dineros para influir en los procesos contra Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Abraham Besaile Fayad, Nilton Córdoba Manyoma y Argenis Velásquez Ramírez. En estos hechos también estuvieron involucrados otros magistrados de las altas cortes, como José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.
Este entramado de corrupción buscaba dilatar, desaparecer o torcer procesos que llevaba la Corte Suprema utilizando la información que conseguían de primera mano como magistrados de la alta corte. Además de los magistrados, los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres y Leonardo Pinilla también participaron en el caso por el que hoy el exmagistrado Ricaurte pierde su potestad de ejercer el derecho.
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La ficha clave para que se revelara este escándalo fue la participación del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Después de que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons se fugara de la justicia colombiana que lo procesaba por un millonario desfalco al departamento, el exmandatario comenzó a participar como informante de la DEA. Allí recopiló varias grabaciones en las que Gustavo Moreno le pedía millonarias sumas para entorpecer su proceso dentro de la Fiscalía.
En junio de 2017, Gustavo Moreno fue capturado y acusado de recibir dinero a cambio de corromper procesos bajo su rol de fiscal. Posterior a su captura, Moreno y otros testigos confesaron la existencia de una red de corrupción en los más altos estrados judiciales, la cual era liderada por varios magistrados, entre ellos Ricaurte. El exsenador Musa Besayle afirmó que Ricaurte le habría pedido $2.000 millones para entorpecer su proceso en la Corte Suprema y evitar su condena.
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Por estos hechos, el exmagistrado fue condenado inicialmente a 19 años de cárcel por su participación en este entramado de corrupción, pena que fue reducida a 16 años por el Tribunal Superior de Bogotá. Ricaurte fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias de servidor público. La decisión de excluir a Ricaurte se da gracias al testimonio del exfiscal Moreno, en el que señalan al exmagistrado de pertenecer a este entramado de corrupción, lo que correspondería a una falta en el ejercicio de su profesión.
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