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El abogado Luis Ignacio Lyons España fue acusado formalmente por la Fiscalía e irá a juicio por el delito de cohecho por dar y ofrecer dentro del caso conocido como el cartel de la toga. Según el ente investigador, el exabogado del excongresista Musa Besaile, habría sobornado a algunos miembros de la Rama Judicial para frenar una orden de captura en contra de su entonces representado.
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El ente investigador sostuvo que no se logró negociar un preacuerdo con la defensa de Lyons España, razón por la cual formalizaban la acusación contra el abogado. Asimismo, recordaron que Lyons España a lo largo de este lío jurídico no ha aceptado cargos por el delito de cohecho, mismo delito con el que hoy fue acusado y por el que irá a juicio.
La Fiscalía manifestó que Lyos España era una parte fundamental dentro del entramado de corrupción que rodeó el proceso de Musa Besaile en la Corte Suprema. Más de $2.000 millones, sostiene el ente acusador, fueron repartidos entre el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y cuyo destino serían los exmagistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, quienes actualmente son procesados por estos hechos e insisten en que son inocentes.
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El despacho consideró que con lo presentado por la Fiscalía y ante la negativa de la defensa de Lyons España, se agotaban todas las instancias legales posibles. La primera audiencia de juicio se llevará a cabo el viernes 6 de mayo a las 8:00 am.
La hipótesis que ha manejado la Fiscalía en el caso es que el abogado Luis Ignacio Lyons habría recibido en 2014 un primer pago de $390 millones, que llegaron a su oficina ubicada en la calle 93. De esa suma, al parecer, el exabogado de Musa Besaile se habría quedado con $100 millones y el resto habría parado en los bolsillos del fiscal anticorrupción. De acuerdo con la Fiscalía, hubo uno segundo pago de $390 millones que involucro a Lyons, situación que habría sacado de los cabales al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien supuestamente exigió línea directa entre él y Besaile a partir de ese momento.
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Por el caso, en diciembre de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que Lyons no podrá volver a ejercer la carrera de Derecho, dada su investigación por el cartel de la toga y el eco que produce su nombre en diferentes expedientes judiciales por el mismo episodio de corrupción. Otro de sus defendidos en su momento, el excongresista Álvaro Ashton, también reconoció haber pagado $800 millones a Luis Gustavo Moreno para archivar su proceso por parapolítica. La declaración se materializó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en la rama investigativa contra exmagistrado Gustavo Malo.
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