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9 Sep 2020 - 11:00 a. m.

Casa de la Memoria recuerda a miembros de la rama Judicial víctimas del conflicto

Junto al Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol) se iniciará un proceso de memoria con los familiares de funcionarios de la rama judicial y la Fiscalía que fueron asesinados en Antioquia entre 1989 y 2019. El Espectador habló con algunos de ellos.
Fasol es una corporación que brinda estrategias de prevención y atención a funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía.
Fasol es una corporación que brinda estrategias de prevención y atención a funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía.
Foto: Archivo particular

Este 9 de septiembre nace una alianza entre el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol) y la Casa Museo de la Memoria en Medellín. Las partes buscan iniciar un proceso de memoria y reflexión sobre las afectaciones de las víctimas del sector judicial de Antioquia, uno de los departamentos (si no el más) afectado por el conflicto armado. Según datos de Fasol, entre 1989 y 2019, se presentaron cerca de 250 acciones violentas contra funcionarios de la rama Judicial.

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A nivel Colombia, Fasol registró en ese mismo periodo 1.324 acciones violatorias contra funcionarios y servidores de la rama. Sin embargo, la propia organización advierte que estos no representan todos los casos en los que un funcionario fue atacado. El comienzo de este proceso de memoria, que irá hasta el 2022, será oficial con la firma de una carta de compromiso entre el fondo y el museo, evento que será transmitido por el YouTube del Museo Casa de la Memoria y el Facebook de la Corporación Fasol a las 5:30 p.m. La jornada contará con intervenciones de los directores de ambas entidades, Jairo Herrán Vargas, director del Museo Casa de la Memoria y Carlos Ojeda, director ejecutivo de la Corporación Fasol.

Como un proceso de memoria para la dignificación, el reconocimiento y la reparación simbólica de las víctimas pertenecientes a la rama judicial y la Fiscalía de Antioquia, el Museo Casa de la Memoria y Fasol firmarán un acuerdo de entendimiento para para construir los relatos y las memorias de este sector de la sociedad. Dicho proceso pretende generar reflexiones y memoria sobre las afectaciones que han sufrido los servidores y funcionarios de la rama judicial en el ejercicio de sus labores, y sus familias, en el marco del conflicto armado y las violencias asociadas en Medellín y Antioquia.

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Jairo Herrán Vargas, director del Museo Casa de la Memoria, asegura que “es la oportunidad y la necesidad de reconocer las afectaciones de jueces y fiscales que han investigado a fondo las organizaciones y acciones criminales de este país y que, en ese ejercicio, han resultado víctimas y perseguidos por esos mismos grupos. Es el deber de memoria con los defensores de la justicia en Antioquia y que hoy empezaremos a resaltar”.

Además, el director de Fasol señaló que "esta alianza marca pasos gigantes en la reconciliación y la superación del dolor que produce la violencia, sin duda, es una oportunidad histórica para que las víctimas pertenecientes al sector judicial sean reconocidas y participen en la construcción de la memoria de sus seres queridos que fueron masacrados, secuestrados, desaparecidos y amenazados por ejercer justicia contra la criminalidad en Antioquia.

El Espectador habló con algunos familiares de las víctimas que pertenecieron a la rama y a la Fiscalía. Entre ellos Vanesa Morales, hija de Miriam Lucía Botero, funcionaria del ente investigador que murió a raíz del carro bomba que puso las Farc en la sede de la Fiscalía en Medellín. En el hecho, perpetrado en enero de 2003, murieron otras tres personas y 30 más resultaron heridas.

“Para mí es gratificante saber que después de 17 años de su partida se le rinda un homenaje a mi mamá, y no solo a ella, sino además a todas las víctimas del conflicto donde los que mueren son personas inocentes que trabajaban para sacar a sus familias adelante. Ellos ya no están en este mundo pero serán recordados por siempre con este proyecto tan especial donde podremos ver que nuestras víctimas siguen vivas porque nunca las olvidaremos. Nuestro país merece dejar el rencor a un lado, merece perdonar y avanzar a través de la verdad”, señaló Morales.

Ella también recordó los momentos previos y posteriores al atentado de la extinta guerrilla de las Farc. " Ella trabajaba como auxiliar administrativa en la Fiscalía, para ese momento yo tenía 16 años, mi hermana 11. Pusieron un carro bomba justo en el parqueadero aledaño a las instalaciones de la Fiscalía faltando un cuarto para las ocho de la mañana. Cuando me dieron la noticia fue un momento de mucha confusión, no sabia qué hacer o qué pensar", apuntó la hija de la funcionaria Botero, quien falleció a los 39 años.

Otro de los casos que marcaron la reciente historia judicial de Antioquia y que implicaron el asesinato de un funcionario judicial fue el del allanamiento del parqueadero Padilla en Medellín, un hito en las investigaciones contra el paramilitarismo. Uno de los funcionarios judiciales del CTI, Sergio Parra Ossa, fue acribillado por sicarios el 10 de junio de 1998. Unas semanas atrás de su asesinato, lideró una investigación judicial que tocó el corazón económico y logístico de los paramilitares en Antioquia. Dos compañeros más fueron asesinados por lo mismo.

El allanamiento del parqueadero Padilla, en abril de 1998, donde con nombres y apellidos estaba guardada toda la contabilidad de las autodefensas desde 1994, con reveladores disquetes y organigramas de sus estructuras. En esa operación fue capturado Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, quien cinco meses después ya estaba libre. Pero esa no fue la única omisión judicial. La información incautada detalló en su momento cómo a través de la Fundación para la Paz de Córdoba, una organización fundada por los hermanos Castaño, se manejaban millonarias sumas con la participación de personajes que han dado de qué hablar en el paramilitarismo como, alias Doble Cero, Sor Teresa Gómez o Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito.

Fabiola Álvarez, esposa del auxiliar administrativo de la Fiscalía, Alvaro Antonio Uribe Ángel y que fue desaparecido en Medellín en otros hechos, también habló con este diario. “Para mí, como víctima del conflicto armado, la memoria permite tejer la historia, es un acto de resistencia y permite evidenciar las acciones violatorias en contra de los funcionarios públicos del poder judicial. Además, porque visibiliza que la institucionalidad ha sido blanco de todos los actores armados en Colombia, incluso desde el mismo Estado. Hacer memoria también es un acto reparador no solo para nosotros las víctimas, sino para todo el país. Conocer la historia permite actos de reconciliación porque es conocer el contexto que vivimos en este país”.

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