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En las últimas horas, el contratista Artemio Suárez Díaz recibió medida de aseguramiento en casa, luego de aceptar cargos por cohecho (soborno) y peculado por apropiación. Él mismo se presentó en la Fiscalía, buscando que la justicia decida sobre su participación en el entramado de corrupción en las obras de reforzamiento estructural del Estadio Alfonso López en Bucaramanga. Un proyecto contratado en 2015 por la gobernación de Richard Aguilar en Santander.
Antecedentes: Fiscalía capturó a dos presuntos implicados en el caso de Richard Aguilar
Según informó la Fiscalía, Suárez Díaz entregó información crucial para la investigación por corrupción contractual, la cual tiene en juicio al exsenador y exgobernador Aguilar, administrador de Santander entre 2012 y 2015. El contratista era dueño de la empresa Movipetrol, una de las organizaciones que conformaron la unión temporal Reforzamiento de 2015 y que se quedó con un proyecto que en total costó $22.000 millones.
No obstante, al parecer, el propio Suárez Díaz aceptó haber pagado $700 millones para que funcionarios encargados de la selección del contratista favorecieran a su unión temporal. En la celebración del contrato 766 de 2015, se autorizó un anticipo del 40%. De ese dinero, Suárez Díaz se habría apropiado de $1.296 millones y los sustentó como si correspondieran a dinero de transporte de material y retiro de escombros.
En contexto: Detalles de la investigación contra Richard Aguilar
El pasado 2 de febrero, el CTI de la Fiscalía capturó al contratista Octavio Reyes Sarmiento, quien para 2015 era el representante legal de la unión temporal Reforzamiento 2015. Ese mismo día, fue capturado también Julián Jaramillo, asesor de confianza del enjuiciado Richard Aguilar. En la investigación contra el exsenador, se tendría como probar que aprobó coimas por el 16% del valor del contrato, incluidas adiciones que se hicieran durante la ejecución de este.
Ahí es cuando entran a la historia Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura entre 2012 y 2015, y su esposo Lenin Darío Pardo, quienes también aceptaron su responsabilidad y están colaborando con la Fiscalía. Según la acusación de la Fiscalía contra Aguilar, ellos dos habrían sido los encargados de crear y firmar facturas de bienes y servicios falsos para justificar el desvío del dinero, cuyo paradero habrían sido los bolsillos de ellos mismos y los del propio exgobernador.
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Entre otros hechos reseñados por la Fiscalía en su escrito de acusación, está uno relacionado con el también excongresista santandereano Edwin Ballesteros. Como lo conoció El Espectador, sobre la investigación adelantada por la Corte Suprema, Ballesteros habría participado de este entramado ilegal cuando estuvo al mando de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), entre 2013 y 2016.
Cuando la Corte Suprema le envió todo el expediente de Richard Aguilar a la Fiscalía, cuando el exgobernador renunció a su curul en el Senado, hubo un hecho que también llamó la atención de la Procuraduría. El alto tribunal denunció que en la gobernación de Mauricio Aguilar, actual administrador de Santander, se perdió una caja con nueve libros de resoluciones del despacho del gobernador. Justamente documentos firmados entre 2009 y 2017, años en los que Richard Aguilar habría amañado procesos de contratación.
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