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La Fiscalía logró que un juez de Garantías impusiera casa por cárcel a un colega en el sistema de justicia: el también juez, pero de extinción de derecho de Dominio, Juan Carlos Campo Fernández, investigado en un particular caso de corrupción.
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Según la imputación en su contra, Campo Fernández habría solicitado hasta $600 millones para torcer un proceso de extinción de dominio a favor de un ciudadano que tenía comprometidos algunos bienes en un proceso judicial en Cúcuta. En específico, para emitir una sentencia que favoreciera del todo al ciudadano involucrado.
“La investigación evidenció que el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado, y una con un ciudadano contra quien se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio”, explicó la Fiscalía en un comunicado.
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Campo Fernández fue imputado por el delito de concusión, impulsado contra aquellos funcionarios públicos que hacen todo lo contrario a lo que se espera de su gestión. Sin embargo, el juez no aceptó cargos y, mientras avanza la investigación, se decretó medida de aseguramiento en su contra.
No obstante, la Fiscalía tendría como probar que Campo Fernández habría exigido el pago del 50% de la operación al momento que el ciudadano, cuyo nombre omitió a Fiscalía, presentara la solicitud. El saldo restante sería cobrado una vez saliera el fallo completo. Además, el juez habría solicitado un adelanto de $50 millones, los cuales fueron incautados al momento de la captura, el fin de semana pasado en Bucaramanga.
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