Luego de alrededor de dos horas y media, la Juez 22 Penal del Circuito de Medellín decidió aplazar la acusación formal que se llevaba a cabo este viernes, 21 de noviembre, contra el exalcalde de Medellín (Antioquia), Daniel Quintero Calle, y otras 12 personas investigadas por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros. Esto, por presuntas irregularidades relacionadas con el predio de Aguas Vivas, un lote de más de 145.000 metros cuadrados.
Durante la audiencia, los abogados solicitaron la nulidad frente a la imputación presentada por la Fiscalía General de la Nación el pasado 8 de abril. Juan Felipe Criollo Figueroa, representante de Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Servicios y Suministros de la alcaldía de Daniel Quintero, explicó que, en el contenido puntual de la imputación, la fiscal Yarlecy Mena Benítez, encargada de presentar los cargos por parte del ente investigador, debía realizar una exposición clara de los hechos jurídicamente relevantes.
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Tanto Criollo Figueroa como el defensor del exalcalde Daniel Quintero, Luis Antonio Hernández, además de la abogada Astrid Carvajal y Santiago Trespalacios, señalaron que la fiscal atenta contra la coherencia y congruencia. Según expresó el abogado Criollo Figueroa, “de sucinta no tuvo nada y mucho menos clara; tampoco hubo concreción en los hechos jurídicamente relevantes, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, la fiscal Mena Benítez intervino para señalar que no había lugar a las solicitudes de nulidad. Sostuvo que “el debate es ajeno a esta etapa, resulta extemporáneo y jurídicamente improcedente”. Añadió que, en su momento, realizó las aclaraciones necesarias tanto a los procesados como a sus defensores, con el fin de garantizar el respeto de sus derechos.
Sin embargo, la jueza negó la petición de la fiscal y precisó que “en esta oportunidad, precisamente la defensa puede solicitar la nulidad”. Además, la togada indicó que, debido a la extensión del proceso, la audiencia debía ser aplazada. La diligencia, en la que continuará la imputación o se resolverá la nulidad, fue reprogramada para el viernes 13 de febrero de 2026, a las 8:30 a. m.
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En el escrito de acusación del ente investigador, que reúne alrededor de 4.000 elementos probatorios, se indica que durante la alcaldía de Daniel Quintero se habría regresado el predio de Aguas Vivas a sus propietarios originales, con el objetivo de comprarlo posteriormente por COP 40.500 millones. En un inicio, el lote costaba COP 2.700 millones, por lo que la Fiscalía señalaría un supuesto detrimento patrimonial.
Contexto en el caso de Aguas Vivas
El origen del problema se remonta al 27 de diciembre de 2019, durante la administración de Federico Gutiérrez. En ese momento, la Alcaldía de Medellín firmó una escritura pública con las empresas IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y con el ciudadano Juan Manuel Villegas. En dicho documento, las partes acordaron ceder el predio conocido como Aguas Vivas a cambio de compensar obligaciones urbanísticas.
Es decir, se trata de una indemnización que las constructoras realizan a cambio de desarrollar proyectos en la ciudad y en zonas de interés público. Sin embargo, ni IDC Inversiones, Técnicas Constructivas ni Juan Manuel Villegas obtuvieron proyectos en Medellín que compensaran el predio que ya habían entregado. El lote de Aguas Vivas quedó en a lista de los bienes en poder de la Alcaldía de Medellín.
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Durante el periodo de Daniel Quintero, quien dirigió la ciudad entre 2020 y 2023, se decidió que el predio podría ser utilizado para desarrollar un proyecto denominado “Valle del Software”, un programa de ciencias y tecnologías que tendría varios puntos en la capital de Antioquia. Los dueños originales del lote, el cual había sido entregado de forma gratuita para compensar obras que nunca se realizaron, consideraron que el terreno seguía siendo suyo y reclamaron los títulos del predio.
La Alcaldía de Daniel Quintero llegó a un acuerdo con las partes en el que decidió anular la cesión gratuita, lo que implicaba devolver el predio a sus dueños. Además, se pretendía firmar un nuevo negocio jurídico para que la administración pudiera comprar oficialmente el terreno.
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Por su parte, el ente investigador consideró que el alcalde y los otros 12 funcionarios incurrieron en los delitos señalados porque, al desarrollar el “Valle del Software”, la administración habría modificado ilegalmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. Asimismo, señaló que al permitir que el terreno fuera usado para proyectos urbanísticos, hoteleros y de turismo, supuestamente beneficiaron a terceros interesados en el negocio.
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