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En la mañana de este jueves 27 de agosto, la Fiscalía General de la Nación judicializó al exgobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins Sjogreen, por su presunta responsabilidad en irregularidades durante la contratación relacionada con el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, obra valorada en COP 11.125 millones.
Según detalló el ente investigador, Hawkins Sjogreen, quien ejerció como mandatario entre 2020 y 2023, delegó en el entonces secretario de Infraestructura la suscripción del contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), firmado el 19 de octubre de 2022. Esa entidad, a su vez, subcontrató la ejecución y la interventoría de las actividades previstas.
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Sin embargo, la investigación de la Fiscalía indica que dicha asociación no contaba con la experiencia exigida para este tipo de intervenciones: “El estudio de mercado habría sido insuficiente y la iniciativa, presentada como una gerencia estratégica cuando en realidad correspondía a una obra, no figuraba registrada en el banco de proyectos de la Gobernación, tampoco contaba con las autorizaciones pertinentes y se tramitó por contratación directa, desconociendo el requisito de licitación pública”.
Las pesquisas apuntan a que las labores iniciaron el 20 de abril de 2023 sin la licencia ambiental que debía expedir la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), ni los permisos correspondientes de la Dirección General Marítima (Dimar). En el lugar se edificaron varios kioscos destinados al turismo y plataformas, las cuales están en riesgo de ser demolidas por la falta de permisos. Además, no se construyó el muelle de acceso para turistas, uno de los principales ítems previstos, según el ente investigador.
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El ente de control explicó que, antes del inicio de la construcción, el 11 y 12 de enero de 2023, la Gobernación desembolsó COP 10.847 millones a una fiducia constituida por Aremca. “Según los peritajes realizados por la Fiscalía, el presunto detrimento patrimonial asciende a COP 4.330 millones, cifra relacionada con sobrecostos, no devolución de sumas que dejaron de ejecutarse y la omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas, entre otros conceptos”.
Además, durante la investigación se conoció que, pese a haber delegado la suscripción del contrato, Everth Julio Hawkins Sjogreen participó en la orientación del presupuesto, la elección del contratista y la definición de la modalidad contractual empleada. Asimismo, tendría conocimiento de las anomalías registradas durante el trámite, los desembolsos realizados y la posterior suspensión de la obra.
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En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Hawkins Sjogreen no aceptó los cargos.
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