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En la tarde de este lunes se intentó llevar a cabo la audiencia de acusación en contra de exdirector de Berkeley Research Group en Colombia, Laude Fernández, quien es procesado por su presunta participación en una red de interceptaciones ilegales que se gestaron al interior de la Fiscalía General. Sin embargo, la audiencia se suspendió luego de que una de las víctimas de las chuzadas, el sindicato de aviadores de Acdac, pidiera que el caso contra Fernández sea trasladado a un juzgado especializado en delitos contra grupos sindicales.
En la sustentación hecha por la abogada del sindicato se mencionó que las interceptaciones ilegales atacaron la intimidad de los miembros de la organización y sus familias. Dentro del caso se sabe que el presidente y el encargado para asuntos de seguridad de la organización sindical, Jaime Hernández y Julián Pinzón, respectivamente, fueron chuzados desde la Sala Diamante de Interceptaciones de la Fiscalía, que en ese momento estaba a cargo de Luis Carlos Gómez Góngora, quien ya fue condenado por estos hechos.
La defensora también señaló que tanto Hernández como Pinzón han sido amenazados en los últimos días. La más reciente se habría hecho esta mañana cuando sufragio llegó a las instalaciones de Acdac en el norte de Bogotá con el nombre del capitán Pinzón. Sin embargo, tanto Fiscalía, Procuraduría, la defensa de Hernández como una parte de las víctimas no estuvieron con la solicitud de la abogada del sindicato. La jueza del caso señaló que aunque ella desde un principio se consideró como la competente para adelantar el caso, hará traslado al Tribunal Superior de Bogotá para que defina qué despacho se queda con el caso.
Laude Fernández tenía dos procesos abiertos por las presuntas interceptaciones ilegales, uno por las chuzadas al sindicato de Avianca y otro por las realizadas al ciudadano español Lucio Rubio y a Felipe Jaramillo, el ente acusador logró sintetizar ambos hechos en un solo escrito de acusación. Laude es procesado por los delitos de concierto para deliniquir agravado e interceptación ilegal de comunicaciones.
(Puede ver: Caso chuzadas: las pruebas para llevar a juicio a Laude Fernández, exdirector de BRG)
Con respecto a los escritos de acusación anteriores, en este nuevo documento la Fiscalía sostiene que tiene claro cómo Fernández tuvo acceso a esa supuesta red ilegal de exmiembros de la Fuerza Pública que realizaban “interceptación informática” bajo una empresa fachada dirigida por el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas. Según el escrito, el enlace de la antigua cabeza de BRG fue Roberto Carlos Montenegro un investigador del CTI, adscrito a una de las salas de interceptaciones de la Fiscalía General.
“Este conoció al aquí procesado por intermedio de su entonces jefe, el señor Luis Carlos Gómez Góngora, entre los meses de marzo y abril de 2018. En dicho encuentro, ambos le preguntaron a Montenegro si conocía a alguna persona que se encargara de temas de seguridad privada, a lo que respondió que un viejo conocido suyo, el coronel (R) Salinas Muñoz, se ocupaba profesionalmente de dichas labores”, dice el escrito de acusación revelado este lunes, y que este diario conocía con anterioridad.
(En contexto: Caso chuzadas: la acusación contra Laude Fernández, exdirector de BRG)
“Fernández, a través de estos intermediarios, solicitó a Salinas que accediera a información de los trabajadores sindicalizados de Avianca, particularmente, para la época en la cual sucedió el paro de trabajadores organizado por Acdac, específicamente el contenido de sus conversaciones de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería instantánea. A su vez, pidió la obtención de información y documentación en tiempo real de estas personas, por medio de la cual se pudiera dilucidar los presentes y futuros movimientos de los pilotos y directivos de este sindicato”, añade el documento conocido por este diario.