Álex Vernot, abogado del empresario Carlos Mattos, quien representó a la empresa surcoreana Hyundai en Colombia hasta octubre de 2015, le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue al fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Vernot asegura que el alto funcionario se demoró más de dos años en informar a la Corte Suprema que Mattos fue su cliente y que tendría un marcado conflicto de intereses en el proceso que se abrió contra Mattos a raíz del llamado caso Hyundai (la supuesta manipulación del reparto de una demanda que habría favorecido a Mattos).
Según la denuncia, “todas las demandas, acciones y medidas cautelares” interpuestas en el caso Hyundai, que estalló en septiembre de 2016, “fueron ideadas, planeadas y ejecutadas por él [el fiscal Martínez]”. Todo esto, según dice Vernot, podría considerarse prevaricato (actuar en contra de la ley), dado que “guardó ilegalmente silencio absoluto” sobre su nexo laboral con Carlos Mattos “ante la Corte Suprema de Justicia, ante la justicia penal y ante la opinión pública”.
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En la denuncia, Vernot relata que el ahora fiscal general "ocultó hechos que lo relacionaban a él como abogado, a su hijo Néstor Camilo Martínez, a su firma DLA Piper Martínez Neira y a un abogado vinculado a esa firma, con las medidas cautelares dictadas por la Juez 16 Civil Municipal". Se trata de un proceso que divulgó Daniel Coronell en su columna de la revista Semana en febrero de este año, en el cual la empresa de Mattos, representada por el entonces litigante Néstor Humberto Martínez, pidió en 2015 unas medidas cautelares.
Las medidas se solicitaron en el marco de un pleito de la empresa de Mattos contra Global Car World S.A.S., la empresa de los empresarios ecuatorianos Eljuri. "La demanda fue presentada el 2 de diciembre de 2015 por el abogado Néstor Humberto Martínez Neira (...) y fue repartida al Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá". Es decir, a la jueza Ligia del Carmen Hernández. Hecho que no tendría relevancia si no fuera porque Hernández, a principios de este año, aceptó ante un juez haber recibido al menos $100 millones de parte de Mattos luego de tomar su decisión.
"Por esas medidas cautelares, de conformidad con la oferta por él (Martínez) presentada, cobró honorarios y pretendía que le fuese pagada una prima de éxito equivalente al 10 % del valor de los bienes objeto de las mismas (...) aproximadamante $3.5 millones de dólares". Según Alex Vernot, toda esa información es "muy relevante", pues confirmaría que el fiscal general tenía un claro conflicto de intereses para abordar el caso Hyundai, que estalló en septiembre de 2016, un mes después de que se posesionara como fiscal general.
Para Vernot, el solo hecho de que el fiscal general se declarara impedido en mayo de 2018, 21 meses después de que empezaran las indagaciones de la Fiscalía que él encabeza, es escandaloso. No obstante, su objeción de fondo es con el hecho de que, al presentar su impedimento ante la Corte Suprema, Martínez hubiera asegurado que no había "actuado en manera alguna al interior del presente asunto". Vernot asegura que el fiscal omitió la información que lo relacionaba directamente con este proceso.
La firma de Néstor Humberto Martínez, entonces DLA Piper Martínez Neira, fungió como apoderada de Mattos en los estrados judiciales hasta que él fue nombrado fiscal, en agosto de 2016. En ese momento el caso lo habría asumido su hijo, Néstor Camilo Martínez Beltrán hasta septiembre del mismo año. Según la denuncia de Vernot, el hijo del fiscal y su firma, ahora DLA Piper Martínez Beltrán, “intentaron, hasta el último momento lograr una transacción entre las partes y, como no lo lograron, renunciaron a la asesoría del excliente de su padre”.
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Para Vernot, cuando el 30 septiembre de 2016, el fiscal convocó a una rueda de prensa y anunció que tenía evidencias de que habrían existido irregularidades en el reparto del caso Hyundai, para que se fallara a favor de Mattos, Martínez Neira debió declararse impedido. Uno de los soportes del denunciante es el comunicado de prensa que la Fiscalía emitió el 24 de septiembre de 2016. En él, se niega que el fiscal general y su firma hayan sido contratados por las empresas de Carlos Mattos, en respuesta a una denuncia del periodista Daniel Coronell de unos días antes.
La denuncia de Coronell entonces era sobre el hecho de que el entonces juez Reinaldo Huertas hubiera comprado en efectivo un carro de más de $70 millones, justo días después de haber ordenado, por medio de unas medidas cautelares, que la matriz Hyundai debía continuar su relación comercial con la empresa de Mattos hasta que hubiera un fallo sobre la demanda de Mattos. En ese momento, el ente investigador anunció que iniciaría "de inmediato la indagación sobre los hechos”, lo que para Vernot es prueba fehaciente de que el fiscal “sí estaba ocupándose del tema” y esa no habría sido su “primer y único contacto” con el caso, como declaró ante la Corte Suprema.
Desde septiembre del año pasado Vernot se encuentra en la cárcel La Picota, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo capturara porque, supuestamente, fue a ofrecerle $2 millones de dólares a Luis David Durán por su silencio. En el juicio contra Mattos por el presunto soborno al juez Huertas, Durán será uno de los testigos claves, así quedó consignado en el principio de oportunidad que pactó con la Fiscalía. Vernot niega haber hecho tal ofrecimiento de dinero pero, ante un juez, Durán manifestó que el intento de soborno ocurrió y que él está dispuesto a reiterarlo bajo juramento.
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Hasta el 15 de septiembre de 2015, el empresario Carlos Mattos regentaba una de las firmas más exitosas del país: Hyundai Colombia Automotriz S.A. Por 25 años, esta sociedad tuvo el monopolio para comercializar vehículos y repuestos de la matriz coreana Hyundai Motor Company. Pero en ese momento, cuando los empresarios surcoreanos decidieron cambiar de socio en Latinoamérica, se desató una pelea judicial.
Uno de esos frentes de batalla lo libró en juzgados de Bogotá, en donde presentó una solicitud de medidas cautelares para que los jueces le prohibieran a la firma coreana vender sus carros en el país con otra empresa que no fuera la suya, o que lo indemnizaran por acabar su relación comercial de más de dos décadas. El caso llegó al despacho del juez Reinaldo Huertas quien, según la Fiscalía, habría accedido darle la protección que pedía Mattos, a cambio de dinero. Hoy, Huertas está detenido y, por este caso, Mattos, quien se fue a vivir a España y se declara inocente, está ad portas de ser llamado a juicio.
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