En la tarde de este jueves 14 de mayo, la Fiscalía General de la Nación confirmó la decisión de apartar a Fernando Augusto Arias Velásquez, fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, de la investigación que se adelanta en contra del exsenador Julián Bedoya Pulgarín. La orden está relacionada con el alto riesgo de preclusión del caso del excongresista.
La investigación en contra del político está relacionada con presuntas irregularidades en su título profesional como abogado, obtenido en la Universidad de Medellín. Las denuncias en su contra aparecieron en el año 2019 e indicaban que el entonces senador habría regresado a la universidad tras casi una década de haber abandonado sus estudios y habría aprobado 16 exámenes en apenas cuatro jornadas de evaluación.
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La rapidez con la que Bedoya Pulgarín habría completado los requerimientos necesarios para graduarse como abogado despertó el interés del Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría, que empezaron a tirar del hilo hasta llevar al exsenador a responder en juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
Sin embargo, el proceso en contra de Bedoya Pulgarín ha estado acompañado por la sombra de las posibles dilaciones. En febrero pasado, el Tribunal Superior de Bogotá advirtió que la defensa del excongresista estaría buscando dilatar el proceso para lograr la prescripción del delito de fraude procesal, el plazo legal para la investigación que se alcanzará en julio de este año. Según el tribunal, “no persigue la protección de garantías procesales, como lo quiere hacer ver, sino la declaratoria de la prescripción de la acción penal”.
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En medio de las presiones desde distintos sujetos interesados en ese caso para evitar su preclusión, la decisión de la Fiscalía le da en parte la razón al tribunal. En un documento conocido por El Espectador, el ente investigador señala que en cuatro oportunidades la defensa de Bedoya Pulgarín ha interpuesto recursos contra el proceso, que han retrasado el curso del proceso mientras son resueltos por otras instancias.
El 19 de mayo de 2025, la defensa de Bedoya Pulgarín elevó 33 observaciones al escrito de acusación en contra del excongresista, que obligaron a que el juzgado que tiene el caso suspendiera las audiencias preparatorias al juicio. Luego, el 9 de junio, presentaron una nulidad por supuesta ausencia de hechos jurídicamente relevantes; el 16 del mismo mes las partes se pronunciaron sobre esa solicitud y se suspendió el proceso.
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El 21 de julio de 2025 la nulidad fue resuelta por un juzgado, pero la defensa de Bedoya Pulgarín apeló la decisión y el caso quedó de nuevo estancado. Las próximas audiencias del caso están programadas para entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de 2026. Sin embargo, para entonces el caso ya habría precluido y los términos para la acción penal en contra del exsenador Bedoya Pulgarían habrían alcanzado su límite.
Ante esa premura del tiempo, la Fiscalía decidió reasignar el caso a un nuevo fiscal. “La fecha de los hechos permite establecer que el término de prescripción del delito de falsedad en documento privado se encuentra próximo a cumplirse, lo que exige adoptar medidas orientadas a garantizar la continuidad del trámite y evitar nuevos aplazamientos de las diligencias”, señala la resolución emitida por el ente investigador.
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Agrega: “La Rama Judicial evidenció situaciones de dilación de las audiencias programadas que podrían afectar el normal desarrollo de la actuación, por lo que el ente acusador debe asegurar la comparecencia del fiscal en todas las diligencias programadas por el juzgado”. Aunque aclara que el retraso en el proceso no corresponde a “situaciones de negligencia atribuibles al fiscal”, lo cierto es que “el caso debe ser asumido por un fiscal con mayor disponibilidad de tiempo”.
El objetivo, según el ente investigador, es que el nuevo fiscal pueda “atender las actuaciones fijadas por la judicatura y evitar retrasos que puedan comprometer el avance del proceso”. El expediente en contra de Bedoya ahora estará en manos de Adriana Dioselina Arango Valencia, fiscal 77 delegada adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. Será ella la que ahora lleve el expediente en contra del excongresista.
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