Caso Mintic: a juicio Juan José Laverde, agente de seguros, y dos empresarios

En una de las sedes del colegio La Libertad en Samacá, cuentan que la expectativa era tener un internet con alcance de 300 metros (para servir a la comunidad aledaña), pero, una vez instalado, el servicio no cubría ni siquiera las aulas de clase.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Fiscalía tiene clara la hoja de ruta que seguirá en el caso Mintic contra el exrepresentante de Rave Seguros, Juan José Laverde, y los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres. Todos fueron llamados a juicio por los delitos de fraude procesal, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. La hipótesis criminal los acusa de gestionar la creación de una unión temporal ilegal y quedarse con dineros de un billonario contrato para la conectividad de los niños más pobres del país.

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“De acuerdo con el material de prueba, estas personas, al parecer, participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y en la presentación de pólizas falsas para que les fuera entregado el millonario contrato; además, hicieron incurrir en error a los funcionarios de MinTIC y destinaron parte del anticipo para cubrir actividades que no correspondían al objeto contractual”, agregó la Fiscalía.

En 2020, el Ministerio de las TIC escogió a la unión temporal Centros Poblados como contratista de un proyecto que costaría $1,07 billones y que pretendía crear 7.000 centros digitales en el país. Para tal fin, la cartera de Gobierno entregó un anticipo de $70.000 millones, los cuales jamás se vieron materializados por retrasos del contratista. La periodista Paola Herrera encontró que una garantía bancaria de Itaú, papel clave en el proceso de contratación, podría ser falso. La misma entidad financiera lo confirmó y desde entonces inició un escándalo que, por ahora, dejó sin puesto a la exministra Karen Abudinen y tiene a más de cinco civiles imputados.

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Según la hipótesis de la Fiscalía, que intentará probar en juicio, el representante legal de la unión temporal, Luis Fernando Duque, habría sido la cabeza de un plan para quedarse con el acuerdo de manera fraudulenta. Quien habría gestionado las malas prácticas, al parecer, fue el zar de la contratación Emilio Tapia. De los $70.000 millones, dice la Fiscalía, dinero se entregó a representantes de las empresas que conformaron la unión, que habrían prestado su nombre y experiencia para constituir el contratista elegio por Mintic. Entre ellos Lascarro y Cáceres.

Además, también habría parado dinero en el pago de honorarios de abogados, dádivas a intermediarios, compra de obras de arte, vehículos de alta gama, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales. Se cree que Emilio Tapia, quien está recluido en una cárcel, se habría apropiado de $6.000 millones. En el pasado fue condenado por el carrusel de la contratación, el escándalo de corrupción con el cual fue desangrado dinero público para la construcción de la fase III de Transmilenio.

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Desde noviembre del año pasado, Laverde está detenido en su casa por orden judicial. Meses antes fue imputado por fraude procesal y falsedad en documento privado. Aunque se declara inocente, la Fiscalía lo tiene fichado como aquel agente de seguros que venía asesorando a Centros Poblados en conseguir las pólizas necesarias para presentarse a la licitación que abrió el Mintic y, luego, en la misma labor cuando la unión temporal fue seleccionada. Al final, no presentaron una póliza, sino una serie de garantías con logos del banco Itaú, que resultaron falsas.

Desde la imputación, se conoció que entre los testigos que han sido claves en el proceso está Juan Carlos Cáceres Bayona, quien fue propietario de Novotic, una de las empresas que conformó Centros Poblados. Le dijo a la Fiscalía que llegó al negocio por invitación de Emilio Tapia. El llamado zar de la contratación, supuestamente estaba en proceso de adquirir la compañía ICM Ingenieros, empresa de la unión, y buscaba una organización con experiencia en temas de tecnología para presentarse, juntos, a competir por el contrato del Mintic.

Ottomar Lascarro, por su parte, era quien representaba a Omega Buildings e Intec de la Costa, una dos de las cuatro empresas que a la final conformaron la unión temporal que dejó 7.000 centros digitales en los planes de gobierno. De hecho, la hipótesis de la Fiscalía va direccionada a que los funcionarios del Mintic fueron engañados por los contratistas y, por ahora, no hay indicios de que el ente investigador planee iniciar acciones penales contra los funcionarios. Diferente es el caso de la Procuraduría, que tiene en juicio disciplinario desde 2021 a quienes entonces fungían como director de Infraestructura, subdirectora de Gestión Contractual y secretaria general del ministerio.

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