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8 Oct 2021 - 3:37 p. m.

Emilio Tapia debe ir a una prisión de alta seguridad: juez del caso

La defensa de Emilio Tapia, vinculado al cuestionado contrato del Mintic, pidió el cambio de reclusión para garantizar su seguridad y por su delicado estado de salud. Ante esto, el juez del caso dijo que tendrá que ser recluido en una prisión de alta seguridad en el país.
El contratista Emilio Tapia es investigado por ser el "hombre de atrás" de tres compañías del escándalo de Mintic.
El contratista Emilio Tapia es investigado por ser el "hombre de atrás" de tres compañías del escándalo de Mintic.

El contratista Emilio Tapia, vinculado a la investigación por presunta corrupción en el billonario contrato del Mintic, había pedido ser recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Sin embargo, este viernes un juez determinó que, debido a la importancia de Tapia en este y otros casos, deberá ser recluido en una prisión de alta seguridad del país. Inicialmente, fue enviado a la cárcel La Modelo, en Bogotá, pero su abogado pidió que le cambiaran el centro de reclusión para estar más cerca de su familia y porque su salud es delicada. El abogado, además, reveló en la audiencia que Tapia sí ha buscado colaborar con la Fiscalía en el proceso.

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Según ordenó el juez del caso, Emilio Tapia deberá ser recluido a una cárcel de máxima seguridad en cualquier parte del país y el traslado deberá hacerse en un plazo máximo de 15 días que estará a cargo del Inpec. Según el funcionario judicial, la cárcel El Bosque, en Barranquilla, no cumple con la condiciones necesarias para salvaguardar la seguridad y salud de Tapia, motivo por el cual, dijo el juez, deberán buscar un centro penitenciario en Bogotá, Cómbita (Boyacá) o Valledupar con cupo para recibir al contratista.

Según explicó el abogado Alejandro Sánchez, defensor de Emilio Tapia, ha cruzado varias comunicaciones con la Fiscalía para que escuchen al contratista, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá y hoy protagonista del escándalo de posible corrupción en el contrato del Mintic con la unión temporal Centros Poblados. La fiscal del caso, Andrea Muñoz, confirmó el cruce de comunicaciones, pero aclaró que Tapia no ha sido escuchado en interrogatorio. De hecho, el pasado 6 de octubre, tenían agendada la diligencia, pero se canceló por la situación de salud de Tapia.

La defensa de Emilio Tapia solicitó el traslado, pues, además de que podría convertirse en testigo de la Fiscalía en el proceso, lo que complicaría su seguridad, el contratista tiene una situación de salud delicada, por la cual está bajo observación médica actualmente. Así, considera, tendría mejores condiciones en la cárcel de Barranquilla, donde además vive su familia, pues allí hay un patio para exfuncionarios públicos, que no existe en La Modelo. La Fiscalía, la Procuraduría y el abogado del Ministerio Tic, víctima en el proceso, no se opusieron a la solicitud.

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“El juez, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad de Tapia, dispuso que estuviera en La Modelo. Así que, sí estoy de acuerdo que se le trasladara a Barranquilla, solo si la cárcel allí cumple con las condiciones de seguridad”, dijo la fiscal. “La única inquietud es que el proceso penal va a adelantarse en Bogotá. Por ahora, en época de pandemia, mientras atendemos las audiencias de manera virtual, esto no sería un problema. Pero si más adelante se citan audiencias de manera presencial sí sería un tropiezo para su asistencia”, añadió el procurador.

Emilio Tapia fue enviado a la cárcel el pasado 24 de septiembre por un juez de garantías de Bogotá, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. El funcionario judicial concluyó que el “zar de la contratación”, como también es llamado el contratista cordobés, representa un peligro para la sociedad, por sus antecedentes de corrupción, y además podría obstaculizar la investigación que adelanta el ente investigador para establecer qué ocurrió con el billonario contrato que pretendía llevar internet a zonas rurales de Colombia.

Tapia sería el “hombre de atrás” de al menos tres de las cuatro empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados, que se ganó la licitación por $1,07 billones para construir centros digitales en la ruralidad. Según la Fiscalía, para presentarse a ese concurso, Tapia, en compañía del representante legal de la UT, Luis Fernando Duque, y del agente de seguros Juan José Laverde habrían adquirido una garantía bancaria que resultó falsa. Con estos documentos, dijo el ente investigador, “indujeron al error” a los funcionarios del Mintic.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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