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El presidente Gustavo Petro Urrego ha tenido semanas difíciles en su primer año de gobierno. Pero ninguna como esta. El lunes arrancó con su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, capturado y preso en el búnker de la Fiscalía, a la espera de una audiencia en la que nadie quisiera estar. Al día siguiente, su hijo fue vinculado formalmente a una investigación penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Aunque trató de desmarcarse de semejante lío judicial, trinando que le deseaba “suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”, la estrategia no le sirvió prácticamente para nada.
Cuando la Fiscalía le iba a pedir al juez del caso que enviara a la cárcel al hijo del presidente, estalló la bomba. Nicolás Petro aceptó colaborar y lo que le contó al ente investigador cambió la historia del expediente judicial y le dio un giro mortal a la política del país. El procesado pasó de investigado a ser el posible testigo estrella del escándalo más grande de los últimos tiempos en el país. ¿Por qué? Porque Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que tiene cómo probar que a la campaña presidencial de Gustavo Petro entró dinero de manera irregular, que nunca se reportó y que, incluso, superó los topes permitidos por ley. La peor semana para el presidente terminó con la posibilidad de que su hijo fuera enviado a casa por cárcel.
El terremoto político y judicial de la semana tuvo todos los ingredientes posibles. Desde confesiones, amenazas, pruebas y audiencias que duraron más de 20 horas. Por eso, para entender el caso del momento, El Espectador presenta una cronología del expediente del primer hijo de un presidente activo capturado y el que seguramente seguirá en la agenda del día durante los próximos años.
La génesis
“Hay cosas que creo deben saber”. Esa fue una de las primeras frases de Day Vásquez, en entrevista con la revista Semana, el pasado 3 de marzo. El abrebocas del escándalo que significaría que por primera vez el hijo de un presidente en ejercicio fuera capturado y que está sustentado en su propia experiencia como conocedora de reuniones secretas y administradora de incontables fajos de dinero en efectivo. Day Vásquez, apenas meses después de terminar una relación de años con Nicolás Petro, reveló las veces en que el entonces diputado de la Asamblea del Atlántico recibió cientos de millones de personas con un oscuro pasado judicial, que todavía está por esclarecerse, o de poderosos empresarios.
Así se supo de los nexos de Nicolás Petro con Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro, quien en 2021 regresó a Colombia después de cumplir una pena de 17 años en Estados Unidos por narcotráfico, y hoy es candidato a la Alcaldía de Maicao (La Guajira). Además, Day Vásquez habló de las relaciones de su exesposo con Alfonso el Turco Hilsaca, señalado en la costa Caribe por presuntos vínculos con el paramilitarismo que no han sido probados judicialmente. En entrevista, Vásquez describió los suntuosos regalos que recibía su exesposo, como camionetas y morrales de dinero en efectivo, también de empresarios de Cúcuta y Villavicencio. Eran ricos, pero no tenían cómo sustentarlo.
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La vinculación a una investigación formal
El 29 de julio pasado, cinco meses después de que la Fiscalía iniciara una investigación en contra del hijo del presidente, el CTI lo capturó en su apartamento en Barranquilla. También fue detenida Vásquez y ambos ocuparon un vuelo de urgencia al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Los esperaba Mario Burgos, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de la capital y reconocido por casos de trascendencia como el del estilista Mauricio Leal, el estudiante víctima de matoneo Sergio Urrego y el del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Burgos los sentó frente a un juez de garantías, a quien le intentó explicar por qué las capturas y los allanamientos a sus viviendas fueron legales.
Fue una primera noche tensa, pues el juez tuvo que suspender la diligencia antes de comenzar a verificar el caso, pues los abogados de Vásquez recién estaban tomando el vuelo a Bogotá. Al día siguiente, un nuevo juez ordenó que la diligencia fuera reservada. Sin embargo, se supieron datos del allanamiento a la vivienda de Petro, como el decomiso de $25 millones en efectivo. Una de las primeras pistas de lo que vendría. Al tiempo, el entonces abogado principal de Petro, Juan Trujillo, alertaba al país de supuestas irregularidades en el allanamiento, materializadas en que su defendido habría sido grabado desnudo, y también la actual pareja de Petro, Laura Ojeda, en avanzado estado de embarazo.
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No obstante, todo lo sucedido durante la captura fue declarado legal, bajo reserva, y los exesposos pasaron otra noche en el búnker esperando la audiencia de imputación. El pasado 1° de agosto, Burgos destapó sus cartas. Imputó a Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y a Vásquez por este último delito y violación de datos personales. El fiscal ofreció al juez los mismos elementos que Vásquez reveló en entrevista y precisó que la detenida entregó su celular para que la justicia escarbara cuanto quisiera. Burgos lo hizo. La teoría del caso está sustentada en chats, llamadas y un potente trabajo de contrastación con documentos públicos y privados.
Y, por supuesto, en el testimonio de Vásquez a la justicia, en el cual reconoció cómo, entre 2021 y 2023, ayudó a su exesposo a administrar abundante dinero en efectivo, que luego ambos intentaron blanquear con la compra de propiedades. La Fiscalía tiene cómo probar que Petro se enriqueció a tal punto que vivía una vida de $200 millones mensuales, cuando solo devengaba salario como diputado, es decir, unos $20 millones. No tiene otros negocios. No tiene propiedades. No es miembro de ninguna junta directiva empresarial. Nada. Y aunque solo tenía una fuente de ingreso, nada despreciable para el colombiano común, no tendría cómo justificar una camioneta Chevrolet Tahoe y una Mercedes Benz.
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Tampoco otros suntuosos gastos, como el canon de arrendamiento de una mansión en el exclusivo condominio La Herradura, en Barranquilla, entre otros. “Era divina”, recordó Burgos, quien mencionó, casi con regocijo, haber descubierto gastos de Petro y Vásquez en tiendas como Ferragamo y Carolina Herrera. El fiscal Burgos, seguro de su propia investigación, reveló que, solo en 2022, Petro habría tenido gastos por hasta $1.600 millones, cuando solo ganó $251 millones. Entre los pasivos, está la primera cuota para compra una casa por $334 millones en Tubará (Atlántico). El fiscal sentó posición para asegurar que no se trata de una persecución política.
“Lo investigamos es a usted como persona, Nicolás Petro, y no lo investigamos por ser hijo del presidente”, agregó Burgos. Luego de ello, el fiscal explicó que Petro estuvo por meses buscando estrategias para darle apariencia de legalidad al dinero recibido. Por ejemplo, cuando se puso la casa de Tubará a nombre de César Vásquez, tío de Day Vásquez, quien también quedó en los papeles como el posible comprador de la mansión en La Herradura. Day Vásquez fue imputada por ayudar con el ocultamiento de los bienes y por el delito de violación de datos personales. Al parecer, perfiló a Laura Ojeda, supuestamente con ayuda de miembros de la Policía, y pudo conocer datos como sus llamadas y toda su hoja de vida.
El punto de quiebre
Durante los meses anteriores a su captura, Petro Burgos clamó para que se respetara su presunción de inocencia, pero recusó al fiscal Francisco Barbosa porque, dijo, las confrontaciones políticas con su padre no le daban las garantías suficientes. La Corte Suprema de Justicia negó esa petición y, al confirmar que la administración del hoy fiscal podría seguir investigando, el expediente empezó a moverse. Sin embargo, hasta el 1° de agosto, el hijo del presidente siempre dijo que nada tenía que ver con el caso. Incluso, ese martes, cuando el juez del caso le preguntó si aceptaba los cargos, continuó con su discurso y se negó a aceptar responsabilidad. “No, su señoría”, respondió.
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Así, el juez decretó pausa para almorzar y, contra todo pronóstico, el caso se convirtió en una tormenta política y judicial. Cuando parecía que Petro se iba por el camino del juicio, y que esperaría a que otros jueces decidieran su futuro en audiencias que bien podrían durar años, decidió colaborar con la justicia. “Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en camino. Muchas gracias, señor juez”, sentenció. Esas dos horas de almuerzo cambiaron el rumbo del expediente y, posiblemente, de la política del país. El imputado pasó de sostener su inocencia, a aceptar que toda la teoría del caso es cierta y que, para obtener beneficios, soltará cuanto sabe de ello y de la corrupción que lo rodeó. Sin importar si eso implica revelar verdades de la campaña de su padre a la Presidencia de la República.
Petro pidió frenar la audiencia, antes de que el fiscal Burgos solicitara al juez del caso meterlo preso en cárcel. El hijo del presidente imploró por un espacio privado con el fiscal Burgos para explicarle de qué se trataba la colaboración que se traía entre manos. Las audiencias se suspendieron por un día y lo primero que conocieron los colombianos, en la siguiente diligencia, fue una bomba. Nicolás Petro habría revelado que de los cientos de millones que recibió, parte de ellos entraron en la campaña presidencial de su padre. Que esa plata superó los topes electorales permitidos y que nunca fueron reportados ante las autoridades electorales.
Y con esa bomba desatada ante la justicia, el pasado 3 de agosto, el fiscal Burgos se flexibilizó con Nicolás Petro y al juez del caso le solicitó dejarlo en prisión domiciliaria. Eso sí, la Fiscalía ya tenía preparada una extensa exposición de motivos, con la cual soportar que Petro debía perder su derecho a la libertad. En ese momento, la audiencia adquirió una connotación más profunda, porque los hechos descritos de manera general, pasaron a ser episodios pormenorizados de delitos que podrían probarse con audios, mensajes de textos y documentos. El fiscal Burgos fue revelando los pormenores de las conversaciones entre la expareja y otros políticos y empresarios cercanos a Petro Burgos.
Varias de esas pruebas serían evidencia de otras irregularidades, pues los chats entre Petro y Vásquez pondrían al descubierto una feria de cupos en entidades públicas y presuntos hechos de corrupción. Entre los mencionados están el exministro del Interior, Alfonso Prada; el hoy candidato a la Alcaldía de Barranquilla Álex Char, y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Todos rechazaron tajantemente su relación con actos ilegales. Sin embargo, la unidad delegada de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia ya está recopilando información para determinar si hay pruebas para vincularlos a una investigación penal.
El acto final de Burgos
Al tiempo que Burgos seguía hablando el pasado 3 de agosto, en una audiencia que duró casi nueve horas, el presidente Gustavo Petro entregó declaraciones desde Sincelejo. “(Nicolás) tiene una especie de instinto, de deseo subliminal. Y es que, obviamente, si eso fuese cierto (que el presidente sabía del ingreso irregular de dineros a su campaña), este presidente se tendría que ir el día de hoy. Mis hijos o hijas han sido libres, se equivocarán como todo ser humano y andarán caminos diferentes a los míos”, explicó. De nuevo, el presidente se desmarcó de su hijo mayor, tal como ocurrió en marzo pasado cuando, envueltos en otro escándalo por supuestos cupos para narcos en la paz total, el jefe de Estado le dijo a la revista Cambio: “Yo no lo crie”.
En Sincelejo, en medio de gritos de la plaza pública, el presidente Petro agregó: “Uno no puede arrodillarse ante el verdugo y la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad. Si sale bien, a la postre sale bien. Si no tienen nada que temer, la verdad y la dignidad son el mejor instrumento de la defensa judicial”. Y continuó: “Aquí van a acuñar los errores para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia”. Al día siguiente, en un tono más sereno, el primer mandatario publicó un comunicado de prensa. “Recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa”.
Enseguida, el presidente Petro aseguró que los jueces definirán lo que corresponda y reiteró que “nadie puede estar por encima de la ley y la justicia debe aplicarse de manera imparcial”. En ese mismo documento agregó que ya había delegado a su abogado, el penalista Mauricio Pava, para la defensa de los procesos que avanzan en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la única instancia que puede investigar al presidente. Minutos después de publicar el comunicado, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se pronunció sobre el escándalo. A través de su cuenta de Twitter dijo que “este es un proyecto de cambio y no nos van a doblegar”.
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Márquez aseguró que confía en Gustavo Petro y que son testigos de la “firmeza, rectitud e incorruptibilidad del presidente”. En contraste, y como era de esperarse, miembros de la oposición y críticos del Gobierno salieron a exigir explicaciones e, incluso, a pedir la renuncia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña presidencial que hoy está bajo la lupa de todo el país. Aunque poco se ha conocido de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la posible financiación ilegal de la campaña, este diario supo que en los próximos días la Fiscalía le enviará a esa instancia el interrogatorio de Nicolás Petro para que sea tenida en cuenta dentro de sus pesquisas.
El relato del hijo mayor del presidente Petro también será motivo de otras investigaciones. Por ejemplo, dos que tienen al borde del asiento al país. La primera: el origen de los dineros que recibió Nicolás Petro Burgos y que pudieron llegar a la campaña presidencial de su padre. Un dato que no es menor en una sociedad a la que todavía la persigue el fantasma del llamado proceso 8.000 y de las acusaciones sobre la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Y la segunda: si Gustavo Petro sabía de las movidas de su hijo con el dinero que recibió de un exnarco y dos empresarios, uno con antecedentes no probados con el paramilitarismo y el otro con alto poder en Cúcuta.
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