La semana pasada, la Fiscalía le pidió a un juez que permita imputarle cargos, como personas ausentes, a Amilton Hideaki y Ricardo Cabral, dos exdirectivos de la corrupta constructora Odebrecht. El ente investigador dice que estas dos antiguas caras de la multinacional en Colombia, que hoy viven en Brasil, habrían desplegado acciones ilegales para que la compañía se quedara con la construcción de la Ruta del Sol 2, en 2009. Esa solicitud de la Fiscalía se da luego de que, entre junio de 2023 y marzo de 2024, cuando se intentó imputarlos, los exdirectivos argumentaran problemas de conexión de Internet desde Brasil. Sin embargo, la petición de la Fiscalía fue denegada el pasado viernes, y esta tendrá que coordinar una nueva audiencia para imputarlos.
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“Siempre que hay audiencia el Internet falla. Entonces habrá que esperar que desde Brasil consigan un mejor plan de datos”, señaló durante la audiencia y visiblemente molesto el fiscal del caso Víctor Salcedo. Además de este proceso, Hideaki y Cabral —junto a otras 9 cabezas de la multinacional— tienen pendiente otro investigación por sus supuestas acciones corruptas a la hora de mover sobornos en Colombia. Desde agosto de 2023, en medio de una rueda de prensa, el entonces fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera anunciaron que les imputaría los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Sin embargo, casi nueve meses después, los procesos no se han movido en los estrados.
En respuesta a un derecho de petición radicado por El Espectador, la Fiscalía señaló que aún se está recopilando “material probatorio que suplirán testimonios, así como gestiones con autoridades extranjeras y que están pendientes por obtener”. Ante esta respuesta, la pregunta que queda en el aire es, ¿por qué la Fiscalía de Francisco Barbosa anunció la imputación de cargos si todavía estaba recolectando pruebas contra los exdirectivos de Odebrecht? Fuentes cercanas al proceso le indicaron a este diario que ese anuncio obedeció a un contexto en el que Estados Unidos multó al Grupo Aval —quien fue socio de Odebrecht en la Ruta del Sol 2— por los sobornos en esta obra.
“Se querían mostrar resultados de Fiscalía en este escenario, además, desde el Gobierno (de Gustavo Petro) crecían las voces sobre que el caso Odebrecht no se había movido durante la administración Barbosa”, dice un funcionario de la Fiscalía que ha estado investigando este escándalo durante los últimos años y pide reservar su nombre. Lo que se sabe hasta ahora de esta imputación pendiente es que los brasileros (Eder Paolo Ferracutti, Luiz Mameri, Eleuberto Martorelli, Luiz Bueno, Ricardo Paredes, Yezid Arocha, Amilton Hideaki, Luiz Filho, Marcio Marangonni, Manuel Cabral y Luiz Texeira) movieron los sobornos que llegaron a Colombia a través de dos empresas: Klienfield Services e Intercorp Logistics.
Estas dos compañías también aparecieron en los expedientes de las autoridades de Latinoamérica que investigaron el caso Odebrecht. Por ejemplo, la Fiscalía ecuatoriana determinó que a través de Klienfield se movió un soborno de US$1 de dólares a un ministro de Rafael Correa. Incluso, un directivo brasilero que declaró ante el ente investigador del vecino país indicó que esta firma, constituida en Antigua y Barbuda (considerada un paraíso fiscal) también movió coimas en Perú y Panamá. Una investigación de IDL Reporteros señaló que Intercorp Logistic, también constituida en Antigua y Barbuda, movió 500.000 dólares para sobornar a funcionarios corruptos de Petrobras, la petrolera estatal brasilera.
La antigua ficha de Samuel Moreno
Otra de las imputaciones anunciadas por la Fiscalía de Barbosa hace casi nueve meses y que tampoco vieron la luz es la de Luis Bernardo Villegas, el exsecretario de Movilidad de la alcaldía de Samuel Moreno. De acuerdo con lo anunciado en agosto de 2023, el ente investigador le imputará los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por el presunto lobby que hizo para que funcionarios del Ministerio de Transporte le adjudicaran en 2009 a Odebrecht la Ruta del Sol 2. Al parecer, Villegas recibió $9.542 millones a través de empresas en las que figuran como representantes legales su esposa Carolina de Nubila y su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre.
Fuentes cercanas al expediente judicial y un documento de la Pricewater House Cooper señalan que entre las empresas involucradas estarían Villarán S.A, Gespin, Decimpro e Inversiones Profesionales S en C. Esta última, representada por la esposa de Villegas, habría recibido, entre 2013 y 2015, $1.300 millones de pesos por parte de la concesionaria de la Ruta del Sol 2, controlada por Odebrecht. Un asunto que fue alertado en 2014 por el fallecido Jorge Enrique Pizano, quien realizaba controles financieros de la trascendental obra. Además, El Espectador que la Fiscalía indaga en un dato: que la familia Villegas, en 2015, donó $63 millones de pesos a la campaña del Centro Democrático al Concejo de Bogotá.
Dos fuentes del ente investigador le indicaron a este diario que la imputación contra Villegas fue frenada en dos oportunidades por el antiguo coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes. Sin embargo, desde el ente investigador negaron tajantemente esa versión y señalaron “que él estuvo apoyando a la fiscal asignada para que el caso salga adelante”. El Espectador también se intentó contactar con Luis Bernardo Villegas y su familia para conocer su versión de los hechos, pero hasta ahora no respondieron a los mensajes. Así las cosas, la Fiscalía sigue sin tener claro cuándo avanzarán estos procesos de los que ya se tenían indicios desde 2017 cuando estalló el escándalo en Colombia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
