Caso Odebrecht llega al Congreso

Desde que se señaló en diciembre del año pasado que Odebrecht había pagado US$11 millones en sobornos para obtener contratos en Colombia, tal como quedó plasmado en el acuerdo que firmó ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, los investigadores de la Fiscalía vivían con la duda de que esa cifra fuera definitiva. Las revelaciones que el fiscal general hizo el martes al final del día muestran que no lo era. Tras siete meses de pesquisas, la Fiscalía concluyó que Odebrecht pagó —y este monto tampoco es definitivo— $84.000 millones entre 2010 y 2015 para obtener la concesión de la Ruta del Sol 2 y la adición Ocaña-Gamarra, que vendrían a ser, por el cambio de la época, unos US$42 millones. Casi cuatro veces el cálculo inicial.

Las palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez, además, llegaron esta vez directamente al Congreso de la República: “Los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias de las evidencias testimoniales y documentales recaudadas, con destino a la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta de los senadores Bernardo Elías Vidal, Musa Besaile Fayad, Plinio Olano Becerra y Antonio Guerra de la Espriella, como presuntos beneficiarios de estos pagos. Asimismo, dentro de las evidencias se advirtió la presunta comisión de tráfico de influencias de los senadores Bernardo Miguel Elías Vidal y Antonio Guerra de la Espriella, y del representante a la Cámara Ciro Rodríguez”.

(Le podría interesar: "A mí me están satanizando": ‘Ñoño’ Elías sobre investigación por caso Odebrecht)

A Bernardo Elías Vidal, más conocido como el Ñoño Elías, las sospechas lo rondaban desde hacía varios meses. Especialmente después de que El Espectador diera a conocer la declaración que dio en la Fiscalía el 21 de febrero pasado Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Andrade y Elías se reunieron al menos nueve veces entre 2013 y 2016, y la adición Ocaña-Gamarra fue un tema de conversación protagónico. Incluso, una vez, el senador Elías invitó a Andrade a su casa y allí lo esperaba el presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, quien quería hablar sobre nuevos plazos para la Ruta del Sol 2. Andrade aseguró que pidió que Martorelli se retirara.

El nombre de Plinio Olano Becerra también apareció en el panorama Odebrecht desde marzo de este año. Él, que dejó de ser senador en este período y fue elegido en enero pasado director de la Federación Nacional de Departamentos, insistió en su inocencia tras conocer las declaraciones del fiscal Martínez. “Categóricamente quiero reiterar lo afirmado desde el primer momento: nada tengo que ver en gestiones a favor de la mencionada firma; no intervine de manera alguna. Tengo plena confianza en las acciones de la justicia de mi país y reitero mi voluntad absoluta de prestar toda la colaboración (…) Las menciones hechas en ese marco no deberían convertirse en una condena inmediata”.

Olano, sin embargo, fue señalado por el propio Gabriel García Morales, el primer capturado en el país por el escándalo de Odebrecht. El exviceministro de Transporte, como director encargado del Inco (hoy ANI) entregó la licitación de la Ruta del Sol 2 y en enero de este año admitió haber recibido sobornos de Odebrecht para favorecerla. Y sobre Olano, según reveló Noticias Caracol en marzo, dijo que “era parte del equipo de Odebrecht en Colombia, específicamente en el Congreso”, pues supuestamente era parte de una “estrategia de acoso” para asegurarle el negocio a la concesionaria Ruta del Sol, integrada por la empresa brasileña mayoritariamente, Episol (de Corficolombiana) y CSS Constructores.

El congresista Antonio Guerra de la Espriella es hermano de la también senadora María del Rosario Guerra, quien hace unos días propuso hacer del expresidente Álvaro Uribe su fórmula presidencial. Al conocer la posición de la Fiscalía, Guerra señaló: “Ni en el pasado ni en la actualidad he tenido relación con el exsenador Otto Bula. Tal vez nos saludamos un par de veces cuando él fungió como suplente en el Senado del entonces senador Mario Uribe, no hay otra asociación. Me coge fuera de base la noticia. Estoy preparado para que la Corte me llame. Tengo la conciencia tranquila. No conozco a absolutamente nadie de Odebrecht; jamás he ido a la ANI a hablar sobre proyectos de esta firma”.

Por último está el representante conservador por Norte de Santander Ciro Rodríguez, quien pertenece a la comisión de la Cámara que maneja los temas de infraestructura y nació en Ocaña, precisamente uno de los dos municipios que se beneficiaron con la adición del tramo Ocaña-Gamarra para la Ruta del Sol 2. Según Luis Fernando Andrade, aunque no sintió presiones indebidas, sí notó que tanto el Ñoño Elías como Ciro Rodríguez estaban “más interesados de lo normal” en esa adición. Rodríguez negó cualquier suspicacia sobre su interés y señaló que en múltiples espacios públicos ha hablado de “la necesidad y la urgencia que tiene esta vía para el departamento”.

Este listado de nombres deja ver, de nuevo, la “conexión Caribe” que ha tenido el caso Odebrecht. El senador Musa Besaile Fayad, otro de los que podrían ser investigados por la Corte a solicitud de la Fiscalía, es un cacique electoral de la región Caribe, así como lo es el Ñoño Elías. Al parecer, en la Corte Suprema había desde marzo de este año una indagación preliminar contra él, contra Elías y contra Ciro Rodríguez, el último mencionado por el fiscal Martínez. Y tanto Besaile como Elías han sido hombres cercanos a Otto Bula, exsenador liberal —en reemplazo de Mario Uribe— que aceptó monetizar al menos US$1 millón de Odebrecht para pagar sobornos en territorio nacional.

Otto Bula, el segundo capturado por este escándalo mayúsculo de corrupción, declaró en la Fiscalía que su misión era entregarle US$1 millón a Roberto Prieto en 2014, cuando fungía como gerente de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, y que envió el dinero a través de un amigo muy cercano a Prieto llamado Andrés Giraldo. Éste aceptó en interrogatorio haberse reunido con Otto Bula, pero negó haber recibido dinero de su parte. Prieto, que también rechazó haber recibido esos dineros, ya ha rendido interrogatorio en la Fiscalía y todavía no está siendo investigado formalmente. Giraldo tampoco.

Otro enlace de Otto Bula que cada vez se enreda más en relación con el expediente Odebrecht es Juan Sebastián Correa, quien hasta hace unos meses trabajó como enlace de Luis Fernando Andrade, director de la ANI, en el Congreso. Correa fue quien cuadró la reunión entre Andrés Giraldo y Otto Bula, y en dos ocasiones la Fiscalía ha tratado de imputarle cargos, sin éxito. Según el fiscal Martínez, pronto habrá una audiencia con ese fin, pues “la Fiscalía ha recibido testimonio en relación con el Sr. Juan Sebastián Correa Echeverri, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura para la época de los hechos, quien presuntamente habría recibido la suma de $100 millones”.

(Le podría interesar: Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra: presidente de la ANI)

El fiscal Martínez agregó que “también existe prueba documental que lo vincularía a la solicitud de un préstamo de favor por la suma de $300 millones adicionales a quienes participaron en esta operación de pagos irregulares. En consecuencia, la Fiscalía le imputará adicionalmente el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público”. El otro cargo es cohecho (soborno). De paso, el fiscal aseguró: “La Fiscalía ha estado indagando exhaustivamente y no hay evidencia de pagos a ningún funcionario del actual Gobierno, con excepción del asesor de la ANI, el señor Juan Sebastián Correa”. Él era, además, la persona de la ANI con quien más tenía contacto Roberto Prieto, aseguró Luis Fernando Andrade.

Desde que se señaló en diciembre del año pasado que Odebrecht había pagado US$11 millones en sobornos para obtener contratos en Colombia, tal como quedó plasmado en el acuerdo que firmó ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, los investigadores de la Fiscalía vivían con la duda de que esa cifra fuera definitiva. Las revelaciones que el fiscal general hizo el martes al final del día muestran que no lo era. Tras siete meses de pesquisas, la Fiscalía concluyó que Odebrecht pagó —y este monto tampoco es definitivo— $84.000 millones entre 2010 y 2015 para obtener la concesión de la Ruta del Sol 2 y la adición Ocaña-Gamarra, que vendrían a ser, por el cambio de la época, unos US$42 millones. Casi cuatro veces el cálculo inicial.

Las palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez, además, llegaron esta vez directamente al Congreso de la República: “Los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias de las evidencias testimoniales y documentales recaudadas, con destino a la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta de los senadores Bernardo Elías Vidal, Musa Besaile Fayad, Plinio Olano Becerra y Antonio Guerra de la Espriella, como presuntos beneficiarios de estos pagos. Asimismo, dentro de las evidencias se advirtió la presunta comisión de tráfico de influencias de los senadores Bernardo Miguel Elías Vidal y Antonio Guerra de la Espriella, y del representante a la Cámara Ciro Rodríguez”.

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A Bernardo Elías Vidal, más conocido como el Ñoño Elías, las sospechas lo rondaban desde hacía varios meses. Especialmente después de que El Espectador diera a conocer la declaración que dio en la Fiscalía el 21 de febrero pasado Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Andrade y Elías se reunieron al menos nueve veces entre 2013 y 2016, y la adición Ocaña-Gamarra fue un tema de conversación protagónico. Incluso, una vez, el senador Elías invitó a Andrade a su casa y allí lo esperaba el presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, quien quería hablar sobre nuevos plazos para la Ruta del Sol 2. Andrade aseguró que pidió que Martorelli se retirara.

El nombre de Plinio Olano Becerra también apareció en el panorama Odebrecht desde marzo de este año. Él, que dejó de ser senador en este período y fue elegido en enero pasado director de la Federación Nacional de Departamentos, insistió en su inocencia tras conocer las declaraciones del fiscal Martínez. “Categóricamente quiero reiterar lo afirmado desde el primer momento: nada tengo que ver en gestiones a favor de la mencionada firma; no intervine de manera alguna. Tengo plena confianza en las acciones de la justicia de mi país y reitero mi voluntad absoluta de prestar toda la colaboración (…) Las menciones hechas en ese marco no deberían convertirse en una condena inmediata”.

Olano, sin embargo, fue señalado por el propio Gabriel García Morales, el primer capturado en el país por el escándalo de Odebrecht. El exviceministro de Transporte, como director encargado del Inco (hoy ANI) entregó la licitación de la Ruta del Sol 2 y en enero de este año admitió haber recibido sobornos de Odebrecht para favorecerla. Y sobre Olano, según reveló Noticias Caracol en marzo, dijo que “era parte del equipo de Odebrecht en Colombia, específicamente en el Congreso”, pues supuestamente era parte de una “estrategia de acoso” para asegurarle el negocio a la concesionaria Ruta del Sol, integrada por la empresa brasileña mayoritariamente, Episol (de Corficolombiana) y CSS Constructores.

El congresista Antonio Guerra de la Espriella es hermano de la también senadora María del Rosario Guerra, quien hace unos días propuso hacer del expresidente Álvaro Uribe su fórmula presidencial. Al conocer la posición de la Fiscalía, Guerra señaló: “Ni en el pasado ni en la actualidad he tenido relación con el exsenador Otto Bula. Tal vez nos saludamos un par de veces cuando él fungió como suplente en el Senado del entonces senador Mario Uribe, no hay otra asociación. Me coge fuera de base la noticia. Estoy preparado para que la Corte me llame. Tengo la conciencia tranquila. No conozco a absolutamente nadie de Odebrecht; jamás he ido a la ANI a hablar sobre proyectos de esta firma”.

Por último está el representante conservador por Norte de Santander Ciro Rodríguez, quien pertenece a la comisión de la Cámara que maneja los temas de infraestructura y nació en Ocaña, precisamente uno de los dos municipios que se beneficiaron con la adición del tramo Ocaña-Gamarra para la Ruta del Sol 2. Según Luis Fernando Andrade, aunque no sintió presiones indebidas, sí notó que tanto el Ñoño Elías como Ciro Rodríguez estaban “más interesados de lo normal” en esa adición. Rodríguez negó cualquier suspicacia sobre su interés y señaló que en múltiples espacios públicos ha hablado de “la necesidad y la urgencia que tiene esta vía para el departamento”.

Este listado de nombres deja ver, de nuevo, la “conexión Caribe” que ha tenido el caso Odebrecht. El senador Musa Besaile Fayad, otro de los que podrían ser investigados por la Corte a solicitud de la Fiscalía, es un cacique electoral de la región Caribe, así como lo es el Ñoño Elías. Al parecer, en la Corte Suprema había desde marzo de este año una indagación preliminar contra él, contra Elías y contra Ciro Rodríguez, el último mencionado por el fiscal Martínez. Y tanto Besaile como Elías han sido hombres cercanos a Otto Bula, exsenador liberal —en reemplazo de Mario Uribe— que aceptó monetizar al menos US$1 millón de Odebrecht para pagar sobornos en territorio nacional.

Otto Bula, el segundo capturado por este escándalo mayúsculo de corrupción, declaró en la Fiscalía que su misión era entregarle US$1 millón a Roberto Prieto en 2014, cuando fungía como gerente de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, y que envió el dinero a través de un amigo muy cercano a Prieto llamado Andrés Giraldo. Éste aceptó en interrogatorio haberse reunido con Otto Bula, pero negó haber recibido dinero de su parte. Prieto, que también rechazó haber recibido esos dineros, ya ha rendido interrogatorio en la Fiscalía y todavía no está siendo investigado formalmente. Giraldo tampoco.

Otro enlace de Otto Bula que cada vez se enreda más en relación con el expediente Odebrecht es Juan Sebastián Correa, quien hasta hace unos meses trabajó como enlace de Luis Fernando Andrade, director de la ANI, en el Congreso. Correa fue quien cuadró la reunión entre Andrés Giraldo y Otto Bula, y en dos ocasiones la Fiscalía ha tratado de imputarle cargos, sin éxito. Según el fiscal Martínez, pronto habrá una audiencia con ese fin, pues “la Fiscalía ha recibido testimonio en relación con el Sr. Juan Sebastián Correa Echeverri, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura para la época de los hechos, quien presuntamente habría recibido la suma de $100 millones”.

(Le podría interesar: Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra: presidente de la ANI)

El fiscal Martínez agregó que “también existe prueba documental que lo vincularía a la solicitud de un préstamo de favor por la suma de $300 millones adicionales a quienes participaron en esta operación de pagos irregulares. En consecuencia, la Fiscalía le imputará adicionalmente el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público”. El otro cargo es cohecho (soborno). De paso, el fiscal aseguró: “La Fiscalía ha estado indagando exhaustivamente y no hay evidencia de pagos a ningún funcionario del actual Gobierno, con excepción del asesor de la ANI, el señor Juan Sebastián Correa”. Él era, además, la persona de la ANI con quien más tenía contacto Roberto Prieto, aseguró Luis Fernando Andrade.