Una nueva movida en el caso del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se registró en la mañana de este lunes 2 de febrero. El Consejo de Estado admitió una demanda con la que se busca la pérdida de investidura o “muerte política” de nueve congresistas (cinco senadores y cuatro representantes a la Cámara), salpicados en el que es, tal vez, el escándalo de corrupción más sonado del gobierno de Gustavo Petro.
La demanda fue interpuesta por el abogado Pablo Bustos, en contra de los senadores Martha Peralta (Pacto Histórico), Berenice Bedoya (Alianza Verde), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal). Y los representantes Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique (curules de paz). Todos, salpicados en el escándalo de corrupción.
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El recurso argumenta que los congresistas habrían incurrido en tráfico de influencias y en violación del régimen de incompatibilidades, al presuntamente haber gestionado coimas, contratos y puestos, a cambio de destrabar iniciativas claves del gobierno Petro en el Congreso. Entre ellas, las operaciones de crédito público que tienen hoy tras las rejas a los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
El abogado Bustos, que representa a algunas de las víctimas del pueblo wayúu de La Guajira en el proceso penal relacionado con el desfalco a la Ungrd, basó su demanda en algunas de las declaraciones que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, le han entregado a la justicia. Fueron ellos quienes, al negociar preacuerdos y principios de oportunidad con la Fiscalía, encendieron el ventilador del caso de corrupción.
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Los excongresistas, algunos de ellos exintegrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, son investigados actualmente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El asunto que está ahora en manos del Consejo de Estado es distinto. La demanda ya había sido inadmitida el pasado 26 de enero y se abrió la puerta a que fuera subsanada. El abogado Bustos cumplió con lo solicitado por el alto tribunal para que, en su segunda revisión, la demanda fuera admitida.
Los congresistas salpicados por el escándalo de corrupción de la Ungrd y cuya investidura está ahora demandada por su presunta participación en el desfalco a la entidad pública, ahora tendrán hasta cinco días para pronunciarse sobre los señalamientos y responderle por escrito al Consejo de Estado sobre los señalamientos hechos en la demanda. Esto, al tiempo que en la Corte Suprema avanza el otro proceso en su contra, aunque con menos agilidad, de forma simultánea.
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