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Luego de que la Fiscalía apuntara a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, de haber amenazado y chantajeado a los investigadores de su caso, quienes le negaron la suscripción de un principio de oportunidad con el que buscaba inmunidad total por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la defensa de la exfuncionaria respondió a los señalamientos.
El abogado Oswaldo Medina, defensor de la exfuncionaria, dijo ante medios de comunicación que tal escenario relatado por la fiscal del caso, María Cristina Patiño, nunca pasó. “No es cierto que Sandra Ortiz, este defensor o algún miembro de mi equipo de trabajo hayan amenazado, presionado, chantajeado y mucho menos constreñido a los dos fiscales delegados para esta investigación, ni a ningún otro miembro del ente acusador”, dijo.
De acuerdo con el defensor, las conversaciones entre su equipo y el ente investigador “se adelantaron dentro del respeto, la cordialidad y apoyo de la Fiscalía, por lo que se recibió con extrañeza que se haya indicado que han sido con amenazas, constreñimientos y chantajes. No existe un memorial, un mensaje de texto, una llamada o palabra que se haya intercambiado con un miembro de la Fiscalía, del cual se pueda haber derivado la conducta reprochada y públicamente expuesta por los delegados de la Fiscalía”.
Para la exfuncionaria, imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, la Fiscalía “(le) ha cerrado las puertas”, y por ello solicitó ser escuchada ante la Corte Suprema de Justicia, en las investigaciones que adelanta el alto tribunal en contra de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. No sería la primera vez que Ortiz asiste a las instalaciones de la Corte, pues ya lo hizo una vez cuando fue requerida, pero decidió guardar silencio.
Para la Fiscalía, en cambio, los aportes a la justicia que realizó la exfuncionaria fueron “confusos y contradictorios”, y, aseguran, no entregó evidencias contundentes de sus señalamientos sobre otros implicados en el entramado corrupto de la Ungrd. “Ella entrega información a cambio de inmunidad total. Frente a la gravedad del delito y la fortaleza de la prueba, no se compadece y, por lo tanto, no habrá principio de oportunidad”, aseguró la fiscal Patiño.
La investigadora, además, señaló que habría sido Ortiz quien les dijo a los funcionarios del ente acusador que, si no se le entregaba inmunidad total, “ella iba a salir a los medios de comunicación a entregar la información” del caso. Ella hace una entonación en ‘do mayor’, pretendiendo constreñir a la Fiscalía para que le dé inmunidad total y utiliza esa información a manera de chantaje y presión (...) No vamos a ceder a ningún chantaje, tenemos los medios para investigar y nuestro macrocaso sigue adelante”, dijo la fiscal.
Todo este asunto gira entorno a los chats revelados por la revista Semana, en los que, al parecer, la exconsejera presidencial —quien se encuentra detenida en la Estación de Carabineros de Bogotá—, gestiona la entrega de un soborno al senador —y su copartidario y a quien ha llamado “amigo”—, Iván Name. Esa coima, de $3.000 millones, habría tenido su origen en dineros de la Ungrd y, según la exfuncionaria, se habría entregado para aceitar la elección de Vladimir Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fernández, exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, fue elegido por el Congreso el 17 de octubre de 2023.
Por el momento, las únicas pruebas conocidas sobre las denuncias de Ortiz acerca de la elección del magistrado, son las conversaciones que ella ha entregado a medios de comunicación. No obstante, denuncias ya han llegado a la Comisión de Acusaciones dela Cámara, para que investigue la elección de Fernández como togado. Esas denuncias también tienen como objetivo que se indague a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por, supuestamente, ocultar información entregada por Ortiz sobre la elección del magistrado.
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