Este lunes 15 de diciembre, ante el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro están salpicados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Bonilla y Velasco fueron imputados ante esa misma instancia, el pasado 1 de diciembre, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la Fiscalía, habrían direccionado contratos en 2023 para beneficiar a congresistas, con el objetivo de amarrar los votos que ayudarían a destrabar los votos para proyectos del gobierno Petro en el Congreso.
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Para la Fiscalía, Bonilla y Velasco hicieron parte de una “organización delincuencial” que desvió contratos y puso en juego los recursos del Estado al comprometer más de COP 612.000 millones con 74 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Según el ente investigador, los exministros “lideraron, promovieron y dirigieron la organización criminal”.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía desarrolló tres hechos criminales en los que los exfuncionarios del gabinete del presidente Petro habrían participado. Movidas, al parecer ilegales, que también salpican a una larga lista de congresistas, entre ellos los que para la fecha de los hechos hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y tendrían interés en hacerse a contratos en departamentos como Arauca y Córdoba.
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Ni Bonilla ni Velasco aceptaron los cargos imputados. María Cristina Patiño, la investigadora que tiene el expediente en sus manos, intervino durante cerca de cuatro horas en la audiencia del 1 de diciembre para pedir medida de aseguramiento domiciliaria para los exfuncionarios. Para la fiscal, con su presunta actuación “se pervirtió la función administrativa y se afectó el patrimonio público”.
Reviva el minuto a minuto de la audiencia:
Defensa de Velasco cuestiona a la Fiscalía
La defensa del exministro Velasco, Rosa Elena Suárez, señaló durante su intervención que la imputación por parte de la Fiscalía “carece los elementos mínimos de tipo penal, ofrecimiento concreto, destinatario determinado, acto funcional y finalidad corrupta”, respecto a delitos como el de cohecho, que es solo uno de los tres por los que está imputado el exfuncionario. Agregó que el ente investigador ha intentado “enquistar” una imputación en su contra, fundada principalmente en las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
El funcionario, quien ha salpicado a varios funcionarios del gobierno Petro y congresistas desde que encendió el ventilador del entramado de corrupción para colaborar con la justicia, ha dicho que fueron los exministros quienes presuntamente fraguaron las movidas del entramado de corrupción. Pero para la abogada Suárez, “hay una falta absoluta en la estructuración del relato” de López, considerado un testigo estrella del caso, y “la teoría de la Fiscalía no resiste un mínimo examen”.
Sobre la medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía, la abogada Suárez pidió que se negara la medida puesto la medida es incompatible en parte porque, para la defensa, Velasco no representa un peligro para la comunidad, no hay riesgo de fuga y tampoco riesgo de obstrucción a la justicia. En esa misma línea, señaló que el ente investigador cae en una contradicción porque niega los riesgos, pero solicita la medida como “instrumento de defensa social” y que, además, “transforma la medida cautelar en juicio de moralidad”.
Defensa de Bonilla niega responsabilidad del exministro
Tras las intervenciones de la Fiscalía y la Procuraduría, el abogado del exministro Bonilla, Mauricio Pava, argumentó que no hay evidencias suficientes para vincular al exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro a la “organización delincuencial”. Para el jurista, la información que está en manos de las autoridades, como los documentos que darían cuenta de la forma en la que se repartían los contratos, no son suficientes para vincular al exfuncionario al entramado de corrupción. “Una tabla de Excel no es suficiente”, dijo el abogado.
De paso, el abogado señaló que no hay coherencia temporal ni “rastro administrativo” que permita comprobar la presunta relación entre Bonilla y la red de corrupción que salpica a la Ungrd y al Invías. Concluyó argumentando que, pese a las prevenciones de la Fiscalía, la disposición de Bonilla durante el proceso y su arraigo en Colombia son suficientes para argumentar que no es necesario que se ordene medida de aseguramiento en contra del exministro.
Ministerio Público pidió cárcel para los exministros
Tras recoger los argumentos de la Fiscalía en su imputación, el delegado de la Procuraduría respaldó la solicitud del ente investigador de que se emita medida de aseguramiento preventiva en su lugar de domicilio en contra de los exministros Velasco y Bonilla. El jurista Mario Enrique Gómez Jiménez aseguró que esa medida es “necesaria y pertinente”, en aras de que el proceso penal en contra de los exfuncionarios del gobierno Petro avance como es debido.
De paso, le dio crédito a los argumentos que la Fiscalía ha esbozado hasta el momento y que darían cuenta de la presunta participación de los exministros en un entramado de corrupción para desviar más de COP 612.000 millones en contratos. Esto, al parecer, con el objetivo de “aceitar” los votos de congresistas a favor de proyectos de Ejecutivo. Pese a respaldar la solicitud, el delegado de la Procuraduría señaló que no hay riesgo de fuga, pues así lo ha evidenciado la participación de los exfuncionarios a todas las diligencias del proceso.
Procuraduría habla sobre la medida de aseguramiento
La diligencia inició con la intervención de Mario Enrique Gómez Jiménez, delegado de la Procuraduría para el caso de la Ungrd. El procurador delegado hizo un recuento de los detalles de la imputación de la Fiscalía, realizada el pasado 1 de diciembre. “La medida debe responder a criterios de necesidad, urgencia e idoneidad”, indicó el jurista. Además, hizo énfasis en el señalamiento del ente investigador sobre “la existencia de una empresa criminal” en la que habrían participado los exministros Velasco y Bonilla.
Otro de los capítulos de la imputación de la Fiscalía que señaló el delegado de la Procuraduría fue el de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) que, según el ente investigador, “rompían el cuórum y aplazaban la aprobación de 17 operaciones de crédito público”. Recogió, además, las declaraciones de uno de los testigos claves y exdirectivos de la Ungrd: “Todo, según Olmedo López, se supeditaba a las instrucciones del ministro del Interior”, indicó.
Inicia la audiencia de medida de aseguramiento
Sobre las 9:18 de la mañana se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La diligencia había sido suspendida en la noche del 1 de diciembre, cuando se formalizó la imputación en contra de los exfuncionarios del gobierno Petro, ante el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá.
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