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La investigación del escándalo por presuntas irregularidades en contratos para llevar agua a La Guajira tuvo otro avance. La Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas, señaladas de participar en un entramado de corrupción que habría direccionado millonarios contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según el ente acusador, los implicados habrían intervenido para favorecer a particulares en procesos contractuales que buscaban garantizar agua potable mediante la compra de 40 carrotanques para atender la crisis de agua en La Guajira, instalación de plantas desalinizadoras, adecuación de pozos y prestación de servicios técnicos en diversas regiones del país.
Entre los acusados también se encuentran el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey; su hija Ana María Riveros Barbosa; y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, contratistas de la UNGRD. Adicionalmente, fueron vinculados el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la Dirección de Función Pública Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
César Manrique y los otros siete señalados serán acusados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación (propio y en favor de terceros), lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la investigación, Manrique Soacha habría gestionado la transferencia de COP 100.000 millones desde un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a cambio de asegurar que los contratos derivados de esos recursos fueran adjudicados a contratistas previamente acordados.
En contexto: Los contratos que enredan a César Manrique, de Función Pública, con el caso Ungrd
Uno de los negocios bajo sospecha es el contrato suscrito en octubre de 2023 entre la Ungrd y la Corporación Mixta Yapurutú por COP 29.000 millones para el suministro de carrotanques destinados a comunidades indígenas de La Guajira. La Fiscalía detectó sobrecostos por COP 11.114 millones, recursos que habrían sido repartidos entre los presuntos articuladores del esquema: COP 3.000 millones para Manrique Soacha, COP 2.060 millones para Riveros Rey y COP 4.330 millones para directivos de Yapurutú.
Desde finales de julio, cuando una jueza de control de garantías ordenó su encarcelamiento por el escándalo de corrupción en la Ungrd, nadie ha vuelto a ver a César Manrique. El exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública ajusta ya cuatro meses prófugo de la justicia.
En contexto: Caso Ungrd: Interpol emitió circular roja contra César Manrique
El pasado 25 de agosto, la Fiscalía confirmó que Interpol emitió circular roja para lograr su captura internacional. La solicitud había sido elevada cinco días antes por la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia a la Secretaría General en Lyon (Francia), con el fin de activar la búsqueda fuera del país.
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