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La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, dejó en firme la medida privativa de la libertad impuesta a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú y negó el recurso de hábeas corpus presentado por su defensa.
La congresista buscaba recuperar su libertad luego de que la togada ordenara su captura en la noche del pasado 18 de junio, en medio de una diligencia de indagatoria relacionada con su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), uno de los casos más relevantes del Gobierno Petro que actualmente adelanta la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Peralta acudió al mecanismo constitucional del hábeas corpus al considerar que la privación de la libertad era improcedente. Sin embargo, la magistrada Lombana decidió mantener vigente la medida mientras avanzan las actuaciones judiciales.
En contexto: Martha Peralta busca su libertad ante juez después de que Corte Suprema ordenara su captura
La orden de captura fue emitida durante la diligencia de indagatoria realizada el 18 de junio y, según la decisión de la magistrada Lombana, la medida se mantendrá hasta que termine ese procedimiento: “Culminada la diligencia, la medida podría cesar, lo que confirma que no se trata de una detención preventiva ni de una restricción indefinida, sino de un acto instrumental al servicio de la diligencia”.
La senadora del Pacto Histórico deberá cumplir la medida de aseguramiento en su casa, luego de una petición del representante del Ministerio Público. “El único interviniente que presentó escrito frente a la decisión de privación de la libertad fue el Agente del Ministerio Público, quien —pese a tratarse de una providencia no susceptible de recursos— solicitó únicamente la reconsideración del lugar en que habría de cumplirse la medida, petición que el despacho atendió disponiendo la residencia de la investigada”, señaló el documento.
Peralta llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la mañana de este viernes 19 de junio, escoltada por uniformados de la Policía que la trasladaron hasta las instalaciones para continuar con la diligencia de indagatoria. La congresista señaló que la medida de aseguramiento impuesta en su contra era “excesiva”.
Dentro del caso de la Ungrd, Peralta es señalada, de manera preliminar, de haber participado en el presunto direccionamiento de contratos relacionados con maquinaria amarilla para el departamento de La Guajira. El alto tribunal adelanta las pesquisas, entre otros aspectos, por el interés que habría tenido la congresista en una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023, por un valor de COP 2.170 millones, destinada a la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para obras de recuperación en Riohacha (La Guajira).
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Asimismo, ha sido señalada como presunta “articuladora” de un entramado al interior del Congreso para obtener apoyos a proyectos del Gobierno. Su nombre ha aparecido en otros procesos, como el que se adelanta contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. En la audiencia de imputación contra los altos exfuncionarios del Ejecutivo, la fiscal María Cristina Patiño la mencionó como una de las presuntas “articuladoras” del esquema para asegurar respaldos legislativos a iniciativas gubernamentales.
De acuerdo con la investigación del búnker de la Fiscalía, Peralta habría liderado una estrategia para alinear votos de congresistas de la Comisión Séptima del Senado, a cambio de la presunta gestión de proyectos a través de la Ungrd para sus regiones. Incluso, se ha indicado que en junio de 2023 el entonces director de la entidad, Olmedo López, habría acordado con la congresista tramitar iniciativas en favor de varios parlamentarios de esa célula legislativa.
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