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La senador del Pacto Histórico Martha Peralta fue dejada en libertad después de haber sido capturada desde el pasado jueves 18 de junio en medio de la indagatoria que rendía ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Cristina Lombana, quien lidera las pesquisas contra la congresista por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dio la orden que se mantuvo vigente todo el fin de semana en el que se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
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Peralta fue citada a la Corte para el pasado 18 de junio y ese mismo día, cuando ya había llegado a la sede del alto tribunal, la magistrada Lombana dio la orden de que fuera conducida por agentes de la Policía a la diligencia. La orden, que no tuvo efectos reales, fue cuestionada por la política que señaló ser víctima de una “persecución política”. Además, ese mismo día en medio de la indagatoria se dictó la orden de captura para que, según la togada, se garantizara que la congresista siguiera compareciendo ante la justicia hasta que concluya la indagatoria.
La orden inicial era que Peralta fuera detenida en su casa y conducida a la Corte para seguir con la indagatoria, pero después se determinó que permaneciera en las instalaciones de la Dijín en Bogotá. Durante el fin de semana, su abogado Henry Montes interpuso un habeas corpus en contra de la orden de captura alegando que la orden de captura fue desproporcionada e ilegítima. Sin embargo, el recurso fue negado por un juzgado de Bogotá que concluyó que la orden fue apegada a la ley.
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La polémica con la detención de Peralta inició cuando antes de que iniciara la indagatoria la magistrada Lombana ordenó que la Policía condujera a la senadora al alto tribunal. Sin embargo, cuando la orden fue emitida, la congresista ya estaba en la sede de la Corte. Cuando llegó al alto tribunal, la senadora del Pacto Histórico dijo que “he acudido al llamado de la Corte, no es la primera vez que vengo, he acudido a todas las citaciones que me ha hecho”. Asimismo, dijo que “yo siempre he dado la cara, he actuado con transparencia. He venido a aclarar los hechos y cualquier duda que tenga la Corte”.
A Peralta se le señala e investiga por, supuestamente, haber participado en el direccionamiento de contratos relacionados con maquinaria amarilla para el departamento de La Guajira. El alto tribunal adelanta pesquisas, dentro de otras cosas, por el el interés que habría tenido la congresista una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por un valor de COP 2.170 millones que se usó para la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas que servirían para obras de recuperación en Riohacha (La Guajira).
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También, ha sido señala como la presunta “articuladora” del entramado al interior del Congreso para conseguir votos a favor de proyectos de Gobierno. El nombre de Peralta ha aparecido en otros procesos, como le que avanza contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. En la audiencia de imputación en contra los exaltos funcionarios del Ejecutivo, la fiscal María Cristina Patiño la mencionó como una de las presuntas “articuladoras” del entramado para asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno.
Según la investigación del búnker, Peralta habría liderado una estrategia para alinear votos de congresistas de la Comisión Séptima del Senado, con la promesa de gestionar proyectos desde la Ungrd para sus regiones. Incluso, se aseguró que en junio de 2023 el entonces director de la entidad, Olmedo López, habría acordado con ella tramitar proyectos para varios parlamentarios de esa célula legislativa. Sin embargo, la congresista dijo antes de entrar a la indagatoria que “aquí lo que se ha hecho es información sobre el trámite de la reforma pensional, porque yo lideré esas reformas sociales”.
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