En la mañana de este jueves 30 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en contra del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
El caso del exministro está relacionado con el millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, él y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habrían intentado comprar al Congreso con coimas y contratos por COP 612.000 millones.
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En diciembre de 2025, los exministros fueron imputados ante el Tribunal Superior de Bogotá por este caso de presunta corrupción. En su momento, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento domiciliaria para los exministros Bonilla y Velasco. Sin embargo, la decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero fue más allá y ordenó enviarlos a la cárcel de forma preventiva.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, fue enviado al Cespo Centro de Estudios Superiores de la Policía, en Bogotá, donde estuvo privado de la libertad hasta el pasado 7 de abril, cuando el mismo Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad por vencimiento de términos. La decisión fue apelada por la Fiscalía y actualmente está siendo revisada.
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Por su parte, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco fue enviado a la Escuela de Carabineros de Cali (Valle del Cauca), donde permanece hasta la fecha. La defensa de los dos exfuncionarios, liderada por los abogados Alejandro Carranza y Rosa Elena Suárez Díaz, apeló la medida de aseguramiento que fue estudiada por el Tribunal para su última decisión.
La orden se conoce al mismo tiempo que en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanza desde la mañana del 29 de abril la audiencia de acusación en contra de los exfuncionarios del gobierno Petro. La Fiscalía los llama juicio para que respondan porque, al parecer, hicieron parte de una “empresa criminal” que desfalcó a entidades del Estado.
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